Acusación popular: cuando la batalla política se libra en los tribunales

Las acusaciones populares están viviendo su Edad de Oro. Cientos de procedimientos judiciales instados por asociaciones de ideología ultra copan la actividad de los tribunales y acaparan tantos titulares como cámaras. Se trata de una ofensiva que no se detiene: Hazte Oír ha presentado una querella contra el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por falso testimonio en su comparecencia ante la comisión Koldo abierta en el Senado. Y el Partido Valores se ha personado en la causa que dilucida las posibles responsabilidades penales derivadas de la DANA. Agrupaciones ultraderechistas como estas llevan años abriendo o personándose en casos mediáticos –Nóos, Begoña Gómez, Bárcenas–, sin desfallecer, pese a que la mayoría de sus querellas hayan terminado archivadas. Eso sí, después, de generar muchísimo ruido —lazos amarillos, Revista Mongolia, Quequé, Lalachus—. 

Trasladar la política al campo judicial

Su sesgo ideológico no admite dudas. Tampoco el ánimo que las mueve: trasladar la batalla política al campo judicial. Las más conocidas, y activas, Hazte Oír, Manos Limpias y Abogados Cristianos, pertenecen a la extrema derecha católica. Otras menos famosas son la Fundación Foro Libertad y Alternativa y el Foro por la Concordia Civil, Nueva Política y Buen Gobierno, creadas o dirigidas por expolíticos conservadores como Alejo Vidal Quadras o Ignacio Camuñas, fundadores de Vox, aunque ahora fuera del partido. Este ecosistema ultra, que integran una cuarentena de asociaciones y pequeños partidos comparte, además, fundadores y directivos. Muchos de sus líderes son militantes de Vox o exhiben currículo en Falange, Fuerza Nueva y hasta la Cedade, el partido nazi español disuelto en 1993. 

Se trata de entidades como Educadores contra el Adoctrinamiento (ECA), cuyo presidente, portavoz y tres de sus siete vocales fueron en las listas de Vox en Pontevedra, Madrid, Cabanillas de la Sierra y Colmenar Viejo (Madrid) en distintas elecciones municipales y autonómicas. Un cuarto vocal fue coordinador de la OJE, la antigua organización juvenil franquista que hoy se dice independiente; y un quinto pertenece a la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC). Otro tanto ocurre con la Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por Coronavirus (ANVAC), cuyos presidente, vicepresidenta y secretario se presentaron como candidatos de Vox a las elecciones generales y municipales en Cantabria. Otro buen ejemplo también es el de Cristina Seguí, fundadora del partido de Santiago Abascal y de la asociación Gobiérna-Te, que se querelló contra la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. 

Las más conocidas, y activas, Hazte Oír, Manos Limpias y Abogados Cristianos, pertenecen a la extrema derecha católica. Otras menos famosas son la Fundación Foro Libertad y Alternativa y el Foro por la Concordia Civil, Nueva Política y Buen Gobierno

Un frente judicial especialmente encarnizado fue el que abrió el procés. A Societat Civil Catalana, la asociación más renombrada por su batalla contra el nacionalismo catalán, se le unieron Impulso Ciudadano, integrada por antiguos miembros de Societat Civil y candidatos de Ciudadanos, y Abogados Catalanes por la Constitución, cuyo presidente perteneció a la ejecutiva de UPyD. 

El catálogo de la ofensiva legal ultra, sin embargo, no se queda aquí y se completa con organismos más extraños, como agrupaciones que en su momento rechazaron las mascarillas del covid obligatorias y cualquier medida restrictiva para evitar los contagios; y grupos negacionistas del cambio climático: Liberum, Eleuteria y Terra SOS-Tenible. 

El batallón ultra que cabalga a lomos de la acusación popular 

La figura de la acción popular, que permite a cualquier ciudadano o ciudadana denunciar y personarse en un proceso penal como acusador —aunque no haya sido ofendido o perjudicado por el supuesto delito— sólo existe en España. Forma parte de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1872 y quedó consagrada en el artículo 125 de la Constitución. No obstante, ya hay juristas que se quejan del abuso que ese puñado de asociaciones están haciendo de una figura pensada para garantizar la tutela judicial efectiva, reparar una posible inactividad de la Fiscalía y favorecer la participación de la ciudadanía en la justicia. 

