La política es actividad que suscita escepticismo e incluso cinismo. Casi nadie cree que los políticos digan jamás la verdad; al contrario, muchos piensan que mienten por lo común en interés propio. Esta mala fama, probablemente inmerecida, tiene una ventaja para los políticos mentirosos, que cuando se descubre su mentira no hay reacción indignada porque eso es justamente lo que muchos esperan de ellos como políticos, que mientan.

Pero mentir está mal, se sea político o astronauta; es un comportamiento moralmente reprobable. Si, además, se miente en el ejercicio de un cargo público, puede ser también jurídicamente reprochable ya que se causa un perjuicio a unos ciudadanos cuyos intereses se dice representar. El descubrimiento de que el déficit real de la Comunidad de Madrid será el doble de lo que sus gobernantes dijeron pone de relieve que estos mintieron. Podría decirse que no se trataba de una mentira sino de un error de cálculo, lo cual hubiera sido creíble de no ser porque, al conocerse hace meses la desviación del déficit, las autoridades del PP se la atribuyeran a un engaño del PSOE. No había tal engaño. El engaño estaba protagonizándolo quien afirmaba estar luchando por la verdad.

Este tipo de falsedades ataca de tal modo el prestigio del gobierno que no solamente lo priva de la confianza que solicita sino hasta del respeto que se le debe. Es imposible tomarse en serio a quien nos ha engañado. Todavía no lo han entendido y siguen soñando conspiraciones exóticas pero la causa de la derrota del PP en 2004 fue el intento de engañar a la opinión acerca de la autoría del atentado del 11-M. Es tal el descrédito de la mentira que en los países de solera democrática el político a quien se pilla en una mentira dimite. No es de recibo que un político haya faltado a la verdad en algo que no solamente va en desdoro injusto de otro partido sino en claro detrimento de los intereses del común.

Alguien, algún Maquiavelo de vía estrecha, puede caer en la tentación de fabricar un casus belli con el fin de distraer la atención de las mentiras sobre el déficit. El más socorrido es el de Gibraltar. No es cosa de ponernos alarmistas pero, en las actuales circunstancias de debilidad estratégica de España en la región, buscarse un conflicto con Gran Bretaña en el estrecho solo puede ocurrírsele a un orate. Basta con recordar al ardoroso vindicador del Peñón que al otro lado de ese estrecho se encuentran Ceuta y Melilla que, como se sabe, están fuera del paraguas de la OTAN.

Gibraltar es el nombre del irredentismo franquista. Tiene gracia que vuelva a serlo y por motivos similares, esto es, distraer la atención pública de algo más grueso. Y que no es solamente la mentira del déficit sino también la de la red 'Gürtel'. El juez reclama 317 contratos de la Comunidad de Madrid con la red de presuntos delincuentes. Los contratos estarán bien o no; eso lo dirá la justicia, pero lo cierto es que existían puesto que, de no existir, el juez no los hubiera pedido. Y, si existían, ¿qué relación tiene con la verdad la contundente declaración de Aguirre de que ella ni su gobierno tenían nada que ver con la 'Gürtel' al extremo de que llegó a jactarse de haber destapado la trama?