Ca n’Anglada reivindica su puesta a punto

Ni racismo, ni estigma, ni más lamentos. Los vecinos de Ca n’Anglada, en Terrassa, quieren hablar de soluciones. Y, más que de propuestas, de la ejecución de los compromisos adquiridos hace años por la Administración. Mientras estos días se recuerdan los 20 años del brote xenófobo que en el verano de 1999 copó las primeras páginas de los periódicos y abrió informativos en radios y televisiones, el barrio continúa reclamando un giro que cambie su futuro.

El sentimiento de arraigo al barrio y el deseo de recuperar el Ca n’Anglada de tiempos pretéritos anima a los vecinos y vecinas a no dejarse vencer por las trabas y las dificultades. Esperan que, de una vez por todas, la Generalitat y el Ayuntamiento finalicen el plan de esponjamiento, iniciado en 2012, y que se desarrolle el Plan de Futuro Ca n’Anglada 2030, diseñado por la Diputació de Barcelona y aprobado en 2018. Acciones, en definitiva, con las que dignificar un barrio donde viven 14.000 personas y que en las últimas décadas ha estado marcado por la pobreza, la marginación y la segregación social.

El Síndic de Greuges de Catalunya, tras las quejas interpuestas por los vecinos y las respuestas ofrecidas por el Consistorio en el último año, se dirigió a principios de julio al equipo de Gobierno local para sugerirle que, "en la mayor brevedad posible, se establezca la ejecución de los proyectos aprobados por el plenario". "La situación del barrio es preocupante", advierte Manuel Medina, expresidente de la asociación de vecinos y ahora vocal de la misma entidad, quien arguye la existencia de "un incivismo muy grande y falta de convivencia". Recrimina a los políticos locales haber dejado que la situación se enquistase. "Mientras nosotros insistíamos en lo que estaba pasando, ellos nos decían que nuestra visión del barrio no se correspondía con la realidad", mantiene Medina.

El Gobierno local salido de las elecciones municipales del 26 de mayo, liderado por Jordi Ballart de Tots per Terrassa con el apoyo de ERC, ya ha tomado cartas en el asunto: en el pleno municipal del 19 de julio, Lluïsa Melgares, tercera teniente de alcalde y concejala del Distrito 2, al que pertenece Ca n’Anglada, anunció que en octubre se pondrán en marcha parte de los microproyectos diseñados por la Diputació, fruto de la diagnosis encargada por el Consistorio sobre el barrio y aprobados hace un año por unanimidad. Melgares, sin embargo, apeló a la necesidad de que el organismo provincial se implique económicamente en el proyecto, como el resto de instituciones, para poder desarrollarlo.

Dos realidades en un barrio diverso

Medina lamenta que Ca n’Anglada "sea el único barrio de Terrassa con una plaza cerrada, la de Miguel Hernández, por el incivismo", o que en la plaza del Treball "se hayan quitado los bancos para que por la noche no haya problemas". Denuncia, por ejemplo, destrozos en el mobiliario urbano, gritos a altas horas de la madrugada e insultos y vejaciones a vecinos. Problemas que, según Medina, habrían provocado una fractura: "Hay dos Ca n’Anglada, la zona norte y la sur".

En la zona norte de Ca n’Anglada vive la mayoría de la población migrante del barrio –el 85%–, con una media de edad de unos 39 años, mientras que en la sur residen sobre todo ciudadanos de origen español, provenientes a menudo de Andalucía, Extremadura o Castilla, y con una media de edad de 65 años. Estos últimos son quienes poblaron la zona a mediados del siglo XX; los mismos que se vieron obligados a reconstruir el barrio en los años 60, tras las riadas de 1962.

Esta división constituye otro de los grandes problemas del barrio. "Aunque nadie lo quiere reconocer abiertamente, el norte se ha convertido casi en un gueto", apunta Manuel Medina. Aunque, más que de choque cultural, tanto el Ayuntamiento como los vecinos prefieren hablar de choque generacional. "El barrio ha cambiado y las personas también", explica el vocal de la entidad vecinal.

