Los municipios ‘apuestan’ contra las salas de juego

El auge de las apuestas deportivas y el aumento de los casos de ludopatía encendieron el año pasado las alarmas en la Comunidad de Madrid, que cuenta con más de 600 locales dedicados a este negocio. Unas alarmas que resuenan ahora en la provincia de Barcelona. Como si de un efecto llamada se tratara, las acciones de los municipios del área metropolitana de Barcelona contra las salas de juego se suceden una detrás de otra. El Ayuntamiento de Terrassa, por ejemplo, se ha comprometido en las últimas semanas a limitar la "proliferación de casas de apuestas". Y el Consorci Comarcal del Vallès Occidental acaba de aprobar una moción con medidas contra el negocio en línea y los locales físicos.

En Sabadell, hace unas semanas, las paredes de estos comercios amanecieron con pintadas que reclamaban su expulsión. "Esta es una ciudad de 200.000 personas y estamos viviendo un ascenso muy pronunciado de jóvenes que juegan en los locales de apuestas, por lo que no queremos entrar en el debate sobre dónde deben estar, sino que pedimos que desaparezcan de aquí", argumenta Roger Barahona, portavoz de La Forja, la entidad que pintó las paredes de los establecimientos de apuestas de la cocapital vallesana, en la que ya hay dos salones de juego y un bingo situados en el centro de la ciudad.

La percepción de los profesionales refuerza el argumento de Barahona. La Unitat de Joc Patològic del Hospital Universitari de Bellvitge, en L’Hospitalet de Llobregat, atiende cada año unos 400 nuevos casos de pacientes con problemas con el juego. Y el porcentaje de jóvenes tratados ha aumentado. "Entre 2005 y 2018 tratamos a 3.531 pacientes por ludopatía. Las máquinas tragaperras siguen siendo el principal foco del problema. Aunque, si miramos por edad, los problemas de las personas de entre 18 y 30 años que atendemos son con las apuestas deportivas on line y en los salones", explica la doctora Susana Jiménez, directora de la unidad.

El patrón de comportamiento que conduce a la adicción al juego se repite, y en él los salones desempeñan un papel fundamental. "Muchos de nuestros pacientes empiezan yendo con grupos de amigos y apostando pequeñas cantidades. El jugador social lo deja cuando ve que se está gastando mucho dinero, pero el patológico intensifica la inversión y empieza a jugar en solitario", describe Jiménez.

Medidas municipales

El papel que tienen las salas de juego en la adicción de los jóvenes ha puesto en alerta a los municipios. Si La Forja de Sabadell pide su marcha de la ciudad, la mayoría de mociones municipales abogan por medidas para controlar la actividad y parar su eventual proliferación. En el caso de la moción aprobada por el Consell Comarcal del Vallès Occidental, además de reclamar una subida impositiva sobre la actividad económica, se pide a la Generalitat de Catalunya la exigencia de un mínimo de metros de separación entre locales, y que "se prohíba la instalación de terminales de apuestas deportivas en salones de juego, bingos, casinos y bares o establecimientos de restauración".

La moción aprobada en el Ayuntamiento de Terrassa, impulsada por Terrassa en Comú (TeC), incluye esas mismas reclamaciones al ejecutivo autonómico y apunta algunas medidas que sí competen al Gobierno municipal. Entre estas está la creación de un censo de locales de apuestas, iniciar un plan de actividades informativas en las escuelas sobre los efectos del juego o reforzar la formación de la Policía local sobre las infracciones más habituales en el sector, como por ejemplo "el acceso de menores y personas incapacitadas a nivel legal" a los establecimientos de juego.

Un fenómeno preocupante

El teniente de alcalde del área de Desarrollo Económico de Terrassa, Manuel Giménez (PSC), considera que "la proliferación de las casas de apuestas en los últimos años es un fenómeno preocupante" y confía en que la "gestión de la normativa general y urbanística" convierta la ciudad "en un municipio más seguro y razonable en el ámbito del juego y en un referente del municipalismo sobre la gestión del problema". Xavi Matilla, representante de TeC, denuncia el "impacto social que la actividad tiene sobre la población más vulnerable" y espera que las medidas aprobadas sirvan para "identificar el problema en la ciudad y evitar su repercusión".

El problema de la mayoría de las medidas incluidas en estas mociones es que ya están previstas en la legislación catalana y serían posibles con un simple intercambio de información con la Generalitat. La normativa establece un mínimo de 1.000 metros de separación entre cada nuevo local y, en lo respectivo a la identificación de los locales presentes en cada municipio, la Conselleria de Economia i Hisenda del Govern catalán tiene publicado el censo de las 127 salas de juego, cuatro casinos y 50 salas de bingo activas en Catalunya. El censo muestra una situación especialmente llamativa en Terrassa. Si en un municipio vecino –y de tamaño, población y estatus equivalentes– como Sabadell, hay dos salones de juego y un bingo, en la ciudad egarense se cuentan hasta siete locales de la primera categoría y tres de la segunda. Por ponerlo en perspectiva, L’Hospitalet de Llobregat es la segunda ciudad más poblada de Catalunya y solo suma cinco locales de juego.

