La mejor información científica nos alerta de la crudeza de la situación que vivimos. Los escenarios catastróficos del cambio climático, las tensiones geopolíticas por los recursos y los procesos de expulsión de muchas personas a los márgenes de las sociedades o de la propia vida, abocan a acometer de forma urgente transiciones que, apoyadas en la equidad y la justicia, permitan adaptarse a los cambios ya irreversibles y frenar aquellos elementos de deterioro que aún sea posible detener.

Las ciudades están en el corazón de este proceso y del conflicto. Por una parte, son importantísimos sumideros de recursos y bienes que proceden de la desposesión del medio rural o de los países del Sur Global. A la vez, son absolutamente dependientes del exterior en el plano material (alimentos, agua, energía y materiales), generadoras de cantidades ingentes de residuos y en ellas se emite el grueso de los gases de efecto invernadero.

Y también son territorios vulnerables en el plano humano. Son los territorios en el que se materializan muchas desigualdades y procesos de expulsión. Las personas más pobres, las racializadas, las más mayores o las más pequeñas, las mujeres o los individuos de otras especies viven en sus cuerpos y en sus vidas cotidianas los ataques de una forma de entender la economía y la ciudad en la que las vidas y los terrirtorios solo son importantes si generan valor añadido.

Sabemos qué tipo de transformaciones podrían llevar nuestras ciudades hacia otra situación. No es que no se sepa qué habría que hacer. Tenemos conocimiento para reorganizar ciudades alternativas capaces de asegurar una vida digna a todo lo vivo que albergan. Para ello, es preciso repensar cómo podrían ser nuestras ciudades desde ya, y en las próximas décadas, estableciendo proyectos de ciudad con objetivos claros que permitiesen planificar la estrategia para conseguirlos. Ello pasa por la preservación del suelo de la privatización y la especulación, la rehabilitación integral de la edificación, la contención y reducción del consumo energético y la apuesta a fondo por las energías renovables, obviamente en ese contexto de reducción del uso de energía.

No se puede obviar que este cambio en el metabolismo económico se produce en un contexto de emergencia social. La precariedad y la desposesión en este momento no son ya cuestiones puntuales o de coyuntura. Hoy, el empobrecimiento y la dificultad de acceder a lo más básico (vivienda, alimentos sanos, aire limpio, etc.) es estructural. La organización clásica de los servicios sociales, nacida para paliar situaciones minoritarias, no vale cuando hay muchísimas personas que tienen dificultades para tener casa y cubrir sus necesidades más básicas.

Legislar y organizarse para que todas las personas de nuestros barrios accedan a lo básico para sostener las vidas es fundamental. La legislatura pasada, muchos ayuntamientos demostraron que sus cuentas no son inamovibles y que hay márgenes amplios para optimizar la gestión y gastar en lo que es necesario, que la eficacia podía ser puesta al servicio de la justicia. Duró poco, pero ya nadie puede decir que no es posible.

En nuestra opinión, las políticas de los feminismos deben impregnar todos los ámbitos de la ciudad, porque son las que se organizan en torno al bienestar en la vida cotidiana, permiten asegurar el derecho a la ciudad, limando las barreras y brechas que discriminan en función de la edad, el género, la diversidad funcional, la clase o las que se sostienen sobre el racismo. Podemos conseguir ciudades que se organicen en torno a la salud integral y la seguridad de las personas, de todas las personas.

En el ciclo electoral anterior, la llegada de algunos proyectos de cambio a los gobiernos estuvo muy relacionada con un movimiento social plural, fuerte y contradictorio. Y ahora vemos cómo, cuando ese movimiento se ha roto, no se hacen efectivos esos proyecto. No nos podemos quedar quietos. Y ahora, no nos podemos estar quietas. ¿Qué hacer cuando no hay voluntad política o cuando nos gobiernan personas a quienes nuestras vidas no les importan? Necesitamos construir alianzas público-sociales con las administraciones que están en buena línea y entre nosotras. Reconstruir confluencias –no me refiero solo a lo electoral– que supongan un movimiento de autodefensa colectiva, porque la ofensiva neoliberal no parece que vaya a amainar.

La sociedad civil organizada es capaz de frenar decisiones absurdas y criminales de los políticos, por ejemplo, ante el futuro incierto de Madrid Central. No tiramos la toalla ante las locuras urbanísticas que ponen el suelo a disposición de los grandes capitales, seguimos intentando parar desahucios, en los barrios hay gente que se sigue organizando para acoger a personas sin hogar y, además, se siguen poniendo en pie proyectos que muestran que es posible hacer las cosas de otro modo. El movimiento feminista, el de pensionistas, las personas LGTBI, las y los trabajadores articuladas en torno a algunos conflictos del trabajo muestran lo importante que es estar organizadas. No se podrá decir, desde luego que no tenemos por delante una tarea que proporciona un sentido vital inagotable. La clave es no estar solas.