La Casa Real no ha sido ajena a la crisis de confianza que en los últimos años ha azotado a muchas de las instituciones españolas. De hecho, en algunos momentos de esta crisis se ha situado en el ojo del huracán tanto por su papel dentro del entramado institucional como por la actuación individual de sus integrantes, cuya erosión ante la opinión pública se torna indisociable de la percepción social sobre el organismo al que representan, dada la ausencia de mecanismos que permitan la rendición de cuentas de sus miembros.

Tras hacer un recorrido desde los episodios de polémica relativos a la vida privada del rey Juan Carlos hasta la reciente irrupción de Felipe VI en la vida política del país con su intervención el 3 de octubre sobre Catalunya (pasando por el caso Nóos y por el proceso de abdicación), académicos como Víctor Vázquez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, concluyen que la institución monárquica está “en uno de sus mayores momentos de debilidad, si no el mayor, de los últimos 40 años”.

El rey cazador de elefantes

El sábado 14 de abril de 2012, los españoles conocieron que el rey Juan Carlos había sido intervenido de urgencia en Botsuana tras romperse la cadera mientras participaba en un safari para cazar elefantes. El episodio, que apartó al jefe del Estado durante varias semanas de su actividad oficial, supuso uno de los principales hitos en el declive de la figura del monarca. Mientras el grueso de la población afrontaba el envite de la crisis económica y se despertaba indignada cada mañana con la aparición de nuevas noticias relativas a casos de corrupción (en ocasiones, relativas a personas vinculadas a la Corona), el monarca dedicaba su tiempo de forma secreta a cazar elefantes.

“El momento de la cacería de elefantes, además de su relación con Corinna, dañaron irreversiblemente la figura del rey Juan Carlos”, apunta Cesáreo Rodríguez-Aguilera, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona. Este académico destaca que las polémicas sobre la vida privada del ahora rey emérito consiguieron “dilapidar un capital político importante en poco tiempo y de manera muy brusca” ya que, incluso entrada la década de 2010, el monarca todavía “disfrutaba de una popularidad muy alta” por la buena percepción entre la población de su papel en la Transición o en el 23-F.

Lluís Orriols, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid, subraya la importancia del suceso de Botsuana como una muestra del funcionamiento opaco de la institución monárquica, lo que a su modo de ver fue uno de los elementos que más rechazo generaron en una sociedad que reclama más transparencia. “Los episodios cada vez menos apropiados del rey Juan Carlos potenciaron la crisis de la institución”, relata este politólogo. En su opinión, esa crisis, más que deberse a un tema de “estándares democráticos” sobre la pertinencia o no de que la jefatura del Estado sea hereditaria, se debió a “una cuestión de transparencia”.

El caso Nóos, la gota que horada la roca

Uno de los episodios que propiciaron el declive de la figura del rey Juan Carlos hasta llevar a su posterior abdicación fue el caso Nóos y la gestión que la Corona hizo del mismo. El caso avanzó muy lento hasta llegar a juicio, pero cada uno de los capítulos que llegaban con cuentagotas a las portadas de los diarios sirvió para erosionar poco a poco la imagen de las personas implicadas y de aquellos que los rodeaban. En junio de 2010 el juez José Castro comenzó la instrucción sobre las irregularidades del instituto presidido por el entonces duque de Palma y yerno del rey, Iñaki Urdangarin. Su imputación en la causa no llegaría hasta el 29 de diciembre de 2011, momento en el que la Casa Real ya era consciente del nivel de crispación que el caso generaba entre los ciudadanos. Cuatro días antes de la imputación, en su habitual discurso de Navidad, el rey lanzó un mensaje de confianza en una justicia “igual para todos” y destacó la importancia de que las personas con responsabilidades públicas tengan un “comportamiento ejemplar”.

Tras años de idas y venidas judiciales, la infanta Cristina acabó sentándose en el banquillo de los acusados por su posible papel como colaboradora necesaria en la actividad de su esposo, que acabaría siendo condenado (todavía no en firme) a 6 años y 3 meses de prisión por distintos delitos de corrupción, una pena considerablemente menor que los 19 años y medio interesados por la Fiscalía Anticorrupción.

