Aunque la educación pública debe ser gratuita, un estudio reciente demuestra que no solo no lo es, sino que existen numerosas diferencias entre lo que las familias tienen que aportar en función de cada centro. Un gasto en forma de cuotas para materiales y salidas que varía dentro del territorio catalán y que contribuye a incrementar la segregación de los estudiantes. El informe, desarrollado por la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (Fapac), surgió de la sospecha de este colectivo de que existía una presencia masiva de cuotas en las escuelas públicas y evidencia la contribución económica de las familias al sistema educativo público catalán. La principal conclusión es clara: el 96% de las escuelas públicas catalanas encuestadas cobran cuotas en concepto de material escolar. "Hemos detectado que la cuota está institucionalizada y que no es voluntaria", explica la directora de la entidad, Lidón Gasull, que detalla que las familias pagan a los colegios en concepto de material escolar un total de 65,3 millones de euros, además de 78,4 millones por las salidas y excursiones de sus hijos.

Escuelas 'guetizadas'

"Muchos de estos pagos son ilegales", asegura Gasull, que recuerda que las cuotas en ningún caso pueden ser obligatorias, ya que la ley establece que está prohibido que los centros las cobren, y el único supuesto en el que estas son legales es que sean voluntarias. Ahí reside, a su juicio, gran parte del problema, ya que, al preguntar a las familias si creen que estas cuotas son obligatorias o voluntarias, el 82% de las encuestadas consideran que son obligatorias y casi el 42% señala que de su impago se derivan consecuencias, "como que los niños se queden sin salidas, que no se les dé el material escolar o amenazas de derivaciones a los servicios escolares". Ante esto, Gasull insiste en que el cobro de las cuotas es ilegal, con el agravante de que estas se exigen para desarrollar actividades en horario lectivo. En su opinión, no se puede admitir que aquellos que no pagan no participen en las excursiones en horario lectivo, ya que cuando eso sucede se deja de educar a una parte de los niños y se vulnera el principio de igualdad de la enseñanza pública.

Gasull avisa de que "la consecuencia más grave es que ello es el inicio de la segregación escolar". Las cuotas dan lugar a centros en los que las familias pueden permitirse ciertas actividades y otros en las que los padres no pueden acceder a ellas, creando "escuelas guetizadas". Además, señala que familias con poca capacidad económica se autoexcluyen y evitan ir a escuelas donde se programan estas actividades. "Es la base de la segregación", mantiene. Y esto se produce de una manera arbitraria, dándose el caso de que en las escuelas del Vallès Occidental las cuotas son un 300% más caras que las que pagan las familias de las Terres de l’Ebre. "Es una disparidad muy grande", lamenta Gasull. También se registran estas diferencias en Barcelona ciudad, el Maresme y el Vallès Oriental.

Ante este escenario, las familias pueden plantarse, pero, si bien la opción de negarse a pagar existe, la directora de la Fapac y abogada experta en derechos humanos reconoce que "hay poca insumisión", porque lo que está en juego es la educación de los hijos, aparte de conllevar ser señalado en el centro. "Hemos tenido familias que se negaban [a pagar las cuotas] y recibían correos electrónicos recordándoles los impagos, reclamándoles los retrasos y a cuyos hijos no les dejaban ir de excursión", denuncia Gasull.

Desinversión en la pública

"Es blanco sobre negro que la educación tiene que ser 100% gratuita y que las cuotas están prohibidas", dice Gasull, que matiza que, si bien las escuelas pueden pedir que se paguen los libros de texto, la administración educativa, por ley, "tiene que ir implementando sistemas para llegar a su gratuidad". Sin embargo, y desviándose del camino a seguir que marcan las leyes, el sistema educativo público pasa por una desinversión del 20% en la partida de funcionamiento de los centros. Gasull señala una correlación entre lo que aportan las familias de más y esta reducción del presupuesto, de manera que, si el Govern volviera a invertir un 20% más –es decir, la cantidad que se invertía en el año 2010–, "esto estaría resuelto", asegura.

