Ni 24 horas duró el anuncio de la Zarzuela, recogido por los medios de comunicación, de que la familia real se vería reducida próximamente a su núcleo duro: a los reyes, los príncipes de Asturias y sus hijas. En un gesto insólito, la Jefatura del Estado se desmintió a sí misma y lanzó ayer jueves por la mañana un escueto comunicado donde aclaró que la composición de la familia real está fijada por real decreto desde 1981, y por tanto no se puede modificar por la libre decisión del monarca. Así, las infantas Elena y Cristina y sus hijos, así como el marido de esta, Iñaki Urdangarin, vuelven a quedar protegidos bajo el manto de la Corona.

Los hechos se precipitaron este miércoles, tras varias semanas de mutismo de la Zarzuela, mientras engordaba la gravedad de las revelaciones acerca de los negocios presuntamente fraudulentos del yerno del rey, el duque de Palma.

A las 15.22 horas, un teletipo de Europa Press informaba de que la Zarzuela estudiaba “limitar” la familia real a los reyes, los príncipes y sus dos hijas, Leonor y Sofía. El despacho de la agencia fue rebotado de inmediato en las webs de distintos periódicos y confirmado oficialmente por la propia Casa, también a este diario. No hubo, pues, ningún desmentido, mientras el anuncio copaba las portadas de varios rotativos.

La noticia se trasladó de igual forma ayer a la versión en papel de las principales cabeceras. Y siempre con la misma interpretación: que sólo se considerarían miembros de la familia real aquellos que sólo perciben ingresos procedente de los Presupuestos Generales del Estado. La Zarzuela añadió a Público que la reestructuración, ya 'en marcha', culminaría en 2012, y que quizá convendría que las Cortes aprobaran una Ley de la Corona. 

Ahora, Urdangarin sólo podría salir de la familia si se divorciara de la infanta Cristina

La propia Casa del Rey precisaba el miércoles que el proyecto estaba diseñado desde hacía tiempo, con lo que negaba que el plan respondiera a la necesidad de apartar a Urdangarin ante su previsible imputación. Ello supondría que las infantas y sus consortes dejarían de asistir ya progresivamente a actos institucionales en nombre de la Corona y, en consecuencia, de cobrar de las arcas públicas. Tendrían un estatus parecido al de las hermanas del monarca, Pilar y Margarita de Borbón, que son parientes de Juan Carlos I o, técnicamente, 'familia del rey'. Elena y Cristina sí mantendrían sus derechos sucesorios y sus títulos.

El comunicado de ayer, emitido por la Unidad de Relaciones con los Medios de Comunicación, señaló que la composición de la familia real está estipulada por el real decreto 2917/1981, de 27 de noviembre. El texto determina que en el Registro Civil de la familia real “se inscribirán los nacimientos, matrimonios y defunciones, así como cualquier otro hecho o acto inscribible con arreglo a la legislación sobre Registro Civil”, caso de un divorcio, “que afecten al rey de España, su augusta consorte, sus ascendientes de primer grado, sus descendientes y al príncipe heredero”.

Es decir, que pertenecen hoy a la familia real 15 miembros: los reyes, los príncipes de Asturias, las infantas Leonor y Sofía, Elena y sus dos hijos –Felipe Juan Froilán y Victoria Federica– y los duques de Palma y sus cuatro hijos –Juan Valentín, Pablo Nicolás, Miguel e Irene–.

La Zarzuela también puntualizó que “las informaciones y comentarios” que la Casa hizo a varios medios respecto a la disminución progresiva de actividades oficiales de Elena y de los duques de Palma, consecuencia del mayor protagonismo de Felipe y Letizia, “nada tienen que ver con su pertenencia” a la familia real. Por último, la dirección de Comunicación lamentó “profundamente “ en su nota “haber contribuido a que algunos medios” recogieran la noticia “de forma equívoca o errónea”.

Desde la Zarzuela no dejaban ayer de pedir “disculpas” por su “error”. “Quizá nos expresamos mal. No podíamos concebir que se interpretara que las hijas del rey iban a dejar de ser hijas del rey y su nombre iba a desaparecer del Registro de la familia real”, alegaron las fuentes consultadas. Lo cierto es que ningún medio hizo esa lectura, porque el miércoles no se invocó desde la Jefatura del Estado ese decreto de 1981.

La Casa lamenta 'profundamente haber contribuido' al equívoco

El comunicado de ayer tiene un alcance mayor: si la pertenencia a la familia real la fija su inscripción en el Registro de la Corona, apartarse de ella sólo sería posible por defunción o divorcio. Es decir, que la tesis sostenida en los últimos días –y publicada por este diario y por otros medios, caso del monárquico ABC– de que Urdangarin anunciaría próximamente su desvinculación de la Casa no sería factible. El duque podría pedir que su ya pequeña agenda de actos oficiales se redujera a cero, pero en principio no podría desligarse de la Zarzuela y mantener a la Jefatura del Estado al margen de las investigaciones judiciales en torno al Instituto Nóos, que él mismo presidió desde 2003 a 2006.

La confusión de los últimos días coincide con la publicación en ¡Hola!, este miércoles, de unas fotos de la reina con los duques en Washington, gesto de apoyo tácito a su yerno. Y coincide con las crecientes informaciones que indican la existencia de divergencias en el seno de la familia real sobre cómo gestionar la crisis abierta a raíz del caso Urdangarin. La Zarzuela negó ayer todo tipo de “tensiones”.

Qué se inscribe // El real decreto de 1981, aprobado por el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, tasa que deben inscribirse en el Registro de la familia real los hechos o actos civiles que afecten a los reyes, a los padres y descendientes del monarca y al príncipe heredero. El texto desarrolla el decreto ley 17/1975, de 20 de noviembre, sobre el restablecimiento del Registro del estado civil de la familia real, aprobado justo tras el fallecimiento de Franco. 

La salida de Marichalar // Los asientos se inscriben en un libro especial sin secciones que se custodia en la Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia. Las certificaciones, según el artículo 4 del real decreto, sólo se expiden a petición del rey, de los miembros de la familia real “con interés legítimo”, del jefe del Ejecutivo o del presidente del Congreso. Allí se inscribieron, por ejemplo, los nacimientos de Leonor (2005) y Sofía (2007) o el divorcio (2010) de Elena, lo que supuso la salida de Jaime de Marichalar de la familia real.