La Direcció General de Tributs i Joc de la Generalitat considera que la legislación catalana en esta materia es modélica. Además de los 1.000 metros de separación entre los locales, la ley establece también un máximo de 126 salas de juego –si existen 127 es por una resolución judicial del año 2015–, cuatro casinos y 75 salas de bingo, el único apartado con licencias disponibles en la actualidad. Asimismo, en las últimas semanas la legislación se ha fortalecido con un nuevo decreto ley que obliga a todos los establecimientos a instalar un control de acceso en la entrada, y no solo en la zona de máquinas, tal y como sucedía hasta ahora en algunas salas de juego. La medida tiene como objetivo evitar situaciones irregulares, como la entrada de menores, y reforzar la protección de los inscritos en el registro de personas que tienen prohibido el acceso a las salas de juego. "Son medidas bien acogidas por el sector, exitosas y que están siendo replicadas en otras comunidades, como Madrid y Galicia", expone Natalia Caba, directora general del área.

El registro aludido incluye a todas las personas que tienen vetada en Catalunya la entrada a estos locales, ya sea por imperativo legal o porque han pedido inscribirse en él de forma voluntaria, y constituye un buen indicador para discernir si hay un aumento alarmante de la ludopatía. Según los datos de la Generalitat, el listado contaba en 2013 con 12.308 inscritos, por los 12.950 de finales de 2018, con 634 menores de 30 años. Un incremento de casi el 5% en un lustro.

El Govern autonómico recuerda que todas estas medidas se han tomado de acuerdo con el propio sector, que quería evitar situaciones que pudieran dañar su imagen. "Se trata de una industria profesionalizada, que entiende su actividad como una alternativa de ocio con unas externalidades que deben controlarse, y son los primeros que no quieren problemas", explica Caba, que asegura que la práctica totalidad de las denuncias que llegan a su departamento relacionadas con los salones de juego tienen que ver con problemas de convivencia vecinal, como por ejemplo el exceso de ruido, y no con prácticas irregulares para atraer a los jugadores.

El Consejo Empresarial del Juego –CE Juego; la patronal del sector– comparte la visión de la Generalitat. "Además del límite de establecimientos y la distancia entre ellos, está todo registrado y limitado, incluso el número de máquinas que hay en la hostelería", explica Alejandro Landaluce, director general de CE Juego, que considera que la situación en Catalunya no es comparable con la de otras comunidades. "En Madrid no hay un máximo de locales permitidos ni había una distancia mínima establecida, por lo que hay arterias comerciales principales repletas de salas de juego. Pero eso no pasa en Catalunya", argumenta Landaluce.

El representante de la patronal sí que encuentra una explicación a la alarma que se ha generado con el acercamiento de los jóvenes al juego y la atribuye a un cambio en la oferta. "Hay nichos de mercado, como el bingo, que siguen activos para un público que empezó con ese juego y al que le sigue gustando, pero que están en decadencia. Los nuevos productos son para los clientes jóvenes, de entre 25 y 35 años, y ellos ahora juegan a las apuestas deportivas, como antes lo hacían con el póquer", argumenta Landaluce, que mantiene que los índices de ludopatía no han crecido significativamente en los últimos años.

Invitaciones al juego

Si la legislación y las propias salas trabajan para crear un cuerpo normativo estricto con lo que sucede dentro de los establecimientos, el control de su entorno, que a menudo ofrece a los jugadores incentivos difíciles de rechazar, escapa a su competencia. "El ludópata busca la forma de conseguir dinero para jugar, y una situación que muchos nos exponen es que, alrededor de los locales de juego, encuentran a personas dispuestas a prestarles dinero; el problema llega cuando estas les reclaman la devolución con intereses", narra la doctora Susana Jiménez, que asegura que el 25% de los jugadores patológicos llegan a cometer actos delictivos como consecuencia del juego. Otra de las situaciones recurrentes que cuentan los pacientes es la acumulación de deudas importantes por la suma de hasta una docena de micropréstamos que algunas compañías de crédito ofrecen al momento y sin pedir explicaciones.

La doctora Jiménez reclama campañas de prevención para evitar que el fenómeno vaya a más y pide poner el foco en los anuncios de apuestas deportivas. "Se está creando una aceptación social, como si apostar formara parte del propio deporte, y eso tiene un gran impacto en grupos vulnerables: los estudios demuestran que los niños de entre 8 y 10 años piensan en apostar en cuanto tengan la oportunidad, porque lo ven como algo sencillo y sin riesgos", sostiene Jiménez.

Aunque buena parte del juego de estas nuevas generaciones se lleva a cabo en el ámbito on line, la especialista de la Unitat de Joc Patològic de Bellvitge insiste en que los salones sirven a menudo de primer punto de contacto con las apuestas, un primer acercamiento a un problema que afecta a un número significativo de personas.

UNA DE CADA 100 PERSONAS ES ADICTA

Según la Dirección General de Ordenación del Juego, del Ministerio de Hacienda, el 0,9% de la población española tiene un problema con el juego y el 4% muestra conductas de riesgo. Según un estudio sobre prevalencia, comportamiento y características de los usuarios de juegos de azar en España, publicado en 2015, el perfil del jugador patológico era el de un hombre (69,6%) de entre 25 y 34 años, o entre 55 y 64 años, que se inició en el juego a los 19 años.