Todas las grandes ciudades están inmersas en las denominadas crisis de vivienda. Lo más preocupante de estas crisis es que no han hecho más que empezar y que han venido para quedarse. Esto se debe a que su principal causa no se encuentra en cuestiones de oferta y demanda –“no hay vivienda para tantas personas”– ni en el crecimiento de los pisos turísticos de Airbnb. Las causas son mucho más profundas, fruto del proceso de reestructuración del neoliberalismo que comenzó en 2008.

Desde entonces los mercados financieros se enfrentan a una situación de excedente de capital. El capital cada vez tiene más dificultades para revalorizarse, lo que hace que el capital fluya de un mercado a otro huyendo de la desvalorización. Al mismo tiempo, la vivienda, el activo clave sobre el que se había articulado el proceso de financiarización desde los años 70 hasta 2008, también entra en crisis. Se hunden los precios, aumentan los problemas de deuda morosa y se disparan los impagos de hipoteca. Los bancos, actores esenciales del ciclo anterior, ven cómo sus carteras se llenan de activos tóxicos y el riesgo de quiebra pone en peligro su propia supervivencia.

Este contexto marca el inicio del nuevo ciclo de especulación inmobiliaria que tendrá como resultado la reestructuración del sistema financiero y será la causa de las nuevas crisis de vivienda. El objetivo será revertir la caída de los precios de la vivienda por medio de movilizar el capital internacional estancado. Una misión que solo podía estar dirigida por actores económicos con mayor poder político y concentración de capital que los bancos. Es entonces cuando entran en juego los denominados fondos buitre.

La función de los fondos buitre ha consistido en captar los excedentes de capital en proceso de desvalorización, que son invertidos masivamente en todo sector vinculado a las rentas del suelo, principalmente la vivienda, para generar un ciclo alcista.

Tomemos el ejemplo de Blackstone. El fondo inaugura el nuevo ciclo a través de adquisiciones masivas de viviendas en Estados Unidos, compradas en subastas judiciales por debajo del precio de mercado. Rápidamente Blackstone se convierte en el primer propietario de vivienda de Estados Unidos, y el fondo extiende sus prácticas hacia Europa y Asia. En tan solo unos años Blackstone se convierte en el primer casero del mundo.

España no iba a ser menos. Entre 2012 y 2013 el Gobierno de Rajoy cambió varias leyes para favorecer a estos fondos y convertir a España en destino ideal de las inversiones especulativas. Blackstone fue el primero en invertir, comprando casi 2.000 viviendas públicas en Madrid. Una operación seguida de espectaculares adquisiciones de paquetes de viviendas, compradas a los bancos por precios muy por debajo del precio de mercado. En pocos años Blackstone se convierte en el primer propietario de vivienda de España, protagoniza la mayor operación inmobiliaria privada de la historia de España y, a día de hoy, en torno al 20% de los activos internacionales de Blackstone se encuentran en nuestro país.

Lo más alarmante del nuevo ciclo es que no ha hecho más que empezar. A principios de 2019 Blackstone batía récords al conseguir más de 20.000 millones de dólares para financiar sus operaciones especulativas. Entre los inversores destacan los fondos de pensiones. En este momento la actividad especuladora de Blackstone está financiada en parte con el dinero de las pensiones de 31 millones de trabajadores de Estados Unidos. Un sistema perverso que hace que la jubilación de millones de trabajadores dependa de las subidas de los alquileres y los desahucios de otros tantos.

Estas inversiones no son productivas ni generan puestos de trabajo ni crecimiento. Se basan en formas estratégicas de hacer circular el capital, que aumentan las rentas del suelo y revalorizan los activos. No producen riqueza, sino que transfieren riqueza de la población hacia los fondos y sus inversores. Se trata de formas de saqueo basadas en extraer mayores magnitudes de capital por medio de una necesidad básica de la que nadie puede prescindir, como es la vivienda. Por ello, Naciones Unidas ha señalado en repetidas ocasiones la amenaza que estos fondos suponen para los derechos humanos.

Estos procesos están generando una fuerte oposición que va a la raíz del problema. En Berlín es probable que se celebre un referéndum para que la administración expropie las viviendas de los grandes propietarios. En Amsterdam se va a debatir una medida que prohíbe comprar una vivienda en la que no se va a vivir, lo que es una prohibición de facto a las inversiones especulativas. En Madrid, cientos de inquilinos de Blackstone se niegan a aceptar las subidas abusivas que el fondo les impone y permanecen en la vivienda fuera de contrato, pagando lo que venían pagando hasta el momento.

En este contexto se vislumbra dos modelos de ciudad. En uno crece el poder y dominio de los fondos sobre el suelo y las viviendas de nuestras ciudades, hasta convertirlas en espacios de expolio y rentismo. En otro, el malestar y la rabia de la burbuja de los alquileres se transforma en movilización y organización política, hasta que, de una vez por todas, la vivienda pierda su función financiera y se constituya en exclusiva como derecho y hogar. El futuro de nuestras ciudades dependerá de cómo se desarrolle el conflicto entre ambos.