La reforma laboral se aprobará mañana en Consejo de Ministros por decreto, pero se tramitará en el Parlamento como proyecto de ley. Con el recurso a esta doble vía, el Gobierno podrá enviar a los mercados y a sus socios europeos una "señal política inequívoca" de su determinación de hacer reformas y, al mismo tiempo, dispondrá hasta octubre o noviembre para negociar su contenido, que podrá ser enmendado por la oposición. El decreto entrará en vigor de forma inmediata, tras su convalidación por el Congreso el día 22, pero la ley derogará aquellos aspectos que entren en contradicción, de modo que el decreto será provisional.

La tramitación como proyecto de ley, que empezó a sopesarse el viernes, se fundamenta en razones de "seguridad jurídica", ya que la reforma afectará al menos a tres leyes: de empleo, de seguridad social y del estatuto de los trabajadores. Además, se ha tenido en cuenta que el PSOE recurrió en 2002 el decretazo de Aznar ante el Constitucional.

Una reforma "centrada"

Junto a estos motivos jurídico-formales, fuentes socialistas reconocen que, además, así se podrá "parar el reloj de la negociación", como ha pedido CiU, cuyos votos vuelven a perfilarse decisivos, no sólo en términos matemáticos sino también porque condicionan la postura de ERC, que ha pasado de una acogida favorable a poner distancias. Para noviembre deberían haberse celebrado ya las elecciones en Catalunya y la negociación podría, incluso, simultanearse con la de los Presupuestos.

El Gobierno no tenía ayer claro con qué apoyos podrá contar y tampoco cuál será la actitud final del PP. La portavoz del PSOE, Leire Pajín, emplazó a Mariano Rajoy a demostrar con hechos su disposición a ayudar mientras que Felipe González destacaba que no ha oído al líder de la oposición "nada que sea consistente para enfrentar la crisis".

José Luis Rodríguez Zapatero defendió ayer el contenido de la reforma laboral ante la ejecutiva del PSOE, que la ha acogido con mucho menos inquietud que el ajuste del gasto público. Argumentó que está "centrada" y que así lo vienen a demostrar las críticas que ha recibido tanto de la patronal como de los sindicatos.

Sin medias tintas

Su planteamiento, según trasladó Leire Pajín, fue que se trata de una decisión "difícil, pero necesaria", y que, llegados a este momento de la crisis, "no hay espacio para medias tintas ni parches", sino que es precisa una reforma "de calado".

Octavio Granado, secretario de Economía del PSOE, justificó que una empresa que acumule pérdidas durante seis meses pueda despedir más barato con el argumento de que no puede ser más fácil cerrar una empresa que descolgarse de un convenio colectivo; es decir, con el argumento de dar alternativas al cierre.

Por otra parte, Felipe González, embarcado desde el jueves pasado en su particular road show, comentó en la cadena Ser que a José Luis Rodríguez Zapatero "le ha golpeado la realidad de la crisis" y "el peso se le nota físicamente", pero destacó su "actitud" de enfrentar los problemas sin temer las consecuencias electorales.

Las medidas que contempla el decreto

Entran en vigor nada más ser aprobado

1. Medidas contrala temporalidad

La prohibición de encadenar contratos temporales de obra y servicio entrará en vigor en cuanto se apruebe el decreto. También se impide encadenar más de 24 meses en una misma empresa o grupo de empresas aunque sea en distintos puestos de trabajo.

2. Facilidad para el despido

Las medidas para facilitar el despido objetivo también entrarán en vigor. El preaviso al trabajador se reduce a 15 días .

3. Flexibilidad interna

Se impone un arbitraje externo obligatorio cuando haya discrepancias en la organización del trabajo o en el descuelgue de las cláusulas salariales. 

Previstas a partir de 2012 

1. Una mayor protección para los temporales

El decreto prevé subir la indemnización por despido en los contratos temporales desde los 8 días actuales hasta 12, pero se hará progresivamente. Los que se firmen en 2012 tendrán 10 días, y para 2014 ya serán efectivos los 12 días.

2. El modelo austriaco

El sistema de cuentas individuales, en las que cada trabajador acumula parte de su indemnización por despido, se pospone a 2012. Mientras, se articula que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) subvencione hasta ocho días por año trabajado en los casos de despido objetivo. El tiempo que se utilizará este fondo no está acotado en el proyecto.