De viviendas irregulares a barrios sin servicios

En los años sesenta, muchos vecinos de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat y otras ciudades de la zona adquirieron parcelas en las afueras para construir en medio del bosque una segunda residencia que les permitiese escapar del ruido y la contaminación. Algunos destinos fueron las periferias de Santa Coloma de Cervelló, Torrelles, Molins de Rei, Vallirana o Cervelló, donde proliferaron urbanizaciones promovidas y comercializadas sin planeamiento urbanístico alguno, carentes, a menudo, de una infraestructura de servicios y saneamiento adecuada. Muchas de ellas siguen así 40 años después. Las casas –levantadas, en muchos casos, entre amigos y familiares– se hallan en barrios periféricos sin pavimentar, con serios problemas de limpieza, y sin un transporte público que las conecte con el núcleo urbano más cercano.

Para llegar a la urbanización de la Font del Llargarut, en Sant Vicenç dels Horts, hay que tirar de primera con el coche. Las casas se encaraman en la montaña. El desnivel y la sensación de aislamiento, además de unas vistas que quitan el sentido –desde allí se ve el mar–, le confieren un encanto especial. El pavimento con el que el Ayuntamiento asfaltó las calles hace años empieza a deteriorarse, y en algunos tramos la circulación se vuelve peligrosa. "Uno de los problemas que tenemos es la movilidad: el autobús, que antes pasaba cada hora, ahora pasa bajo demanda: si un vecino quiere usarlo, tiene que llamar el día anterior. Queremos un minibús, pero el Ayuntamiento dice que en el barrio hay poca gente que use el transporte público. ¡La gente no lo usa porque no hay! Si hubiese un buen servicio, sí lo usaría", arremete Martín, que vive en la Font y preside la Asociación de Vecinos y Vecinas. Su suegro construyó la casa en los años ochenta como segunda residencia. Martín y su mujer se instalaron allí "cuando los niños eran pequeños, buscando tranquilidad".

En la Font hay unas 95 casas, "pocos niños y muchos mayores". Celestino Antonio, albañil jubilado, se queja de que no se puedan hacer obras en la urbanización hasta que se apruebe la reparcelación que tiene que regularizarla. También de la inseguridad. "Vivo aquí desde el 78, y nos sentimos abandonados. Hay poca iluminación. Pagar, pagamos igual, eso sí", dice Pepi, su mujer, que ha aparecido con tres biznietas.

Pero hay un problema que preocupa más que los demás: el elevado riesgo de incendios en la zona y el hecho de que en la Font sólo haya un acceso por el que poder salir. "Llevamos años pidiendo que se habilite otro, por si algún día pasa algo, pero nada", asegura Martín. El miedo viene propiciado por la falta de mantenimiento de la vegetación que los rodea: muchas parcelas –algunas del Ayuntamiento y otras de particulares–, así como el bosque, están sucias y poco cuidadas.

Manuel Ortega (JxSV), primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, reconoce que la urbanización no está en las mejores condiciones: "La capa de rodadura tiene agujeros y en algún tramo los matorrales invaden las aceras, pero limpiamos el bosque cada seis meses". La versión institucional poco tiene que ver con la que dan los vecinos. "Limpiamos las rieras hace poco gracias a unos planes de empleo, y hay una brigada que se encarga de ello", defiende Ortega. También resulta contradictoria la versión que el Consistorio da respecto al transporte público. "Los vecinos tienen que llamar al autobús, sí; pero cuando pasaba de forma regular tenía los mismos usuarios que ahora", mantiene el teniente de alcalde. Respecto a los accesos, explica que no se puede hacer otra salida hasta que se apruebe la reparcelación, que, por otra parte, deberán pagar los vecinos: del proyecto se encargará el Ayuntamiento, que aportará entre el 10% y el 20% del presupuesto. Los particulares deberán aportar el resto. El precio a pagar depende del tamaño de la parcela urbanizable que se tenga en propiedad, pero la horquilla iría de los 15.000 a los 60.000 euros por familia, puede que más. El Ayuntamiento asegura que busca la manera de hacerlo lo más económico posible.

