El PP compra el discurso racista de Vox sobre migración para gobernar Extremadura

El acuerdo entre PP y Vox para un gobierno de coalición de Extremadura ha llegado este jueves y la extrema derecha ha conseguido que los populares asuman la mayoría de sus puntos en materia de migración. El acuerdo entre las dos formaciones, de 23 páginas, asume las líneas maestras del ideario racista de Vox, que salvo las deportaciones masivas, consigue la firma del PP en un documento con medidas posiblemente ilegales contra las personas de origen extranjero.

Desde Vox celebran, tras obtener la vicepresidencia y dos consejerías, que el PP se haya plegado a su discurso de la "prioridad nacional", un conjunto de medidas que anteponen a los españoles antes que a las personas inmigrantes residentes y trabajadoras en España. La expresión aparece hasta cuatro veces en el texto. Además, se anuncian más acuerdos público-privados en la sanidad extremeña, la promoción de rebajas fiscales masivas o se trabajará por evitar el cierre de la central nuclear de Almaraz así como la eliminación de la ecotasa energética. También se torpedeará la expansión de la energía renovable y la instalación de macroparques fotovoltaicos. 

El acuerdo firmado por PP y Vox anuncia claramente "no más menores extranjeros no acompañados (MENAS)". El futuro Gobierno de María Guardiola boicoteará las medidas que apruebe el Ejecutivo nacional y se compromete a rechazar "la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales". Además, prometen no habilitar ningún nuevo centro de acogida durante la legislatura ni se ampliarán plazas en los existentes y darán "prioridad nacional" en el sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social. 

El acuerdo se compromete también a la "supresión total de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal", sin aclarar qué organizaciones se verán afectadas y anuncia la creación de una "Unidad Administrativa de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva". Además, "en el ámbito de sus competencias", que son pocas en este ámbito, se comprometen también a la "prohibición del uso del burka y nicab en espacios públicos". Entre las medidas anunciadas, el PP asume también el diseño de análisis destinados "a la realización de pruebas de determinación de edad" de los menores migrantes no acompañados. El acuerdo recoge además la supresión del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los centros educativos.

Un acuerdo contra la Unión Europea

El acuerdo entre PP y Vox insta también a acabar con "las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde", a pesar de que el Partido Popular forma parte del principal eurogrupo que ahora mismo gobierna en la Unión Europea. Feijóo y Guardiola asumen así los postulados antieuropeístas de Vox. El acuerdo promete incluso la creación de un "fondo de compensación frente a imposiciones de Bruselas" destinado a mitigar "imposiciones normativas". Es decir, que el PP nacional firma medidas para minimizar el impacto de los acuerdos del PP Europeo. El documento se compromete también a contratar a 1.500 sanitarios y a construir 3.500 viviendas públicas antes de que termine la legislatura.

Sobre vivienda, PP y Vox firman que se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social "inspirado en el principio de prioridad nacional". Es decir, los españoles primero. Para acceder a la vivienda habrá una "exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en Extremadura" que constará de mínimo de diez años para compra y cinco años para alquiler.

Las medidas contra la crisis de la vivienda se basan, fundamentalmente, en rebajas fiscales. También se instarán desalojos exprés en casos de okupación y se diseñará una vinculación del acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema.

El acuerdo también ataca a los sindicatos. PP y Vox prometen "la reducción de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública" y "se procederá a la reducción al 50% de todas aquellas subvenciones".