Veinte procesados por la matanza de los jesuitas en El Salvador

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó ayer la busca y captura internacional del que en 1989 era ministro de Defensa Nacional salvadoreño y de otros 19 militares del país centroamericano por el asesinato de seis jesuitas y dos mujeres, el 16 de noviembre de ese año, en la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador. Les procesa por ocho asesinatos terroristas y crímenes de lesa humanidad o contra el derecho de gentes, y a cada uno de ellos les pide una fianza de 3,2 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

En un meticuloso y extenso auto, el magistrado comienza explicando la situación política de El Salvador, regido por una dictadura militar desde 1932. El año en que se asesinó al rector de la UCA, el padre Ignacio Ellacuría, junto a otros cuatro jesuitas españoles, un sacerdote salvadoreño y el ama de llaves y su hija, "fue un punto clave de la década de guerra civil" que vivía el país. Acababan de celebrarse elecciones impulsadas por Estados Unidos y Alfredo Cristiani, candidato del partido conservador Arena, fue investido presidente con el 53% de los votos. Un 50% del electorado no votó, como pedía el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).

El juez les imputa ocho asesinatos y crímenes de lesa humanidad

La línea dura de Arena y las fuerzas armadas presionaban para volver a la estrategia de guerra total contra el FMLN utilizada entre 1979 y 1982, periodo durante el que el Batallón Atlacalt se destacó por otros asesinatos y se cometió el del arzobispo Óscar Romero. Para esa estrategia era necesario "destruir cualquier tipo de resistencia posible, incluida la que podían ejercer desde su labor" de mediación "los jesuitas de la UCA".

Gracias a Ellacuría, el partidario de la línea más dura del FMLN había anunciado públicamente su disposición a negociar. Y "ese fue el motivo fundamental de su asesinato", afirma el magistrado, que recuerda que las amenazas contra el jesuita español comenzaron en 1980. Se debían a que el Ejército y los terratenientes salvadoreños consideraban que los seguidores de la teología de la liberación incitaban a los campesinos a participar en "una conspiración comunista internacional".

El magistrado afirma que Ellacuría fue asesinado por su labor de mediador

Entre el 16 y el 18 de octubre de 1989, el Gobierno se reunió con el FMLN. Las condiciones de esta organización entonces guerrillera pasaban por la reestructuración del Ejército y la eliminación de la llamada Tandona, los militares que ejercían de facto hasta el poder político. Y eso esta no podía tolerarlo. Las amenazas contra Ellacuría se recrudecieron y a finales de mes su coche fue pintado con esvásticas.

En medio de un clima en el que acababan de ser asesinados nueve líderes sindicales, Ellacuría, que había ido a España a recoger un premio, volvió a El Salvador, el 13 de noviembre, para reanudar sus esfuerzos con el objetivo de lograr un acuerdo.

Su asesinato se decidió el día 15, pero fue fruto de "discusión, planificación y autorización previas". Días antes se obligó a todas las emisoras de radio salvadoreñas a contactar con Radio Cuscatlán, controlada por el Gobierno. Todo el país pudo oír las amenazas que se vertían contra varios líderes, entre ellos el rector Ellacuría. Los políticos se ocultaron, pero los jesuitas creyeron que la universidad les protegería. El 12, el Ejército registró el campus de la universidad, con la excusa de que al estar contigua al Estado Mayor debía comprobarse su seguridad. Al día siguiente volvió a ser registrada, pese a que desde el anterior "nadie podía entrar ni salir sin pasar por el control militar".

Los militares que hicieron los registros, miembros del batallón Atlacalt, volvieron al campus para cometer los crímenes. Se utilizó el arma característica del FMLN para tratar de culparlo de los crímenes, pese a que los testigos vieron a los militares y que la autoría hasta fue propagada por megafonía desde sus vehículos que tachaban de comunistas a los jesuitas.

El auto insiste en que el juicio que se celebró en El Salvador (ante la amenaza de EEUU de retirar su ayuda) fue una farsa en la que sólo se condenó a dos autores, luego indultados, y hasta se absolvió a asesinos confesos.