Dado que anteriormente se apuntaba a la falta de transparencia como uno de los motivos principales de desafección hacia la institución monárquica, cabe destacar que el transcurso del caso Nóos dejó alguno de los episodios más reseñables al respecto. El 8 de febrero de 2014, la infanta Cristina compareció en calidad de imputada ante el juez instructor de la causa. En su declaración, en la que no tenía obligación legal de decir la verdad, empleó hasta 579 evasivas para eludir las preguntas del magistrado. La cuenta total de las evasivas, recogidas entonces por múltiples medios de comunicación, es la siguiente: “no sé” (412 veces), “no lo recuerdo” (82 veces), “lo desconozco” (58 veces), “no lo sabía” (7 veces) y “no tenía conocimientos” (7 veces).

Cesáreo Rodríguez-Aguilera reflexiona que el caso Nóos fue un asunto “absolutamente tóxico” para la Casa Real, lo que se vio acentuado por la actitud “nada elegante” de la infanta Cristina, que “no hizo ningún favor a la institución”. En opinión de este académico, la hija del rey podría haber ayudado a contener la crisis, por ejemplo, renunciando a sus teóricos derechos sucesorios, pero simplemente “no lo quiso hacer”.

La abdicación como salida a la crisis

El 19 de junio de 2014, cercado por los escándalos en torno a la Casa Real y por el creciente cuestionamiento del llamado Régimen del 78 (además de lastrado por sus achaques físicos), el rey Juan Carlos anunció por sorpresa su abdicación, lo que dejaba el trono y la jefatura del Estado en manos de su hijo, Felipe VI. Para Lluís Orriols, aunque la abdicación se produjo en un momento de crisis de la institución, fue un movimiento inteligente de la Corona, que pudo darse un lavado de cara dentro de un escenario general marcado por el inmovilismo. “La Corona fue muy consciente de que estaba ante una crisis grave de desafección ciudadana hacia las instituciones políticas, y que las instituciones tenían que adaptarse. Ahí la Corona fue muy hábil, mucho más por ejemplo que el partido que nos gobierna, que nunca ha querido afrontar de cara la crisis política y renovarse”, apunta.

Víctor Vázquez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, reflexiona que la abdicación es el único movimiento que permite nuestra Carta Magna para que un rey, inviolable por ley, pueda responsabilizarse de sus actos. “Por eso se produjo una abdicación cuando hubo una opinión pública muy desfavorable”, apunta.

Por su parte, el catedrático de Ciencia Política Cesáreo Rodríguez-Aguilera coincide en señalar que el “deterioro personal” del rey Juan Carlos imposibilitó su continuidad en el trono porque “la única posibilidad que tiene de sobrevivir la monarquía en democracia es molestar lo menos posible”.

La sombra de la legitimidad

El ascenso al trono de un nuevo monarca consiguió, al menos en parte, que la institución pudiera desprenderse de las cargas de su predecesor, pero al mismo tiempo sirvió para abrir un debate sobre la legitimidad que sustenta a la Corona y al proceso sucesorio. “El problema es el proceso de legitimación del nuevo monarca. No ya en términos constitucionales, sino en términos de aprobación popular, que en el fondo es donde descansa la legitimidad del monarca, y ese problema yo creo que persiste y que en cierta medida incluso se agudiza”, apunta Víctor Vázquez.

Pese al evidente rechazo de los sectores antimonárquicos al proceso de sucesión, otras voces señalan que Felipe VI salvó sin demasiados problemas sus primeros años de reinado. Por ejemplo, Cesáreo Rodríguez-Aguilera recuerda que, pese a conocerse en noviembre de 2016 que Adolfo Suárez no convocó un referéndum sobre la monarquía por temor a perderlo, esta cuestión no generó un debate amplio sobre la fuente de legitimidad de la monarquía. “De ese asunto apenas se ha vuelto a hablar. No ha sido percibido como algo muy grave”, señala.

Del mismo modo, Lluís Orriols apunta que en la primera etapa de su reinado, una vez superado el pequeño terremoto de la abdicación, Felipe VI incluso fue capaz de apuntarse algún tanto en su favor, reforzando su figura ante la opinión pública. En ese sentido, señala que durante la crisis institucional abierta por las dificultades para formar gobierno tras las elecciones generales de diciembre de 2015 y junio de 2016, el monarca “supo estar en su papel” y desempeñar una función “estrictamente simbólica”, desoyendo las voces que le pedían involucrarse de manera más activa en cuestiones políticas. “Supo estar en el papel de una institución que no está sujeta a la rendición de cuentas y que debe tener un mero papel testimonial, lo que no supo hacer en Catalunya con su intervención del 3 de octubre”, añade.

