Una escuela concertada con alumnos de su entorno. Es lo que busca la Generalitat para renovar los conciertos a los centros y que será una realidad cuando entre en vigor el Decreto de conciertos educativos, en fase de información pública y enmarcado en el Pacto contra la Segregación Escolar firmado por gran parte de la comunidad educativa en marzo de 2019. Para la renovación automática del concierto se exigirá a los centros que al menos el 60% de sus estudiantes sean vecinos del barrio o de la zona educativa de la escuela. También se revisará el concierto de las que tienen cuotas injustificadamente elevadas o que superen la media. Asimismo, el decreto contempla que estas escuelas tengan que matricular a alumnado desfavorecido en una proporción no inferior a la que marque el Departament d’Educació y garantizar el acceso equitativo a actividades complementarias, extraescolares y servicios, como el transporte y el comedor.

Pilar Contreras, directora general de Centros Concertados y Privados del departamento, explica que "el objetivo principal del decreto es regular una escolarización más equitativa, que responda a las necesidades del entorno de los centros". Asegura que su voluntad es la de "dar más estabilidad a la escuela concertada, que ahora está infrafinanciada y que tiene que depender de las cuotas de las familias". Para Contreras, este decreto no supondrá un cambio de modelo. "La escuela que responda a las necesidades de escolarización de su entorno, que es la gran mayoría, no solo no tiene que sufrir, sino todo lo contrario", mantiene.

Cuando se apruebe el decreto, las escuelas deberán garantizar este 60% de alumnos no solo del barrio, sino también de la zona escolar. Contreras lamenta que hay casos de centros que no responden a las necesidades de su entorno, siendo "más graves" los casos de centros a los que numerosos alumnos se trasladan de zonas alejadas, con distancias que pueden ser de muchos kilómetros. Estos centros son una minoría entre las 695 escuelas concertadas que hay en Catalunya, pero "hay alguna y hay que regularizarlo". En cuanto a las cuotas excesivas, subraya que las aportaciones familiares tienen que servir solo "para cubrir aquello que no queda cubierto por el concierto". Así, si se mantienen dentro de las cuotas que el departamento autoriza en cuanto a horas complementarias, servicios y extraescolares, "no podrán ser cuotas que se acerquen a las de los centros privados, que es lo que sucede ahora en algunos casos".

Contreras vaticina que la aplicación de la normativa no tiene por qué preocupar, ya que "hay muy pocas escuelas que en la actualidad no estén haciendo y aplicando lo que dice el decreto". Y avisa con contundencia: "Solo las escuelas que no respondan a las necesidades de su entorno, segreguen por sexo o tengan cuotas propias de los centros privados perderán su concierto". Con el decreto aprobado será preciso plantear un calendario de aplicación, para que, acompañado de una dotación presupuestaria, permita su "aplicación gradual".

Para evitar que todo esto se materialice, las escuelas concertadas ya han entregado a la Generalitat 154.000 alegaciones contra el proyecto, al considerarlo excesivo y entender que introduce un cambio de modelo, aparte de no contar con la financiación adecuada. Han participado en esta acción agrupaciones escolares de la concertada y asociaciones de padres, como la Confederació de Centres Autònoms, la Federació Catalana de Centres d’Ensenyament, la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares (CCAPAC), la Federació d’Associacions de Pares d’Escoles Lliures (Fapel), la Associació Professional Serveis Educatius y la Agrupació Escolar Catalana (Aec).

Con representatividad mayoritaria entre los centros concertados en Catalunya, la Fundació Escola Cristiana –de la CCAPAC–, lamenta que este decreto "no respete suficientemente el derecho de los padres a escoger escuela". Según su secretario general, Miquel Mateo, no garantiza una financiación que permita escolarizar a sus hijos en condiciones de gratuidad. Asimismo, mantiene que el decreto "podrá comportar la supresión de unidades concertadas" y que, además, puede conllevar un incremento de las aportaciones que tienen que realizar las familias. "Es necesario hacer oír la voz de la concertada", agrega.

Josep Manuel Prats, de la Fapel, deplora la voluntad de Educació de eliminar de forma progresiva los colegios concertados, y lo ve como "un cambio de modelo". Para él, estas medidas "limitan la libertad de elección de los padres" y ahogan a estos centros. Prats considera que la normativa, "aparte de ser inviable para muchos colegios, simplemente por su ubicación física, es injusta para el derecho a elegir de las familias" y pronostica que los sobrecostes o van a ser sufragados por los padres o se van a traducir en una menor calidad educativa: "No hay más de donde sacar". También señala su preocupación por la "voluntad implícita de cambiar el sistema de colaboración público-privada" de la educación en Catalunya, que se pone en cuestión: "Este cambio de modelo nos parece peligroso".

La efectividad del decreto, en duda

Ramon Font, portavoz del sindicato Ustec·Stes –que no suscribió el Pacto–, considera que con la revisión de las cuotas se puede incurrir en trampas. "En teoría no habría que cobrar cuotas", asegura, y mantiene que estas son subterfugios para encubrir aportaciones aparentemente voluntarias. "Eso es de muy difícil control", añade. Sobre la exigencia de que la mayoría del alumnado viva cerca del centro, opina que en distritos como Sarrià-Sant Gervasi, con el 90% de las concertadas de la ciudad y que reciben cada día a miles de alumnos de otros barrios, resultará "difícil de controlar", sobre todo si no hay una voluntad de la Generalitat de hacer un cambio importante. Font defiende que la libertad de elección de las familias es comprensible a nivel particular, pero en el terreno colectivo es "un absoluto desastre" y propicia la segregación. La salida, apuesta, pasa por suprimir los conciertos, crear una red única y pública, eliminar la libertad de elección de las familias –para que "vayan donde les toca"–, financiar el sistema y bajar ratios.