Durante un año, Mónica ocupó una vivienda de protección oficial. Fue desahuciada y lleva desde entonces, junto a sus hijos y su pareja, viviendo en casa de suegros. 5 personas en la misma habitación.A pesar de no tener ingresos y depender de su familia para mantenerse, el Ayuntamiento le pedía 900 euros de multa por haber ocupado la vivienda. Ahora la juez la absuelve. Considera que no tenía dónde ir, que no dañó la casa ni tenía intención de quedarse siempre en ella.  Su abogado aduce que: "No era de un particular, era una vivienda pública, de una empresa dedicada a ayudar a las personas que lo necesitan". Y aunque la hayan echado, Mónica y su familia siguen necesitándolo. Y por eso no cierra la puerta a ocupar otra vez.