Plataformas, sindicatos y vivienda en la conflictividad urbana actual

Durante las últimas semanas hemos sido testigos de nuevas variables en los conflictos en torno al acceso a la vivienda. Desde el denominado racismo inmobiliario, práctica que pone de manifiesto, entre otras cuestiones, el poder discriminatorio y xenófobo que ejercen parte de los propietarios de viviendas cuando detectan el origen foráneo de sus potenciales inquilinos; hasta las prácticas de mobbing y acoso que sufren numerosas familias cuando sus caseros estiman que ha llegado la hora de obtener mayores beneficios de sus propiedades mediante nuevos y mayores alquileres; o el paso a otras formas de explotación, como el piso turístico o el alquiler de temporada. 

Las casuísticas son variadas, pero si hubiera que destacar un elemento proactivo en común en todas ellas, este podría ser el protagonismo destacado de la lucha popular y los movimientos sociales.

Los movimientos sociales urbanos

Manuel Castells es uno de los sociólogos más citados del mundo. El ahora exministro se dio a conocer a principios de los años 70 del pasado siglo con una obra fundamental y canónica: La cuestión urbana. En el libro, Castells recogía y actualizaba las aportaciones de la sociología urbana norteamericana de la Escuela de Chicago, así como los trabajos del filósofo marxista Henri Lefebvre, padre y autor del tan manoseado Derecho a la ciudad, bajo una perspectiva crítica. 

Si bien los norteamericanos, con razón, le parecían interesantes empíricamente, pero pobres teóricamente, a Lefebvre directamente lo tildaba de culturalista. Su visión de la sociología urbana era totalizante, científica y conflictiva. Y, algo aún más importante, en el centro de todo situaba la vivienda. Desde entonces, con la excepción del victorioso periodo de imposición del neoliberalismo, entre la década de los 80 y la de los 2000, vivienda y conflicto han ido de la mano, y se ha acentuado y subrayado el papel de la ciudad como esfera por excelencia de los procesos de acumulación capitalista contemporánea.

Castells abandonó su inicial marxismo con su llegada a la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, bajo la Administración Reagan, no sin antes teorizar sobre la conformación de lo que él denominó movimientos sociales urbanos (MSU). Si bien, para Castells, en un principio estos MSU desempeñarían el papel de los sindicatos en el ámbito de la reproducción social; es decir, en cuestiones como la vivienda, los recursos educativos y sanitarios o los espacios verdes y equipamientos deportivos reclamados por los vecinos y vecinas de las ciudades, con posterioridad pasarían a desarrollar formas de resistencia local y a ejercer presión sobre posibles cambios en los significados urbanos. Lo harían a través de las demandas de consumo colectivo, la reivindicación de la identidad cultural y la autogestión territorial, y mediante la articulación institucional y la vinculación a determinados partidos políticos. 

Castells, de hecho, personificaba este tipo de organización en las asociaciones de vecinos y vecinas que proliferaron durante los últimos años del franquismo y primeros años de democracia liberal en la gran mayoría de ciudades españolas. Como tantas cosas, con el asentamiento de la democracia y el juego electoral de los partidos, además de con la construcción de un incipiente, aunque insuficiente estado de bienestar y la aceptación acrítica del capitalismo neoliberal, la realidad de los movimientos sociales acabó por volverse casi residual. Todo cambió con la llegada de la crisis del ladrillo al Estado español.

La crisis del modelo de acumulación

La crisis del ladrillo, llamada Gran Recesión en otras partes del globo, puso de manifiesto al menos cuatro realidades, en relación al tema que estamos aquí tratando. En primer lugar, los límites del neoliberalismo financiero y la peligrosa articulación del sector bancario con el inmobiliario; en segundo, la fragilidad de un marco social y económico —la globalización— que incrementaba notoriamente la interrelación entre economías de todo el planeta; en tercer lugar, que el mercado no podía satisfacer las demandas de acceso a la vivienda de la gran mayoría de la población, aun con el viento a favor del crecimiento económico y la anuencia del sistema bancario; y finalmente, que los MSU no habían dicho su última palabra. 

Las consecuencias negativas del estallido de la crisis son bien conocidas: rescate del Estado e imposición de condiciones draconianas por parte de la famosa Troika (Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Unión Europea), incremento de los niveles de desempleo y flexibilización del mercado laboral, recorte en los servicios públicos y desaparición del entramado semipúblico de cajas de ahorros y pensiones; y, finalmente, pero no por ello menos importante, un proceso acelerado de desahucios, pérdida de viviendas, eternización de los endeudamientos, ruptura de proyectos de vida, suicidios inducidos, desplazamientos forzosos, salida de gran cantidad del contingente migrante que había llegado no hacía tanto a nuestro país, etc. 

Un desastre que, aún hoy, no deja de mostrar sus consecuencias. Sin embargo, la crisis también trajo dos aspectos importantes que, anteriormente, parecían haber estado hibernando: la repolitización de gran parte de la sociedad y la aceptación, como parte del sentido común general, de la importancia del desarrollo y aprobación de políticas públicas que garantizaran el acceso a la vivienda.

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La lucha de clases en el contexto de la ciudad

La conformación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y su consolidación como instrumento de presión, articulación social y política y núcleo de crecimiento en la conformación de hegemonías es fruto, de hecho, de la espantosa salida que se dio desde el Estado a la crisis. Un hecho que no solo determinó la vuelta de las movilizaciones al conjunto del entramado urbano general de las ciudades, sino que vino a poner de manifiesto que las viejas teorías sobre los movimientos sociales urbanos como ejes vertebradores de la lucha de clases en el terreno de la reproducción social, en concreto de la vivienda, no era flor de un día, sino un elemento consustancial, aunque apartado, de la democracia en el marco de un sistema capitalista. 

La PAH ejerció, de esta manera, lo que Castells había teorizado durante los años 70: hizo de sindicato urbano. Si bien es verdad que las diferentes PAHs a lo largo y ancho del Estado mantienen formas organizativas diferenciadas de las antiguas asociaciones de vecinos y vecinas, principalmente formas organizativas mucho más horizontales y democráticas, la consignación de objetivos en torno al ámbito de la vivienda, así como su papel canalizador del conflicto social es un destacado elemento común.

La PAH ejerció, de esta manera, lo que Castells había teorizado durante los años 70: hizo de sindicato urbano

Un paso más en este sentido ha sido el que han dado los Sindicatos de Inquilinas, capaces de mantener una interlocución directa, no solo con propietarios y rentistas, sino también con los diferentes niveles de la Administración del Estado y con el intocable sector bancario. Un avance más en este sentido es, sobre todo en el ámbito catalán, el que representan los Sindicats d’Habitatge Socialista, los cuales enarbolan sin ambages, incluso en su nombre, el carácter de clase de los MSU.

De este modo, plataformas, sindicatos y vivienda se muestran interrelacionados y mutuamente dependientes con la conflictividad urbana actual y demuestran la necesidad, para una democracia sana y activa, de actores que sean capaces de articular las reivindicaciones populares en una amplia gama de sectores, pero quizás de manera más importante, en el de la vivienda.