Diferente es la situación de Cesalpina, un barrio –Ayuntamiento y vecinos prefieren llamarlo así, no urbanización– de Santa Coloma de Cervelló. Con 600 casas, fue regularizado en los ochenta, cuando se asfaltó y se construyó el alcantarillado. Hoy está en mejores condiciones que muchos de sus iguales. Hace dos años, por ejemplo, se cambió el alumbrado público y se instalaron bombillas LED en las calles, para ahorrar energía. Alfonso llegó a Cesalpina hace 35 años, cuando Santa Coloma apenas tenía 2.000 habitantes. Ahora supera los 8.000. Reconoce que, aunque el barrio está bien acondicionado, hay problemas, como el del envejecimiento de la población. "Nos hemos hecho mayores y las casas no están preparadas. La mayoría no tiene ascensor. Por eso mucha gente se está yendo a vivir al centro del pueblo", explica Alfonso, que fue presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas entre 2009 y 2011.

Esta problemática también la reconoce Gerard Segú (Progrés), concejal de Urbanismo de Santa Coloma: "Somos conscientes de ello, por eso hicimos hace poco un estudio para saber cuántas personas mayores viven en el barrio y para poder hacer un seguimiento desde Servicios Sociales". Las casas de Cesalpina están construidas en la falda del Montpedrós, siguiendo un modelo de urbanismo vertical. Hay grandes desniveles y las casas suelen tener muchas escaleras. Respecto al problema del transporte, Segú es optimista: se ha firmado un contrato con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) para mejorar la frecuencia de paso de los buses que unen Sant Boi de Llobregat con Santa Coloma. "A lo largo de 2019, los buses empezarán a pasar cada 30 minutos", mantiene.

Ni la recogida de basuras, ni la seguridad, ni los accesos preocupan a los vecinos de Cesalpina. Lo que sí les quita el sueño es la falta de aparcamiento. "En el momento de su construcción, muchas casas no lo contemplaron, y ahora el número de coches ha aumentado. La gente deja el vehículo en la acera, lo que dificulta la accesibilidad", dice Segú. Otro problema es que muchas casas no se adaptan a las normas urbanísticas actuales. El Ayuntamiento asegura estar trabajando codo a codo con los vecinos. "Hacemos los requerimientos necesarios a los propietarios de casas antiguas, pero no hemos llevado a cabo una política contundente, porque sabemos que hay vecinos con recursos limitados", asegura el concejal, quien pone de relieve el trabajo de los residentes para mejorar el barrio. "Fueron interlocutores vitales en la regularización del barrio y lo siguen siendo. Su lucha ha sido fundamental", concluye.

CUATRO DÉCADAS FUERA DE LA LEY

La mayoría de estas barriadas irregulares del Baix Llobregat se construyeron antes de la aprobación del Plan General Metropolitano de 1976. En 2009, se aprobó la Ley de regularización y mejora de urbanizaciones con déficits urbanísticos, pero las ayudas se esfumaron con la crisis. En el año 2015, Generalitat, Diputación de Barcelona y AMB empezaron a catalogarlas para determinar sus carencias. Hoy, algunos Ayuntamientos afectados tratan de aprobar proyectos de reparcelación: nuevos planes urbanísticos que han de servir para adaptar las parcelas de estos barrios a la nueva normativa. En la comarca del Baix Llobregat existen más de un centenar de urbanizaciones –concretamente, 103–, pero solamente 55 tienen los papeles en regla. Aunque muchas de ellas comparten bastantes problemáticas, cada una suele tener su particular piedra en el zapato. La Rierada, por ejemplo, situada en el municipio de Molins de Rei, tiene especiales dificultades para la reparcelación de la zona: está dentro del Parc de Collserola y eso encarece todo el proceso. Otro caso es el de Sant Roc, una barriada a medio camino entre Sant Vicenç dels Horts y Santa Coloma de Cervelló. Allí ha costado sudor y lágrimas que los dos ayuntamientos implicados se pusiesen de acuerdo a la hora de hacer frente común para solucionar algunos de los problemas de los residentes.