Se dice que en su primera legislatura los presidentes del Gobierno viven preocupados de lo que dicen de ellos cada día los periódicos y en el segundo mandato viven pendientes de lo que dirán de él los libros de historia.

Quizás por eso José Luis Rodríguez Zapatero se ha preocupado de decir en todas sus intervenciones públicas desde las elecciones generales que corregirá los errores, una idea idéntica a aquel “he entendido el mensaje” que pronunció Felipe González cuando ganó in extremis en 1993. Algunos en su entorno lo traducen como el final de las aventuras de riesgo, si es posible con el carácter osado de Zapatero.

Ahora, el presidente del Gobierno ha adelantado a sus colaboradores su interés por sacar del debate político de la legislatura el terrorismo.
La decisión es la de mantener la política de firmeza frente a ETA que se puso en marcha en verano, después de las elecciones municipales y autonómicas.

Diálogo imposible

Fuentes del Gobierno dan por hecho que ETA o su entorno intentarán en las próximas semanas hacer un llamamiento al Ejecutivo para retomar los contactos. La respuesta de La Moncloa será la de elevar notablemente el listón, es decir, que ya no es posible abrir ningún proceso de diálogo sin entrega previa de armas.

El hecho de que la organización terrorista pusiera fin al diálogo en 2007 y haya asesinado a cinco personas hace imposible retomar el diálogo, sino es con condiciones tan duras que hasta el PP estaría de acuerdo.

La siguiente diferencia con la anterior legislatura, siempre según estas fuentes, es que para sacar el terrorismo del debate político es necesario que cualquier paso que se dé sea consensuado siempre con el primer partido de la oposición. El Gobierno da por hecho que en esa política de dureza no habrá dificultades para evitar enfrentamientos.

Zapatero tiene previsto reunirse con Mariano Rajoy en cuanto sea investido presidente del Gobierno para ofrecerle esta colaboración, con un cauce permanente de comunicación que facilite ese acuerdo.

Por ejemplo, si no hay cambios, el Gobierno seguirá actuando para que no haya ninguna lista vinculada al entorno de ETA en las elecciones autonómicas vascas que, con toda seguridad, se celebrarán en otoño.

Firmeza ante Ibarretxe

En política territorial, además del desarrollo del Estatuto de Catalunya y la sentencia del Tribunal Constitucional, Zapatero pretende aplicar esa misma firmeza en la gestión de la propuesta de Juan José Ibarretxe para celebrar una consulta popular.

La previsión del Gobierno es que el lehendakari, aunque lo someta al Parlamento vasco en junio, se limite a convocar elecciones anticipadas para otoño.

En las anteriores elecciones autonómicas vascas , los socialistas vascos comparecieron con un programa en el que el asunto principal era una propuesta de nuevo Estatuto vasco. Ahora lo reiterarán y con mayor motivo.

Con ese calendario, el PSOE considera que puede haber dificultades en pactar con el PNV en el Congreso de los Diputados. A falta de que Zapatero concluya su reflexión en Doñana sobre la política de pactos, fuentes de su entorno y del PSOE coinciden en que probablemente se inclinará por lo que los socialistas catalanes llaman “geometría variable”, es decir, un Gobierno en minoría que pacte cada iniciativa con cada partido en cada momento.

La ventaja, según esas fuentes, es que varios de los partidos afectados están en situación de debilidad por sus malos resultados electorales. Es el caso de IU, ERC y PNV.

El riesgo es que Zapatero encuentre en la ronda que hará con los partidos después de semana santa resistencias de alguno de los grupos minoritarios para apoyar su investidura. En 2004 CiU se abstuvo y ahora exige casi exclusividad y un pacto estable.

El PSC no sólo no pone ningún inconveniente a ese acuerdo, sino que lo considera conveniente. El único matiz es que considera que la negociación sobre el futuro modelo de financiación autonómica que, previsiblemente, será el asunto del primer tramo de la legislatura debe abordarse de Gobierno a Gobierno, es decir, entre el vicepresidente Pedro Solbes y la Generalitat de Catalunya. En ese escenario, serán inevitables las tensiones dentro del propio PSOE.

Investido en segunda vuelta

La hipótesis que deberá estudiar el presidente del Gobierno en funciones es la de ser investido en segunda vuelta, si no consigue mayoría absoluta a la primera. Otra variable de esa hoja de ruta del Gobierno tiene que ver con el análisis interno de los resultados por comunidades del 9-M. Más allá de la victoria global y el magnífico resultado en País Vasco y Catalunya hay preocupación respecto al varapalo sufrido por el PSOE en feudos del PP como Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia, entre otros.

El análisis concluye la necesidad de volcar la política del Gobierno hacia esas comunidades, dando por hecho que el PP las utilizará para hacer oposición, y pensando en las autonómicas y municipales de 2011 y las generales del año siguiente. Esta conclusión se traducirá en inversiones y actuaciones en esas comunidades.

Dentro del PSOE, en todas esas comunidades, salvo Madrid, está pendiente la renovación de sus líderes en los congresos de otoño, después del federal del próximo mes de junio.