Fin de la dispersión y acceso a beneficios penitenciarios. Sobre estos dos pilares se sostendrá la gestión que el Gobierno planea para los reclusos de ETA en un escenario de desaparición definitiva de la violencia. Es la vía Nanclares, en referencia a la cárcel alavesa donde se concentra el grueso de los 25 internos que desde el fracaso del último proceso de paz han abandonado la banda y han asumido por escrito el daño causado a sus víctimas.

El Ejecutivo entiende que la desaparición de ETA o su reconversión en una organización sin el calificativo de militar derribaría las principales barreras que han impedido a la gran mayoría de los presos asumir las exigencias que marca el Código Penal desde 2003 para la concesión de permisos o el acceso al régimen abierto. Entre ellas, la desvinculación definitiva de la organización terrorista y el colectivo de presos de ETA.

El grueso de los 25 reos que han dejado la banda están en la cárcel alavesa

De igual modo dejaría de tener sentido la dispersión. Este instrumento de la lucha antiterrorista persigue evitar la reproducción de la estructura de la banda en el interior de las cárceles. Sin ETA no hay organización que abandonar, ni frente de makos que romper, apuntan las fuentes gubernamentales.

Descartada una amnistía o solución conjunta para el colectivo de presos de ETA, el Gobierno fija en la ley los topes de su política penitenciaria. Son por tanto, el Código Penal y el Reglamento penitenciario los que marcarán el futuro de los presos de ETA, siempre con el acuerdo del juez de Vigilancia Penitenciaria. Todas las asociaciones de víctimas firmaron un manifiesto conjunto en noviembre en el que advertían de que 'una aplicación laxa de la progresión de grados, supondría una forma de impunidad'.

Una decisión del TC contraria a la doctrina Parot' allanaría el camino

Paradójicamente, ha sido la confianza de muchos presos de ETA en la última vía emprendida por Batasuna la que ha estancado la vía Nanclares. La inmensa mayoría de los reclusos está convencida de que el tiempo de la violencia ha acabado, incluidos históricos dirigentes del colectivo que aún cumplen condena fuera del País Vasco, según fuentes penitenciarias. Apoyan, por tanto, la apertura de un nuevo 'proceso sin violencia' que sitúe como prioridad una salida para el colectivo. Esa solución conjunta descartada por el Gobierno les ahorraría la ruptura con su mundo que implica la vía Nanclares.

En la gestión del nuevo escenario que dibujaría el fin definitivo de la violencia, jugará un papel relevante la posición del Tribunal Constitucional sobre la doctrina Parot para los etarras juzgados por el anterior Código Penal. El término alude a la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2006 que fija la redención de condena por días trabajados sobre el cómputo total de penas impuestas y no restándolos del máximo de 30 años en prisión.

En aplicación de la doctrina del Supremo, terroristas como Henri Parot (4.792 años de condena por 86 asesinatos) cumplen los 30 años de cárcel en lugar de los 20 en que se quedaría su condena tras la reducción de la pena. Si el Tribunal Constitucional tumba la doctrina Parot, un total de 180 terroristas juzgados por el Código Penal de 1973 pueden ser excarcelados en los próximos años. Este mismo mes, el Constitucional ha tumbado el recurso de Parot por un defecto de forma, sin entrar a valorar el fondo, y aún tiene que pronunciarse sobre una decena más de alegaciones planteadas por otros presos de ETA.

Desde la reforma de 2003, los terroristas con delitos más graves cumplen íntegra las condenas de 40 años, pero siempre se les puede aplicar el artículo 100. 2 del Reglamento Penitenciario, que les permite salir de la cárcel a trabajar o a formarse y regresar por la noche. Para ello deben cumplir requisitos como la petición de perdón y tener el visto bueno del juez.

Si como cree el Gobierno, ETA enfila ya su recta final, lo hace con cuatro quintas partes de sus miembros entre rejas. Las Fuerzas de Seguridad cifran en apenas dos centenares los miembros de la banda en la clandestinidad, menos de la mitad en Francia y el resto en países latinoamericanos.

En la cárcel, por el contrario, cumplen condena o están a la espera de juicio más de 870 activistas, la mayoría en España (720), seguida de Francia (151) y otros ocho reclusos repartidos por distintos países europeos. Las autoridades del país vecino han venido autorizando el traslado a España para cumplir condena de cuantos presos de ETA lo han requerido, en virtud de un acuerdo bilateral, desde que lo hiciera Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, en 2005.

La estrategia de Interior de premiar con acercamientos al País Vasco las actitudes contrarias a la violencia y castigar con el alejamiento a los inmovilistas actuó como un revulsivo en la dirección de la banda, que comenzó castigando con la expulsión a los que mostraban su disidencia y ha terminado emitiendo comunicados en los que saluda losúltimos pasos dados por la izquierda abertzale.

En la victoria de las tesis contrarias a la violencia entre las bases de Batasuna pesó, a su vez, la complicada situación de los presos.