La tasa de paro –que según el Análisis urbanístico de barrios vulnerables elaborado por el Ministerio de Fomento en 2011 era del 12,4%– y la falta de formación –el 31,7% de la población era analfabeta o carecía de estudios– favorecen que muchos vecinos pasen gran parte del día sin ocupación, en la calle, generándose así el caldo de cultivo que propiciaría problemas de convivencia. Unos problemas que, según Karim Lo Otmani, miembro de Terrassa sin Muros y Espai Democràtic Intercultural (AEDI), no son atribuibles a un conflicto entre culturas. Lo Otmani, de hecho, niega que se den estos "problemas de convivencia e integración", aunque comparte con Medina la idea de que el norte se ha guetizado. "Que la población autóctona sea minoría y la migrante mayoría puede llevar a percibir una imagen errónea de la zona", agrega.

Lluïsa Melgares insiste en que lo importante es que, "en todo este tiempo, no se ha vuelto a repetir un incidente como el de hace 20 años, porque este no es un barrio conflictivo: está por debajo de otras zonas de la ciudad en inseguridad". Un argumento que rebate Manuel Medina: "Lo que pasa es que en Ca n’Anglada, cuando pasa algo, la gente no lo denuncia. El nivel de delincuencia es más alto en el centro de la ciudad, pero porque ahí se denuncia más, porque hay tiendas y, si interponen una denuncia, cobran del seguro".

Las generaciones futuras

Lo Otmani recuerda que "hace unos años la actuación policial en bares donde había marroquíes era constante. Se perseguía a los migrantes sin papeles o se llevaban a cabo actuaciones relacionadas con asuntos de drogas. Pero ahora eso se ha reducido mucho". Opina que la mejora se debe a "una mayor concienciación de los ciudadanos migrantes y la intervención de actores sociales que sensibilizan sobre una buena convivencia".

El 95% de los alumnos de las escuelas de Ca n’Anglada son de origen extranjero. Es el barrio con más segregación escolar de Catalunya. En él se produce el denominado efecto huida. "Cuando empezaron a llegar familias extranjeras que matriculaban a sus hijos en la escuela pública, se debió haber repartido a los alumnos por los diferentes centros, para favorecer una mejor convivencia, porque muchas familias de aquí optaron por llevar a sus hijos a colegios concertados", lamenta Medina.

Toni Cazorla, director del Grup de Colònies de Ca n’Anglada, trabaja con niños y adolescentes de 3 a 16 años. Criado en el barrio, sigue vinculado a él: "Hemos luchado por lograr muchas cosas para los niños y los jóvenes y para no ser el barrio que se estigmatizó hace 20 años". Su objetivo es "socializar a la infancia". Lamenta que los autóctonoslos vean como "un servicio para niños pobres, cuando en realidad es un recurso para todos". Y cree que su actuación en solitario "no tiene sentido: es necesario que el conjunto de servicios, escuelas e institutos de la ciudad se impliquen". Como lo hacen las familias: "Quienes acuden a nuestra entidad se implican en el proceso educativo de sus hijos".

A Lo Otmani también le preocupa la segregación escolar. "Las familias que no quieren que sus hijos vayan a la escuela con hijos de migrantes porque dicen que van más atrasados no entienden que se trata de niños pobres, sin recursos, sin oportunidades ni posibilidades para estudiar, aunque muchos de ellos lleguen a obtener muy buenas notas", destaca. Para este activista, la educación es una herramienta importante para mejorar las expectativas de futuro de las nuevas generaciones, y debe servir también para abordar otro problema, el del racismo: "Para que cuando los jóvenes crezcan no tengan la misma visión que sus padres y sus abuelos sobre los marroquíes y que aprendan a aceptar la diferencia".