Con la voluntad de llegar al fondo del asunto, la Fapac ha trasladado a la Generalitat su informe La contribución económica de las familias al sistema educativo público catalán y tendrá una sesión de trabajo con el Departament d’Educació este mes de enero. "No nos han negado el resultado del informe", explica Gasull. La entidad está preparando la versión extendida del estudio, para hacer un análisis más a fondo, y también una versión en castellano, para ponerse en contacto con federaciones de AMPA estatales y ver hasta qué punto esta práctica está generalizada, ya que sospechan que sucede "en unas comunidades y no en otras".

A este respecto, fuentes de la Generalitat se limitan a asegurar que están "muy interesados" en la cuestión y que tienen previsto estudiar los datos con detenimiento. Asimismo, remiten a una pregunta parlamentaria al conseller de Educació, Josep Bargalló (ERC), planteada por el diputado Vidal Aragonés (CUP) el pasado mes de noviembre acerca del copago encubierto a través de cuotas, en cuya respuesta confirmó el interés del departamento por el asunto y reclamó "urgentemente" un presupuesto para desarrollar políticas educativas. Bargalló agregó que este inicio de curso ya se ha obligado a las escuelas a publicar en sus páginas web la normativa de cuotas voluntarias y dijo que, en estas aportaciones, "la inspección tiene órdenes, a partir de la información recogida, de actuar". A la espera de las reuniones y de un análisis de los datos, la Generalitat apela al Pacto contra la Segregación Escolar, por el que el Síndic de Greuges de Catalunya analiza también, "entre otros costes, los de las cuotas", apuntan fuentes del organismo.

Cuotas con consecuencias

Desde el AMPA de una escuela del Vallès Occidental, uno de sus portavoces –que prefiere mantener su anonimato y el del centro– asegura que las familias son "bastante conscientes" de que las cuotas son voluntarias y asume que las consecuencias de no pagarlas son tener que llevar el material de casa y no poder participar en las salidas. El portavoz mantiene que, a raíz de la queja de una familia, su centro aprobó un protocolo que se aplica en estos casos. Y añade: "Desde nuestra AMPA pedimos que, antes de dejar a un niño sin salidas, se intente mediar con un técnico de servicios sociales". En su caso, las familias pagan unos 130 euros de material y unos 100 euros de salidas anuales, aunque en los años en los que hay colonias la cuota de salidas aumenta unos 100 euros. Aparte, pagan la cuota de 12 euros del AMPA.

Las cuotas, no obstante, las gestiona cada centro, y éstos son los que saben si hay niños que no pueden acceder al material escolar y a las salidas. La dirección de la escuela en cuestión ha declinado hacer declaraciones a El Quinze. Con todo, para el portavoz del AMPA, una cosa es que se dediquen todos los recursos necesarios a la educación –que, a su parecer, seguramente no son suficientes– "y otra cosa es exigir que vaya todo a cargo de la Administración", matiza. E insta a ser realistas en cuanto a los recursos que hay, siendo necesario un debate sereno en torno a las cuotas. "No veo mal que las familias contribuyan a estos conceptos, siempre que estén dentro de unos límites aceptables y haya una política de becas para asegurarse de que nadie queda excluido", opina el portavoz.

DIFERENCIAS EN BARCELONA

Otro estudio, realizado hace unos meses por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) por encargo del Consorci d’Educació de Barcelona para diagnosticar la segregación en la ciudad, ha revelado que las familias de la escuela pública de Sarrià pagan una media de 344 euros anuales en cuotas de material, libros y actividades, el triple que las familias de barrios como el Besòs i el Maresme y Ciutat Vella, que no superan los 125 euros. Aparentemente, eso generaría desigualdades en las oportunidades de aprendizaje de los alumnos, en función de si la escuela pública está situada en un entorno pobre o rico. Según el estudio, entre los barrios que acarrean un mayor gasto están también Vallvidrera-El Tibidabo-Les Planes, Les Corts, la Dreta de l’Eixample y la Font d’en Fargues.