Las ‘patatas calientes’ de las grandes ciudades

BARCELONA

Vivir en la capital catalana es más difícil que en 2015

La subida de los precios de alquiler y compra ha seguido a pesar del compromiso de Colau con el derecho a la vivienda

Jordi Bes

El acceso a la vivienda en Barcelona es más difícil que cuando empezó el mandato, en el alquiler y en la compra. El compromiso de Ada Colau (BComú) para preservar el derecho a la vivienda –una de las bazas que la aupó a la alcaldía en 2015– ha sido insuficiente para evitar que se disparen los precios. Jaime Palomera, del Sindicat de Llogaters, hace hincapié en que "el problema transversal es la burbuja de precios en el alquiler", y apunta que mitigarla depende en gran medida del Estado, al que pide regular los precios y volver a los contratos indefinidos. Lucía Delgado, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), mantiene que hay que acabar con las demoras de la Mesa de Emergencia. En marzo, 494 familias seguían sin piso pese a tener uno adjudicado. Las esperas superan el año. Delgado celebra la creación de un servicio municipal para intervenir en los desahucios (SIFO), pero advierte que debería mejorar su relación con los servicios sociales, ya que "la descoordinación la sufren las familias más vulnerables".

La PAH y el sindicato ponen el foco en los grandes propietarios. "No puede ser que los inversores, los fondos buitre y las socimis vengan a colonizar la ciudad y no dejen más contraprestación que desahucios o precariedad", sostiene Delgado. Una opción podría ser subirles el IBI, propone Palomera. La PAH, además, exige más agilidad en la construcción de vivienda social, y celebra que haya prosperado la propuesta de las entidades de obligar a destinar el 30% de la superficie de los nuevos edificios a pisos sociales. El Ayuntamiento defiende que trabaja para ampliar el parque público y que hay más de 70 promociones en marcha, en parte para cubrir las emergencias. También asegura que ha intentado impulsar medidas para controlar los precios del alquiler, pero que el Estado le ha cerrado la puerta, y la Generalitat creó un índice de referencia sin medidas que lo hagan efectivo. El Consistorio añade que ha promovido la cesión de vivienda de grandes tenedores y la compra de edificios y pisos del mercado privado, entre cuyos objetivos está frenar la especulación.

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

La transformación de la Gran Via no convence a todos

El Plan Director Urbanístico en el entorno de la plaza Europa sigue adelante sin consenso político y con la oposición vecinal

Queralt Castillo Cerezuela

Una de las patatas calientes que afecta a L’Hospitalet de Llobregat –pero también, por extensión, a Barcelona– es el Plan Director Urbanístico Gran Via-Llobregat (PDU), una importante transformación que está llamada a cambiar la configuración del área metropolitana. Elaborado a espaldas de la ciudadanía, generó varios rifirrafes políticos que llevaron al conseller de Territori, Josep Rull (JuntsxCat), a firmarlo sin consenso, y apenas con la complicidad de la alcaldesa de la ciudad, Núria Marín (PSC). En la actualidad, los grupos de ERC, CUP, Canviem y Cs en el Ayuntamiento continúan rechazando el proyecto, que tampoco tiene el apoyo de vecinos ni gran parte del tejido asociativo de la zona.

El PDU quiere seguir transformando el entorno de la plaza Europa, que se ha convertido en un gran polo de actividad económica en Catalunya, sobre todo desde que empezó a acoger el Mobile World Congress, el evento tecnológico más importante del mundo y que ha situado en el mapa el distrito económico Fira Barcelona-Gran Via. El plan contempla la construcción de una veintena de rascacielos en Bellvitge para dar cobijo a grandes corporaciones internacionales y hoteles –todo ello en la ciudad más densamente urbanizada y poblada del sur de Europa–, el soterramiento de 1.000 metros de la Gran Via y el establecimiento de un clúster biomédico. No prevé, en cambio, la construcción de viviendas. La inversión, de 176 millones de euros, ha de ir a cargo de fondos privados de las empresas que tengan interés en la zona.

Una treintena de entidades vecinales de L’Hospitalet, agrupadas en la Assemblea No Més Blocs-Salvem L’H, se oponen desde 2015 de manera frontal al plan. "Decimos no a un proyecto urbanístico supramunicipal que afecta al 10% del territorio de la ciudad y que supone una agresión irreversible en materia medioambiental", reza uno de sus manifiestos. El colectivo argumenta que el PDU Gran Via-Llobregat acabará con la última zona agrícola de L’Hospitalet –Can Trabal, que se transformará en un gran parque urbano– y que "empeorarán los índices de contaminación aérea, la densidad de población y el tráfico". El proyecto ha recibido más de mil alegaciones, y ya se han presentado varios contenciosos administrativos, aunque todo parece indicar que ni las quejas de los vecinos ni el rechazo de algunos partidos políticos frenarán esta gran transformación.