Cambiar bloques por zonas abiertas

El plan de esponjamiento es otro frente abierto en Ca n’Anglada. Diseñado en 2012, prevé el derribo de nueve bloques del noreste del barrio. Los nuevos espacios libres albergarán parques y equipamientos. Los afectados debían ser realojados en edificios nuevos, construidos en otra zona. Pero la crisis económica frenó el proyecto. En lugar de los nuevos bloques, que no se llegaron a levantar, les ofrecieron pisos disponibles en la ciudad, nuevos o no. Por eso los vecinos mantienen que el proyecto se ha incumplido.

La Generalitat no ha respondido a las preguntas de El Quinze, pero la teniente de alcalde recuerda que, de los nueve bloques, ya se han derribado seis, con una inversión de 17 millones de euros, y que los tres restantes se tirarán entre este año y el que viene. Melgares subraya que "es un proceso complicado, porque hay que realojar a los vecinos". Pero no descarta ampliar el esponjamiento a otras zonas del barrio, si ven que con esta actuación no es suficiente. "Si existe segregación urbanística, también la hay escolar y en todas partes, también en el comercio. Y pensamos que repartiendo a las personas por la ciudad se trabaja mejor", apunta. En cuanto a los espacios libres, Melgares mantiene que se concretará su uso mediante un proceso participativo.

Lo Otmani comparte la idoneidad del proyecto de esponjamiento y reconoce que ayudará a que el barrio respire, pero cree que la solución para acabar con los guetos no pasa por derribar edificios. "Hay que dar importancia a las infraestructuras, a la limpieza de las calles y a trabajar por el bienestar de las familias", sostiene. De ahí que defienda que antes de realojar a las unidades familiares se les pregunte su opinión, porque, para muchas de ellas, cambiar de entorno es una experiencia traumática y preferirían quedarse en el barrio. "La zona norte es una realidad que no se puede destruir", avisa Lo Otmani, y añade que "hay que apostar por las nuevas generaciones, para que tengan oportunidades de vivir, trabajar y establecerse en otros barrios fuera de Ca n’Anglada". El miembro de Terrassa sin Muros señala también las ocupaciones irregulares de los pisos vacíos en manos de entidades financieras como otro de los problemas de la zona.

Cuando tras los atentados de Barcelona y Cambrils, en agosto de 2017, el Síndic de Greuges elaboró un informe sobre la prevención de la radicalización y el terrorismo en Catalunya, el Ayuntamiento de Terrassa le informó de las acciones que ya llevaba a cabo para prevenirlo en el barrio. Aquel informe indicaba que la situación de los jóvenes había empeorado pese a que durante siete años se había trabajado con ellos en el marco de un Pla de Barris cofinanciado por la Generalitat para abrir Ca n’Anglada a la ciudad y evitar la estigmatización. Se enumeraban como factores de riesgo la falta de formación de los jóvenes, su baja expectativa sociolaboral, el bajo sentimiento de arraigo al barrio y el riesgo de exclusión social. Problemas que requieren la implicación de otras instituciones, no solo de la municipal. Una apreciación que el Ayuntamiento no deja de reivindicar.

LAS ACTUACIONES MÁS URGENTES

El proyecto Ca n’Anglada 2030 prevé, entre otras actuaciones, la creación de una casa de oficios para promover la formación y la ocupación de los jóvenes del barrio, la dinamización del polideportivo municipal, la retirada de antenas parabólicas de los balcones y la eliminación del denominado mercadillo de la miseria. "Allí cada tarde se venden, de forma ilegal, artículos recogidos en la basura. Y a veces también otras cosas que no son ni de segunda mano ni salidas de un contenedor", asegura Manuel Medina. Los vecinos sospechan que algunas de las prendas de ropa comercializadas son de procedencia ilícita. "Desde la asociación no queremos alarmar más de la cuenta, solo queremos soluciones", porque, aseguran, esa actividad no les beneficia.