El 3-O, el día que el rey pudo terminar de perder Catalunya

Desde su llegada al trono, el momento más complicado sin duda para el nuevo monarca tuvo que ver con la respuesta del Estado al referéndum de autodeterminación que la Generalitat convocó el pasado 1 de octubre. El jefe del Estado se mantuvo en silencio sobre la situación hasta el 3 de octubre, cuando decidió difundir un mensaje institucional en el que acusó a los independentistas de instalarse en una “deslealtad inadmisible” y se alineó con las tesis del Gobierno de Mariano Rajoy, sin tender ningún tipo de puentes hacia una salida de diálogo.

“El monarca se convirtió en una figura proactiva, un monarca de parte que toma la iniciativa, participando en un conflicto político y posiblemente excediendo sus competencias”, afirma Lluís Orriols, que incide sobre el deterioro que este movimiento puede suponer no solo para la figura del monarca sino también para la institución a la que representa. “Cuando un monarca que no está sujeto a la rendición de cuentas se excede, deteriora no solo el rédito de su persona, sino que traslada su desgaste a la institución, porque no puede haber un reemplazo”.

En opinión de Cesáreo Rodríguez-Aguilera, la intervención del 3 de octubre hizo que Felipe VI se presentara “como la prolongación de la voz de Gobierno”, lo que supone “un fallo que ha de pagar muy caro” porque “crea una desafección grande”, agudizada por el hecho de que “dos millones de catalanes hayan dejado de considerarse españoles”. Para estos catalanes independentistas, que “rechazan la monarquía como visualización simbólica de un Estado en el que no se reconocen”, que el rey haya aparecido como una “fotocopia del Gobierno” es un hecho que puede impulsar sus anhelos de ruptura con España, añade este académico.

Desde un punto de vista constitucional, el jurista Víctor Vázquez subraya que en la Carta Magna “no existe ninguna base para el papel que desempeñó el rey durante el 3 de octubre”. A su modo de ver, Felipe VI “entendió que ser neutral no significaba estar neutralizado” y decidió intervenir. “Desde ese momento es muy difícil que Felipe VI pueda ser el rey de una mayoría amplia de los catalanes. En ese sentido, se jugó su reinado pensando a corto plazo”, añade. Para Víctor Vázquez, la intervención de Felipe VI el 3 de octubre levantó el aplauso de los sectores españolistas más tradicionales, pero pagando el precio de que “el concepto de república sea ahora incluso más atractivo para una parte del independentismo catalán”.

El futuro de la monarquía

Pese a que los académicos consultados coinciden en señalar como inadecuado el discurso del 3 de octubre, ninguno de ellos pronostica que eso se vaya a traducir en una crisis de confianza que ponga en riesgo el futuro de la institución en el corto plazo, aunque ello irá en función del papel que quiera desempeñar el monarca en los acontecimientos por venir.

“No creo que estemos en una situación de descrédito imparable de la institución monárquica y tampoco creo que estemos en una situación donde la monarquía pueda sentirse cómoda, con la confianza de que la Corona está salvaguardada pase lo que pase”, señala Lluis Orriols.

Por su parte, Cesáreo Rodríguez-Aguilera cree que, “a pesar de todo, el famoso régimen del 78 es fuerte y no va a colapsar, pero es evidente que necesita una reorganización profunda, en la que el rey tendría que intentar ofrecer otra imagen más de mano tendida”.

En opinión de Víctor Vázquez, para la supervivencia de la monarquía es necesario que la propia institución se dé cuenta de que “no tiene que jugar ningún papel en ese proceso político”, porque “cuando la monarquía participa corre el riesgo de deslegitimarse” ya que “todo aquel que actúa como poder necesita una fuente de legitimidad democrática”. No obstante, advierte que dentro del entramado institucional español, la jefatura del Estado siempre será el elemento más débil y el más susceptible ante momentos de crisis, como la abierta tras el discurso del 3 de octubre, que se suma al desgaste de los años anteriores.