La vivienda es una necesidad básica, un derecho sine qua non para el ejercicio del resto de derechos, condición básica para la vida y, sin embargo, ni provista ni garantizada por parte de los poderes públicos. De esa contradicción, el capital viene nutriéndose en las últimas décadas y precisamente por eso, la vivienda, lejos de ser concebida y protegida como derecho, se ha convertido en un “activo financiero”. 

Invertir en bienes inmuebles ha resultado ser de lo más rentable. Las viviendas se han convertido en los instrumentos más eficaces para la especulación y son, hoy por hoy, el principal motor de extracción de rentas con poco o nulo aporte de valor social. Es, sin lugar a dudas, el principal campo de batalla del capitalismo financiero y digital en estos momentos.

La situación actual del mercado del alquiler y la cada vez más desigual estructura de la propiedad en nuestro país no se entienden sin recorrer los pasos y los actores que nos han traído hasta aquí: desde la burbuja inmobiliaria y su estallido en 2008, pasando por la creación de las SOCIMIS (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) y el aterrizaje de los fondos de inversión, hasta la llegada de una nueva oleada de rentistas digitales y microinversores oportunistas que se jactan de cómo obtener más y más rentabilidad aunque eso lleve aparejado una contribución directa a la subida de precios y al fomento de la desigualdad.

Lo que comenzó con bancos, constructoras y promotoras ha evolucionado hacia un nuevo ecosistema de rentismo sofisticado que incluye fondos buitre y SOCIMIS, pequeñas y medianas empresas, plataformas digitales con capacidad de alterar el precio del mercado como Idealista o Airbnb o rentistas de barrio con cuentas en Instagram o Tiktok con miles de seguidores.

La banca y la burbuja: el origen del saqueo

Para comprender la evolución de esta situación hay que remontarse a principios de los años 2000, con una banca desbocada que concedía hipotecas sin apenas garantías, alentada por el Gobierno de José María Aznar, que fomentó la compra como una vía de acceso a la vivienda. “El que pueda hacer que haga” trasladado al terreno inmobiliario: “El que pueda construir que construya; y el que pueda sacar tajada, también”. Así, la vivienda se fue configurando como el principal motor de crecimiento económico y símbolo de progreso personal. “Alquilar es tirar el dinero”; “¿qué mejor que invertir en ladrillo y así poder dejar algo de herencia a tus hijos?” eran frases que nos acompañaron durante aquella década. Eran máximas incontestables y ahora vuelven a resonar con fuerza. 

Aquella vieja propuesta del “país de propietarios” del ministro franquista Arrese que se había conseguido consolidar empezó a adquirir, por entonces, una vigencia mayor. Sin embargo, la artificialidad del método, el sobreendeudamiento, la escasez del suelo y los límites del territorio provocaron el estallido de la burbuja inmobiliaria, importada, en parte, desde Estados Unidos y alimentada por la codicia y la connivencia de los intereses económicos de promotores, entidades financieras y administraciones públicas. Las hipotecas de alto riesgo, plagadas de cláusulas abusivas, concedidas a sabiendas de su probable impago y sus consecuentes ejecuciones, determinaron las consecuencias de una crisis inmobiliaria que arrastró a miles de personas a la muerte civil; sin casa y con deudas perpetuas.

Tras la explosión, la banca fue rescatada con dinero público, mientras las mayorías sociales fueron desahuciadas. La vivienda, lejos de cumplir con su función social, se había convertido en un producto tóxico que debía ser rentabilizado a cualquier precio. Sin embargo y a pesar de ello, lejos de aprender la lección, aparecieron nuevos actores.

SOCIMIS, fondos buitre y capitalismo de desposesión

El aterrizaje de las SOCIMIS, impulsado por jugosos beneficios fiscales fomentados tanto por el Gobierno de Zapatero como por el de Rajoy, abrió la puerta al modelo de grandes inversiones inmobiliarias. Estas sociedades desplegaron su negocio y adquirieron paquetes de viviendas públicas vendidas a precio de saldo por parte de administraciones públicas negligentes, como ocurrió en Madrid. El aterrizaje de fondos buitre como Blackstone y otros actores financieros globales, que en poco tiempo se convertirían en los mayores caseros de nuestro país con la adquisición de “activos tóxicos” de bancos rescatados por el Estado, lanzó un inequívoco mensaje: nuestro país es un lugar seguro en el que obtener rentabilidad a través de la inversión en vivienda.

La irresponsabilidad de la banca y las decisiones políticas tomadas entonces abrieron la puerta a una gestión agresiva y opaca centrada en obtener rentabilidad a toda costa. El resultado, sin embargo, lo estamos padeciendo ahora con un aumento desorbitado del precio del alquiler, un déficit masivo de vivienda pública y social, una brecha de desigualdad entre propietarios e inquilinos cada vez mayor y una profesionalización del negocio de la vivienda del que cada vez participan más actores.