Incluso los jueces han puesto negro sobre blanco sus críticas. La Audiencia Provincial de Barcelona ha reprochado, en alguna ocasión, a Manos Limpias, su “hipertrofia acusatoria” —la actividad de este sindicato no es otra que la de interponer denuncias”, apuntaba— en un auto de marzo de 2015 en el que se rechazaba la personación del pseudosindicato en el caso Adif. Cuatro años antes, el Tribunal Supremo ya había usado como argumento para imponer el pago de las costas a Manos Limpias, Libertad e Identidad, Hazte Oír, Fundación Denaes y Voces contra el Terrorismo su “patente voracidad litigiosa”. “Esta Sala Segunda no es un juzgado de guardia de cualquier asunto mediático”, concluían los magistrados del alto tribunal en un auto del pasado marzo en el que rechazaban una demanda de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción que consideraban un fraude de ley. 

En otros casos, el malestar de los jueces se ha traducido en multas; pero ni las sanciones ni las fianzas —algunas de hasta 20.000 euros— que les imponen los tribunales desaniman a las acusaciones populares. Cuentan con suficiente dinero para perderlas, una y otra vez. Algunas de estas asociaciones renuncian a las subvenciones públicas para financiarse, y todas dicen vivir de las cuotas y donaciones que hacen sus miembros. CitizenGo, la red internacional de Hazte Oír, recibió 34 millones de euros en donativos entre 2014 y 2024, según sus propias cuentas. Abogados Cristianos declaró más de medio millón de euros de beneficios en 2022, el año en que presentó 71 demandas judiciales. 

Actores principales de la galaxia ultra

Hazte Oír es uno de los principales actores judiciales de la galaxia ultra junto al pseudosindicato Manos Limpias, sin duda, el campeón de la acusación popular por el número de querellas presentadas. También el pionero: interpuso la primera en 1997. Hazte Oír, nacida como Instituto Phoenix en 2001, fue fundada por Luis Losada, subdirector de La Gaceta —diario ultraderechista propiedad del grupo Intereconomía—, además de uno de los miembros señalados de la secta El Yunque, al igual que el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga. 

Ultracatólica y preconciliar es también Abogados Cristianos, constituida como fundación y en cuyo patronato se sienta un miembro de Vox, Alfonso González Rodríguez-Vilariño, candidato del partido de Abascal a las elecciones municipales de Valladolid, al Senado y al Parlamento de Castilla y León. Está casado con la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos Flórez. La fundación arremete contra cualquier administración que decida quitar una cruz en una plaza o poner una bandera arcoíris en un edificio público, al tiempo que demanda a las revistas satíricas El Jueves y Mongolia, o al alcalde de Soria por procesar en un “papamóvil” simulado. También se ha querellado contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, por algo tan secular como la ley de amnistía. 

La asociación Pro Lege, en cambio, fue impulsada por una militante del PP, la abogada Carolina Mata de la Torre, que ahora ve su militancia en el partido de Alberto Núñez Feijóo como un pecado de juventud y se dice “desencantada” de la política. Hasta entonces, se personó en dos causas contra Podemos: Neurona y Dina Bousselham. Ambas fueron archivadas. 

Entre los habituales de la acusación popular hay, además, un puñado de pequeños partidos políticos extraparlamentarios. Es el caso de Derecha Liberal Española, que propugna “una España única, indivisible y soberana” y pide la supresión de los parlamentos autonómicos. O de Iustitia Europa, con una profusa actividad judicial pero escaso éxito en las urnas —obtuvo 26.661 votos en las elecciones europeas de 2024—. 

El Partido Laócrata, por su parte, empezó recurriendo las medidas contra el covid decretadas en cada comunidad autónoma, siguió con el decreto del estado de alarma y terminó querellándose por prevaricación contra el exministro José Luis Ábalos, por la escala de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Barajas. Otra muestra de este tipo de organizaciones es el Partido Valores, presidido por Alfonso Galdón, que tras pasar por el PP recaló en Vox. Lo abandonó en 2020 tras denunciar irregularidades en las primarias de Murcia. También presidió el Foro de la Familia. 

Por último está el perfil del Partido por la Libertad, bastante nítido. Terminó integrándose en Vox en 2018, tras haber intentado una alianza con Plataforma por Cataluña, España 2000 y Manos Limpias. No es de extrañar: José María Ruiz Puerta, abogado del pseudosindicato, también presidía el Partido por la Libertad. En 2019 Vox lo expulsó al enterarse de que, desde octubre de 1982 y hasta junio de 1983, había sido secretario de Cedade, el partido nazi español.