TERRASSA

La salud del comercio local genera debate

La patronal Cecot y la oposición alertan del cierre de tiendas, que el Ayuntamiento y los comerciantes relativizan

Víctor Solvas

Las noticias sobre el cierre de locales comerciales históricos en el centro de Terrassa se suceden. Los vecinos de la cocapital vallesana se han despedido de la juguetería Edima, la mercería Esmeralda, la cafetería Brasilia o el Forn Vergés. Negocios que, en algunos casos, rozaban un siglo de vida.

Entidades como la patronal Cecot y partidos tan ideológicamente dispares como la CUP y Ciudadanos han alertado sobre este goteo de persianas bajadas. "Necesitamos mejorar la salud comercial de Terrassa", reclamaba la presidenta de Cecot Comerç, Cristina Escudé, a los candidatos a la alcaldía, a los que pide transversalidad para que la cocapital del Vallès gane atractivo comercial. Por su parte, el representante local de la CUP, Ander Zurimendi, defendía a finales de 2018 que "los centros comerciales suponen una competencia desleal sobre el pequeño comercio"; mientras que el portavoz de Cs, Javier González, alertaba de que los 14 locales antiguos que permanecen cerrados en una vía emblemática como la de Sant Pere son "un síntoma muy evidente de lo que ocurre".

Pero no todo el mundo comparte la preocupación por la salud del comercio. "De los 300 comercios registrados en el centro, solo el 12% están cerrados, y muchos lo están por obras o traslados", asegura el regidor de Comercio, Amadeu Aguado (PSC), que lamenta la imposibilidad de actuar sobre los precios de alquiler desde el Consistorio. El representante considera que "políticamente interesa crear la leyenda de un comercio local muerto", pero recuerda que en Terrassa hay un 40% de negocios tradicionales, por tan solo un 30% de tiendas clónicas o franquicias.

"El comercio en Terrassa está vivo", aseguran, por su parte, fuentes del equipo técnico de la asociación de comerciantes de Terrassa Centre. Visualizan cierta exageración en el debate y atribuyen los cierres a dos motivos: jubilaciones y, especialmente, el elevado precio de los alquileres. "Tras la finalización de los contratos de renta antigua, muchos propietarios especularon con los precios, pero la realidad es que la mayoría de los locales que cierran acaban abriendo a los pocos días en otras partes de la ciudad", explican.

El último ejemplo del impacto del precio de los alquileres para la supervivencia de los negocios fue el publicitado cierre de la tienda H&M, que durante 16 años ha estado instalada en el centro de la ciudad. Tras anunciar su liquidación, el propietario del local aceptó rebajar el precio del alquiler y el negocio ha vuelto a abrir sus puertas. Un final feliz que muchos desearían para el resto de espacios que se mantienen sin actividad.

BADALONA

Los problemas con el acceso a la electricidad persisten

El Consistorio sabe cuánta gente pincha la luz por falta de recursos o por fraude, pero no hace públicas las cifras

Montse L. Cucarella

El mandato acaba en Badalona sin resolver una situación social que ha tenido graves consecuencias: los cortes de suministro eléctrico, principalmente en el barrio de Sant Roc. En febrero de 2017, una multitudinaria manifestación por las calles del municipio –encabezada por las alcaldesas de Badalona y Santa Coloma de Gramenet, Dolors Sabater y Núria Parlon– evidenciaba un problema en auge y cuyo origen se halla, en la mayoría de los casos, en la vulnerabilidad de las familias que no pueden pagar los servicios básicos. A estos se suman aquellos casos de vecinos que pinchan la luz al estar ocupando ilegalmente una vivienda y los que sobrecargan la red por el cultivo de marihuana dentro de los pisos. "Hay que garantizar el suministro y fijar un sistema de tarificación social a partir de la revisión, y si es preciso hay que condonar la deuda", propone Carles Sagués, secretario de la Plataforma Sant Roc Som Badalona.

Una de las propuestas para resolver esta situación era el proyecto Bloque a bloque, que tenía que realizar el Consorci Badalona Sud –ente al 50% entre Generalitat y Consistorio–, que, "al no poder adaptarse a las exigencias de los procesos administrativos del Ayuntamiento", tuvo que frenarse, detalla Sagués. El programa pretendía analizar, casa por casa, la situación de cada familia para constatar cuántos usuarios pinchan la luz por falta de recursos y quién hace un uso fraudulento de la red eléctrica. Un proyecto parecido se ha realizado tras el trágico incendio del 5 de enero de 2019 que acabó con la vida de tres personas en un edificio de diez pisos en Sant Roc. La causa del fuego fue la sobrecarga eléctrica en un piso ocupado ilegalmente.

El Ayuntamiento de Badalona (PSC) asegura que dispone de estos datos tras el análisis elaborado en colaboración con la compañía de electricidad, aunque no los hará públicos. En los casos de fraude, "actuará la disciplina urbanística", afirman fuentes municipales. Por lo que respecta a las familias con dificultades para pagar los suministros, el concejal de Servicios Sociales, Jordi Subirana, explica que están elaborando un protocolo para agilizar las ayudas económicas destinadas a la eficiencia energética. "Se trata de que la ayuda se dé lo más rápido posible", afirma. Aun así, ve difícil ponerlo en marcha antes de las elecciones municipales.