El reto de acoger a menores extranjeros

"Nuestra familia era pobre, pero no era una situación grave. La cosa se complicó cuando murió mi padre, que era el único que trabajaba. Yo me sentía una carga y estaba cansado de ver sufrimiento. Me harté y empecé a buscar una salida". Así empieza el relato de Mohamed Amriui, un joven marroquí originario de Fez que a los 17 años dejó su país para esconderse en un camión de mercancías y cruzar como polizón el puerto de Beni Ansar –limítrofe con la ciudad autónoma española de Melilla– tras cuatro meses de intentos. Cuatro meses jugándose la vida. "Te pillan y te echan; te pillan y te pegan...", cuenta. Pero su decisión estaba tomada, no había vuelta atrás. Así consiguió cruzar el Estrecho de Gibraltar y volver a pisar tierra firme.

Lo que Mohamed no esperaba es que las cosas pudiesen ir a peor. "Nos habían contado que Europa era la panacea para vivir una vida digna", explica resignado. Su sensación al llegar a España no fue precisamente la de sentirse acogido. Después de seis meses en un centro de menores en Barcelona, fue expulsado de un día para otro al cumplir la mayoría de edad. En ese momento, empezó una aventura dolorosa de dormir en la calle, de cambiar de ciudad, de pasar hambre y, en alguna ocasión, de tener que robar para comer: "No creía que se pudiera pasar hambre en España", reconoce el joven. Ahora, con 23 años, ha conseguido un techo, una habitación, y espera poder hacer un curso de fontanería y dedicarse de lleno al oficio.

Para su madre y sus cinco hermanos, su historia es un caso de éxito y le consideran un héroe. Desconocen los sufrimientos y desengaños que ha vivido Mohamed, que no podía ni haberse imaginado la "aventura" que le tocaría vivir hasta conseguir un hogar. Lo logró de la mano del Espacio del Inmigrante, un grupo de personas independientes que busca dar voz y herramientas a los extranjeros.

Como Mohamed y otros miles de jóvenes, Karim lleva un año tratando de colarse en un ferry para cruzar el Estrecho escondido debajo de un camión. Su voluntad también es firme. Sus brazos y sus manos no esconden las heridas abiertas causadas por las cuchillas afiladas de la Valla de Melilla. Allí mismo se las mostraba, a principios de este mes de mayo, a David Rodríguez, vocal del Colegio de Trabajadores Sociales de Catalunya. Hablando con estudiantes de un máster específico de la Universitat de Barcelona (UB) sobre menores extranjeros sin referentes familiares, Rodríguez deshace el recorrido que emprenden la mayoría de migrantes jóvenes en solitario, y que llegan a Ceuta y Melilla procedentes de Tetuán, Tánger y la región subsahariana. El trabajador y educador social constata que esta fuga de jóvenes, que tienen un fuerte sentimiento de pertenencia familiar pero no territorial, "no se detendrá". Y por ello se decanta por crear mecanismos que eviten riesgos para los muchachos.

Aumento exponencial de las llegadas

Hasta marzo de este año habían llegado a Catalunya 625 menores extranjeros no acompañados. Son los mal llamados menas, como critican algunas entidades que advierten de la estigmatización que esconde esta etiqueta. El año pasado se registraron 3.659 llegadas, muchas más que las 1.489 de 2017; las 684 de 2016, y las 377 de 2015. La llegada masiva ha tensionado y sacado a la luz las costuras de un sistema de protección que, en palabras de Rodríguez, "está colapsado".

Lo suscribe la portavoz de SOS Racisme, Alba Cuevas, que opina que el sistema tenía carencias y que ahora éstas son más profundas. El trabajador social agrega que el itinerario trazado se incumple porque la llegada de estos jóvenes está más dimensionada que la salida del sistema. "¿Y qué vamos a hacer con el millar de jóvenes del sistema que este año cumplen los 18 años?", se pregunta.

Entran como menores protegidos y salen como adultos en situación ilegal. El perfil de los jóvenes sin referentes es el de un chico de 17 años que llega desde la frontera sur. Ya en Barcelona, los Mossos d’Esquadra le derivan a la Fiscalía para iniciar una ficha de registro. Si es más tarde de las 20 horas, lo hace la ludoteca de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia). Las autoridades atribuyen a la recepción masiva y a la falta de planificación de las llegadas los casos de menores durmiendo en ludotecas de la Dgaia y en las comisarías de los Mossos para asegurarles un techo. La Generalitat de Catalunya lo achaca a la falta de aviso previo por parte del Gobierno central, a quien le pide más recursos y una mejor coordinación.

