Las víctimas del 'caso Almería' luchan contra el olvido

En el kilómetro 8,400 de la carretera comarcal de Gérgal (Almería), un lugar de transición entre el Desierto de Tabernas y la Sierra de los Filabres, una placa conmemora a tres víctimas que el 10 de mayo de 1981 aparecieron calcinadas en extrañas circunstancias. Tanto, que 30 años después no hay una versión oficial creíble sobre la muerte de Juan Mañas (24 años), Luis Montero (33) y Luis Cobo (29), que viajaban de Santander a Pechina para asistir a una comunión. El 9 de mayo, la Guardia Civil confunde a los jóvenes con los autores de un atentado de ETA cometido dos días antes en Madrid. El día 10, el ministro del Interior Juan José Rosón (UCD) informa de la aparición de tres etarras abrasados dentro de un coche tras enfrentarse a la Benemérita.

El caso Almería cumple hoy tres décadas marcadas por la amnesia institucional y las pobres esperanzas de las familias por descubrir la verdad. La sentencia de la Audiencia Provincial de Almería, de julio de 1982, condenó a tres de los 11 agentes implicados el teniente coronel Castillo de Quero, el teniente ayudante Manuel Gómez Torres y el guardia Manuel Fernández Llamas a penas de cárcel de 24, 15 y 12 años por homicidio, con los atenuantes de "cumplimiento del deber" y de "obediencia debida". Absolvió a los ocho guardias restantes que integraban el operativo y sembró finalmente de incógnitas el caso.

La Guardia Civil confundió a los tres jóvenes con etarras, los torturó y los asesinó

De todos los desaciertos del juicio, el más flagrante fue denegar la reconstrucción de los hechos. Quedó clara la plena inocencia de los tres jóvenes, pero aquella decisión castró cualquier intento por investigar si Mañas, Cobo y Montero murieron al arder el coche en el que supuestamente huían, como aseguraron los agentes, o si fueron asesinados durante el arresto, como sostiene el abogado de las familias, Darío Fernández, y periodistas de la época. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia en 1984, facilitando el argumento al Ministerio del Interior para no reconocer a los tres fallecidos como víctimas del terrorismo, como ha ocurrido en dos ocasiones. Las familias solicitaron el reconocimiento por primera vez en 2000, durante el Gobierno de José María Aznar. La negativa de Interior motivó un recurso ante la Audiencia Nacional, que fue desestimado amparándose también en el fallo judicial, según el cual se trataba de delitos individuales no incardinables, por tanto, en ningún grupo organizado, como exige la Ley de Víctimas del Terrorismo.

El responsable del departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Almería, Pedro Martínez Ruano, afirma que la norma es contradictoria en sí misma: "Deja fuera a las víctimas del terrorismo de Estado, como es este caso, ya que un grupo terrorista organizado siempre estará desligado de este, y si está vinculado al Gobierno deja de ser un grupo, es el Estado en su totalidad". Ruano cree que Interior debería ser más flexible en la interpretación de la ley (el reconocimiento implica distinciones e indemnizaciones) y atenerse más "al espíritu de la misma". Seis años más tarde hubo un segundo intento, ya con un Gobierno socialista. La respuesta del Ministerio fue la misma. "Decidimos entonces no recurrir más, viendo que la Justicia nunca se refería a los hechos sino a un veredicto con el que jamás hemos estado de acuerdo", lamenta Francisco Javier Mañas, el hermano de Juan.

Francisco Javier tenía 8 años cuan-do sobrevino la desgracia. El 10 de mayo de 1981 celebraba su comunión, a la que habrían asistido su hermano, trabajador de FEVE en Santander, y sus amigos, ambos cántabros. Interior contestó la semana pasada a este diario que, de existir una nueva solicitud por parte de las familias, la respuesta sería idéntica a las dos precedentes: no ha lugar a la revisión del caso.

