Aún no se sabe quién será el ministro de Justicia en la nueva legislatura, pero el que sea tendrá sobre la mesa un voluminoso y ambicioso informe para llevar a cabo una reforma en profundidad de la Administración de Justicia que podría incluir un cambio radical del modelo de Consejo General del Poder Judicial y del proceso penal.

Al final de la pasada legislatura, José Luis Rodríguez Zapatero pidió opinión, entre otros, a la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega; al ministro de Defensa, José Antonio Alonso y al titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y de ahí salió una detallada propuesta que está ahora en la agenda de prioridades del nuevo Gobierno.

Más poder al fiscal

Si se llevara a cabo en todos sus términos, supondría la mayor reforma de la Justicia desde la aprobación de la Constitución, porque cambiaría el modelo del Consejo General del Poder Judicial, descentralizaría la Justicia y modificaría el proceso penal, para otorgar más competencias al fiscal en perjuicio del juez de instrucción.

Sólo una parte de esa propuestas está contenida en el programa con que el PSOE compareció a las últimas elecciones generales. Ese programa asegura genéricamente: “Acabaremos con el bloqueo y el intento de manipulación del Poder Judicial. Por ello, desde el PSOE emprenderemos las reformas necesarias para garantizar que el Consejo General del Poder Judicial desempeñe el papel y las competencias que le corresponden constitucionalmente”.

Resume esas funciones como “gobernar el Poder Judicial para asegurar una respuesta eficiente e independiente a las demandas ciudadanas de Justicia, evitando que se produzcan situaciones de bloqueo institucional como la que hemos vivido en esta legislatura, y modificando el estatuto de los vocales para garantizar el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente tienen atribuidas”.

La propuesta de reforma parte de la idea de que la acción de la Justicia es la que marca, finalmente, la agenda política. En la pasada legislatura, el Gobierno no logró más que iniciar una parte de esos cambios, pero tuvo que retirarlos finalmente del Parlamento al final del mandato por falta de mayoría suficiente para sacarlos adelante.

La decisión es la de intentarlo ahora desde el principio de la legislatura, tras haber constatado la dificultad de hacerlo en el último tramo.
Tampoco se cumplieron la pasada legislatura previsiones del programa de 2004 como la que garantizaba que el tiempo máximo para la resolución de un proceso judicial sería de dos años.

Acuerdo entre estatutos

Parte de esas reformas es consecuencia de la necesidad de desarrollar los estatutos de autonomía aprobados en la anterior legislatura, especialmente, el de Catalunya y Valencia, que crean los Consejos del Poder Judicial autonómicos y dan más relevancia a los Tribunales Superiores de Justicia.

Los dos textos tienen, no obstante, diferencias y el Gobierno deberá buscar un acuerdo entre los dos. Por ejemplo, el de Catalunya concede muchas más competencias a los consejos autonómicos.

El resultado final dependerá de la capacidad del futuro Gobierno y el Grupo Parlamentario para negociar y cerrar acuerdos con el resto de partidos. La renovación del Consejo precisa acuerdo con el PP, pero la modificación de las otras normas sólo necesita mayoría absoluta del Congreso y del Senado.

El futuro Gobierno deberá decidir también sobre la continuidad del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, sobre el que han recaído furibundas críticas del PP.