Son 169 artículos a los que, en teoría, están sujetos los poderes públicos y toda la ciudadanía. En cambio, en la práctica, hay poderes públicos que sortean con facilidad ese control constitucional y la ciudadanía se qeda desnuda de esos derechos. En la Constitución hay artículos que asombran por ir a la raíz de los problemas pero, en el día a día, muchos terminan en papel mojado. Sin duda, cumplir de forma literal lo dictado en nuestro ordenamiento jurídico hubiese evitado, en muchas situaciones, la deriva de corrupción del país y, en otras muchas más, los niveles de desigualdad y pobreza actuales.

La Constitución se ofreció como una garantía para proteger a la ciudadanía pero, con el paso del tiempo, muchas personas han visto que gran parte del poder hace oídos sordos a estos mandatos para mercantilizar los propios derechos en busca de beneficios privados. Basta solo reparar en algunos de ellos.

El derecho al trabajo, en el artículo 35, suena a quimera para un 14% de la población activa aún en desempleo, según la Encuesta de Población Activa (EPA). Con una tasa de 8,57% en 2007, pasamos a un 25,77% en 2012. Ahora hemos bajado, pero logrando una mayor precariedad, a costa de que España sea el país europeo de la OCDE con más personas trabajadoras pobres. Entre ellas, la mayoría, mujeres. Bruselas, la misma que apoyó los recortes en políticas sociales, alerta ahora de los niveles de desigualdad en España, donde uno de cada tres menores son pobres, según datos del INE.

Otro punto a tener en cuenta, el derecho a la educación, recogido en el artículo 27. Para Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, supuso la universalización de la educación (primaria y secundaria) pública y gratuita, pero pide añadir otros mecanismos en la Constitución para garantizarlo. ¿Cuáles? “Establecer un mínimo presupuestario o del PIB para educación junto con la cláusula de prohibición de regresividad, suspender los conciertos educativos porque suponen una detracción de fondos para la escuela pública en beneficio de la privada, elitista y, con frecuencia, confesional; y, por último, eliminar la asignatura de religión para garantizar la separación Iglesia-Estado”, detalla el profesor.

El artículo 47, que determina el derecho a una vivienda digna y adecuada, indica que los poderes públicos deben regular “la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. En cambio, desde la ley de Suelo de Aznar se sembraron las semillas de la posterior burbuja inmobiliaria. Ya en 2006, la ONU señalaba nuestra “especulación urbanística desenfrenada” y, años más tarde, en plena ola de desahucios, también alertó de que España violó el derecho a la vivienda a las personas más vulnerables.

A día de hoy, este derecho sigue en el aire, con unos bancos enriquecidos durante toda la burbuja con sus clausulas abusivas, y frente a una Plataforma Anti Desahucios que puso en conocimiento la realidad de los desahucios. La vivienda sigue siendo motivo de especulación. Desde el aumento del alquiler con subidas cercanas al 50%, a viviendas donde los fondos buitres expulsan a familias enteras de sus barrios, alentados por la gentrificación y la industria turística.

Las mujeres son las que tienen mayorriesgo de pobreza. Por mucho que diga el artículo 14, la desigualdad estructural hacia la mujer permanece. Empezando por la brecha salarial y demostrado, en la práctica, en múltiples situaciones diarias. Para Alba Pérez, abogada y representante de Plataforma 7N, “la deficiente implementación de este principio nos impide alcanzar la igualdad real. Los poderes públicos deben cumplir con el mandato constitucional que establece el artículo 9.2 de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales”.

Con todo esto, sonroja leer nuestro artículo 128, que indica que “toda la riqueza del país (...) está subordinada al interés general”. En los últimos años hemos visto cómo ese enriquecimiento se ha dirigido al interés privado. Privatizaciones en la sanidad pública, externalización de servicios y subidas sin precedentes en servicios básicos como la luz. Ese es el panorama de una España donde los ricos cuadruplican a los pobres tras la crisis, según Oxfam Intermon. Y donde el 94% de las multinacionales no aclara su fiscalidad, con el consiguiente recorte de ingresos.

A veces, da la sensación de que los propios políticos ni siquiera han leído la Constitución. O seguramente sí, pero el nivel de protección hacía la ciudadanía es tan alto que algunos no están dispuestos a cumplirla. La Constitución se puede mejorar, siempre, pero quizás lo más importante es el compromiso y la voluntad política para que lo dictado hace ya cuarenta años se cumpla de forma definitiva.