No es tiempo aún de entrar al trapo con la financiación autonómica. Arrecia la tormenta política entre territorios y Zapatero sienta a los suyos a la mesa para calmar los ánimos, mientras se reserva su silbato de árbitro. Lo que sí que pulveriza es la pretensión del andaluz Manuel Chaves –ayudada por el ex presidente Felipe González– de retrasar la negociación hasta que
la recesión amaine.

Desde Lima, el presidente afirmó que el acuerdo tardará “meses” en llegar, informa Ana Pardo de Vera. Eso pese a que el Estatut fija el 9 de agosto para llegar a un pacto político sobre el nuevo modelo. Zapatero se mostró terriblemente escueto sobre la estrategia y la actitud de su Ejecutivo. Sí confirmó que para el miércoles ha convocado a los presidentes autonómicos socialistas a cenar en la Moncloa.

Admitió que ahí la financiación y la economía se abordarán pero que sólo será “una primera toma de contacto”, fruto de un compromiso que adquirió con ellos después del 9-M. Las autonomías (singularmente Catalunya, Extremadura y Andalucía) ya han dejado clara su posición. Zapatero intentará calmar el debate y que no tome, entre compañeros de partido, derroteros que dificulten los acuerdos, más cuando es aún una incógnita la posición de los presidentes del convulso PP.

La cena llegará 24 horas después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que sentará a los consejeros de Economía y al vicepresidente Solbes. La financiación no figura en el orden del día pero se acabará tratando. Unos días después, el 28, el Gobierno central y la Generalitat se reunirán en Barcelona en el marco de la Comisión Mixta de Asuntos Financieros para empezar a desbrozar el camino hacia el acuerdo que precisan para el 9 de agosto.

La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, añadió poco a la doctrina oficial. “El Gobierno se ha comprometido a definirlas grandes líneas” y está llamado a “armonizar los intereses de todos”, declaró después de la reunión del Consejo de Ministros, el primero que preside en esta IX Legislatura.

También reconoció las posiciones encontradas de varias comunidades –“demandas y argumentos”, las llamó–, pero confió en que la necesaria reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas se salde con un acuerdo “válido y satisfactorio y sin poner en cuestión ningún Estatuto”, en referencia al celo de Montilla con el catalán.

En un gesto de autoridad, criticó sutilmente el egoísmo que Andalucía o Extremadura ven en Catalunya: la Moncloa tratará de asegurar “compatibilizar todo, el dinamismo de unas autonomías y la solidaridad interterritorial”.