El Gobierno niega la condición de víctimas del terrorismo esgrimiendo la sentencia

Hasta la fecha, algunas investigaciones han arrojado algo de luz sobre los acontecimientos. La más incisiva corrió a cargo de Antonio Ramos Espejo, profesor de la Universidad de Sevilla. Para escribir su libro, El caso Almería: mil kilómetros al sur publicado en abril de 1982, meses antes de la sentencia recorrió España de Santander a Almería, como hicieron los tres fallecidos. El libro, que inspiró en 1984 la excelente película de Pedro Costa, El caso Almería, se reedita ahora. Ramos Espejo cree que el juicio cerró la posibilidad de saber la verdad y defiende que los muertos sean reconocidos como víctimas del terrorismo.

El autor mantiene su tesis: uno de los tres jóvenes muere o resulta gravemente herido durante los interrogatorios con torturas. Eso desencadena la matanza. "Es entonces cuando se inventan la historia de los cuerpos calcinados", indica. Según la versión oficial, los detenidos eran conducidos por la Guardia Civil a Madrid en una caravana de cuatro coches de paisano, ellos en el segundo, esposados en el asiento trasero. Cuando los jóvenes intentan fugarse, el conductor y el copiloto saltan del vehículo, los demás policías abren fuego y el coche sin control cae por un terraplén. El vehículo se incendia y mueren abrasados.

Varios agentes reconocieron que la versión oficial había sido fabricada

Pedro Manuel de la Cruz, actual director del diario La Voz de Almería, cubría el caso para El País con apenas 20 años. Se acercó al lugar donde apareció el coche calcinado. "Según el comunicado oficial, el coche zigzagueó al recibir los disparos, se cayó por el terraplén y se incendió. Cuando yo llegué, el Ford Fiesta estaba sobre las cuatro ruedas, justo al lado de la carretera, como si lo hubieran aparcado", rememora. De la Cruz dio con un teniente de la Guardia Civil ajeno al homicidio que ofreció una versión muy alejada de la oficial. "Según me contó mi fuente, al teniente Castillo se le fue la mano y Mañas murió durante el interrogatorio", afirma el periodista. "Tiraron por la calle de en medio, mataron a los otros dos jóvenes y los quemaron para no dejar pistas". De la Cruz incide en otro punto inverosímil, como que en medio de la balacera casi todos los proyectiles fueran a parar al corazón y otras zonas vitales.

En 1984, la familia Mañas recibió una carta anónima redactada a máquina por un supuesto guardia civil implicado. En ella acusaba a cuatro agentes, entre ellos al teniente coronel Castillo de Quero. "Al principio les dieron una paliza (...) perdiendo uno de ellos el conocimiento (...) los mataron de un tiro por separado...". El texto abunda en detalles, como la quema del Ford Fiesta con "una lata de gasolina" con los tres dentro. "Desde entonces, hemos rogado a alguno de los 11 que cuente la verdad. Pero no hay forma", declara Francisco Javier Mañas.

El abogado de las familias, Darío Fernández, está retirado desde hace años. "Como el juicio apenas resolvió nada y los crímenes han prescrito, el caso ha quedado a merced de la investigación histórica", cuenta en su casa de la capital almeriense. "Hubo que hacer siete autopsias, porque los primeros informes estaban manipulados para inculpar a los jóvenes como etarras", evoca. Sobre el juicio planearon un sinfín de contradicciones: pistolas cuya propiedad se atribuyó falsamente a los fallecidos; el testimonio de unos pescadores que vieron la lata de gasolina; la desaparición de pruebas en Casas Fuertes, una fortaleza abandonada a donde la familia cree que se condujo a los detenidos para torturarlos; o el hallazgo de unos brazos y unas piernas, quizá las que les faltaban a las víctimas. En 2002, el teniente coronel Victoriano Guillén, destinado en Almería en el momento de los hechos, pero alejado de la tragedia, declaró a Antena 3: "Despedazaron a aquellas criaturas para meterlos dentro del coche, se lo llevaron, le metieron fuego y se pusieron a pegar tiros". Guillén falleció en 2003.

El letrado de la familia recibió anónimos amenazantes y unos encapuchados trataron de hacer explotar su coche. Todo ello motivó que se recluyese en la casa-cueva de un amigo. "Nunca tuve miedo. El caso Almería también fue un caso de amor hacia las víctimas y sus familias", recuerda el letrado.