La estrategia de atención, en realidad, prevé que, una vez abierta la ficha de registro, los jóvenes sean trasladados de inmediato a un centro de primera acogida, donde se les practica una revisión médica y se intenta contactar con sus familiares. Esta fase debería durar una semana, pero las entidades aseguran que a menudo se alarga por falta de plazas en el siguiente estadio, un centro de emergencias cuyo equipo técnico especializado debe valorar si el menor se encuentra desamparado, y que iniciará los trámites administrativos necesarios para conseguir alguna documentación del país de origen. Por ejemplo, un certificado escolar.

El miedo y la angustia generados por las situaciones de violencia que han vivido durante el proceso de llegada empiezan a desvanecerse en este momento, porque es cuando los jóvenes constatan que "nunca Catalunya ha repatriado a ningún menor", explican algunos educadores. Aquí, los jóvenes empiezan a colaborar, y el equipo de atención valora una propuesta de acogida, que puede pasar por un ingreso en un centro de menores, un centro de acogida o, en algunos casos, la participación en escuelas de formación ocupacional. En caso de no haberse podido confirmar la edad con documentos oficiales, se les practica una prueba para determinarla que dura una media de tres o cuatro meses y que asegura la expedición de un permiso de residencia. En este momento, los jóvenes empiezan a respirar tranquilos, aunque por poco tiempo, ya que la mayoría de edad les acaba expulsando del sistema más pronto que tarde. La ley, de hecho, les impide trabajar con el certificado de residencia.

Fuentes de Entitats Catalanes d’Acció Social (Ecas) critican la falta de planificación del último año, en el que se ha pasado de un modelo de trabajo social previo, de diálogo con la comunidad, con los ayuntamientos y con las entidades, a improvisar la creación de plazas para jóvenes a través de empresas externalizadas que no han llevado a cabo ese trabajo comunitario previo. A eso atribuyen los problemas de convivencia, los brotes de xenofobia y los recientes ataques a centros de menores acontecidos en Castelldefels y Canet de Mar. "Existe una lógica permanente de que no se humanice a estos sujetos. Y el trabajo vecinal está muy invisibilizado, cuando la comunidad es la clave", refieren fuentes del Espacio del Inmigrante.

Muestra de ello es la Asociación Ex-Menas, que trabaja por los derechos de los extutelados y contra la criminalización que, aseguran, vive el colectivo. Con este fin, lanzaron en febrero una campaña divulgativa –con música del rapero Valtonyc– en la que rebaten algunos prejuicios, como que "los menas son drogadictos". Los que consumen cola es porque tienen hambre o frío, explican. También niegan que no quieran trabajar, y alegan que es la falta de la documentación necesaria lo que se lo impide. Sobre las acusaciones de robo, aseguran: "No somos todos unos ladrones". Y evidencian que, de entrada, nadie quiere vivir en la calle. La semana pasada, los Mossos d’Esquadra les daban la razón, cuando informaron de que el 82% de estos jóvenes no delinquían. Muchos medios titularon refiriéndose al 18% restante.

El educador social Aziz Matrouch critica que el sistema no acoja "de ningún modo": "Ellos llegan y las instituciones les recogen de la calle, o más bien los apartan, para generar esa marca Barcelona y que no molesten al turismo", sostiene. El sistema de protección, en su opinión, no está desbordado, sino que es insuficiente. Educadores, trabajadores sociales y entidades coinciden en la necesidad de inyectar recursos para asegurar una atención adecuada y salvar el proyecto vital de estos jóvenes, que requieren de un acompañamiento hacia la vida adulta como cualquier otro adolescente autóctono. Lamentan que el proceso no se está dando en igualdad de condiciones, lo que aboca a los jóvenes a situaciones de mayor vulnerabilidad.

NUEVO CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA

La Generalitat anunció la semana pasada la puesta en marcha este mes de junio de un Centro de Atención Inmediata (CAI) para atender a menores no acompañados que llegan a Barcelona y el área metropolitana. El centro, ubicado en la Zona Franca y bajo la tutela de la Dgaia, tendrá capacidad para 50 menores y contará con la presencia de dos agentes de los Mossos d’Esquadra, dos educadores y dos integradores sociales las 24 horas del día, todos los días del año. El centro, que quiere evitar que las estancias de los jóvenes en las comisarías –a la espera de ser identificados– se alarguen más de la cuenta, ofrecerá a los menores ropa, comida y un lugar de descanso –aunque no de pernoctación–, mientras no se les ubique en un centro del sistema de protección.