Servicers y el modelo del rentismo organizado

En este nuevo contexto, con la Ley de Arrendamientos Urbanos modificada ad hoc en 2013 para facilitar “el dinamismo”, acortar la duración de los contratos de alquiler y rebajar los derechos y garantías de los inquilinos, surgieron operadores como Servahabitat o Solvia, gestores de grandes carteras inmobiliarias que operan, en la actualidad, como intermediarios entre los fondos real state, los bancos y los mercados con el objetivo de mantener el valor de los activos y garantizar la rentabilidad, desahucios mediante. 

Buena nota de ello tomó el rentismo tradicional, que comenzó a profundizar en prácticas especulativas y aumentó, de forma exponencial, las prácticas abusivas a través de inmobiliarias, como la “renovictión”, que consiste en el desalojo de inquilinos bajo el pretexto de realizar reformas. Esto tiene un único objetivo: subir la renta y sustituir inquilinos que ya no resultan rentables por nuevos que sí lo sean; o directamente por turistas.

Los nuevos rentistas: de microinversores a los “inmobros”

Con la popularización de las herramientas digitales, las plataformas de alquiler y los canales de formación financiera ha emergido una nueva fauna de pequeños inversores, una suerte de “quiero y no puedo”, de rentistas aspiracionales que se han lanzado al negocio del alquiler como una forma de ingreso pasivo. Podemos denominarlos “inmobros”, una mezcla de influencer inmobiliario y bróker de barrio que promueve la idea de que cualquiera puede hacerse rico si compra pisos baratos (muchas veces con gente viviendo dentro), los reforma con poco dinero y los alquila o los subarrienda por temporada, por habitaciones o los destina al alquiler vacacional para así obtener márgenes exorbitantes. No gestionan grandes patrimonios, pero su efecto agregado es devastador: encarecen los barrios, expulsan a los vecinos y promueven un modelo de vivienda como mercancía de lujo. 

Algunos operan con un solo inmueble, otros con 3, 4 o 5, pero comparten la lógica del extractivismo urbano: extraer rentas de un bien esencial sin asumir los costes sociales, ambientales, culturales o humanos que eso implica. Este neorentismo es, sobre todo, digital y está parasitando el mercado de la vivienda, cada vez más colonizado por plataformas y algoritmos que desvinculan el inmueble de su función social y lo convierten en un activo de inversión rápida. El portal inmobiliario Idealista ocupa una posición de dominio en este nuevo ecosistema y constituye la principal herramienta de especulación, ya que fija precios, desincentiva las prácticas comerciales honestas y fomenta la discriminación en el acceso a la vivienda.

Mientras la vivienda continúe operando dentro de las lógicas del mercado y los sucesivos gobiernos apuesten por el 'laissez faire', la situación solo puede ir a peor.

El emprendimiento y una supuesta libertad financiera blanquean las prácticas especulativas de estos actores, en muchos casos protagonizadas por episodios de verdadero acoso inmobiliario. Utilizan lenguaje de start-up, pero aplican métodos de desahucio clásico salpicado mediante procesos de dudosa legalidad, como el uso de empresas de desokupación. Se aprovechan de la falta de regulación y de la permisividad institucional para consolidar un modelo éticamente reprobable y económicamente improductivo —salvo para ellos—.

Todo este proceso se ha visto reforzado por un relato mediático que favorece el negocio. La proliferación en la comercialización de alarmas de seguridad, seguros de impago, agencias inmobiliarias y empresas de desokupación, acompañado de programas en prime time que hacen categoría de anécdotas amarillas, han conseguido crear una alarma social y una sensación de amenaza constante a la propiedad privada de la que se nutre el sector inmobiliario. El objetivo es claro: que el negocio continúe sin cortapisas. 

Objetivo: desmercantilizar la vivienda

Mientras la vivienda continúe operando dentro de las lógicas del mercado y los sucesivos gobiernos apuesten por el laissez faire, la situación solo puede ir a peor. Desde las entidades financieras, causantes de la burbuja, hasta los “inmobros”, todos ellos son actores que han contribuido a profundizar en la concepción de la vivienda como activo financiero. Es, por tanto, en la mercantilización y la financiarización de la vivienda donde reside el origen del problema. Deshacer ese fenómeno, que no es natural, sino político, es el único camino. 

Urge revertir la situación y apostar por una política de vivienda que desmercantilice su acceso, que castigue el acaparamiento, que prohíba los usos no residenciales, que desincentive el rentismo inmobiliario disfrazado de emprendimiento y que desmonte la estética del éxito rentista. Hay que acabar con las prácticas de acoso inmobiliario y el relato del miedo. No es tarea fácil, pero sí posible. Se trata de recuperar el valor colectivo del derecho a habitar.