Dolores Delgado: “A los jueces y los fiscales no nos pertenece la justicia, somos administradores de ella”

Dolores Delgado (Madrid, 1962) responde a las preguntas de ‘Público’ para este especial sobre lawfare. La exministra de Justicia y ex fiscal general del Estado tiene claro que la justicia emana del pueblo y que, por lo tanto, se trata de un asunto de soberanía popular. Partiendo de esta premisa, Delgado cree firmemente en una justicia que actúe por el bien común.

¿Qué valoración hace de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el fiscal general, y qué consecuencias tiene para el sistema de justicia español?

El procedimiento que se ha seguido en el Supremo contra el fiscal general y la sentencia mayoritaria que finalmente le ha condenado nos obligan a realizar una profunda reflexión sobre nuestro sistema de justicia. ¿Es igual la Justicia para todos? ¿Es suficiente la actual participación ciudadana en la misma teniendo en cuenta que la justicia emana del pueblo y que los jueces y fiscales somos sus meros administradores? ¿Sus estructuras decimonónicas responden a las necesidades actuales de la sociedad? ¿El sistema de rendición de cuentas de los propios actores en la Justicia es el apropiado? ¿Son suficientes los pesos y contrapesos en el sistema judicial? ¿Es un sistema garantista y seguro para los justiciables? ¿Se cumplen los estándares del debido proceso en todos los niveles de la justicia?. Acatamos las resoluciones judiciales, respetamos el Estado de derecho, pero, y precisamente por ello, nos sentimos legitimados para disentir de ellas; especialmente cuando proceden del máximo órgano de la Justicia ordinaria como es el Supremo. El voto particular dictado por las magistradas Ferrer y Polo expresa de forma clara y precisa el relato de hechos probados, realizando una valoración de la prueba coherente con la aplicación de los principios del proceso penal, conforme a los parámetros constitucionales del debido proceso, procedimiento valorativo que culmina en la consecuencia absolutoria del fiscal. España tiene un sistema de aforamientos exótico en relación con los países de nuestro entorno. Aunque más extraño es, si cabe, el enjuiciamiento en única instancia —sin posibilidad de recurso— previsto para los aforados ante la Sala Segunda del Supremo. Se impide una revisión por un tribunal superior de esa sentencia dictada en única instancia. Esto, además de restringir el derecho de defensa del encausado, genera desconfianza en la propia sociedad. Por ello, es altamente necesaria y aconsejable una reforma de este sistema judicial.

El ruido no contribuye a la justicia porque nos hace perder la percepción de la realidad

Un ejemplo paradigmático de casos judiciales marcando el ritmo de la política fue el de Podemos. Cuando este partido irrumpió, un reguero de casos se abrieron en los juzgados. Las causas se archivaron. ¿Se actuó bien en aquel momento?

Hay una serie de factores que no son de ahora, que vienen de hace muchísimo tiempo. En el crimen de la calle Fuencarral (1888) fue la primera vez que la acción popular la ejercieron los medios de comunicación para saber lo que pasaba en el juicio. Fue un crimen truculento, se trataba del asesinato de una señora a la que también le robaron las joyas. Allí se encontraban la criada que trabajaba en la casa, el hijo que tenía relaciones con el Tribunal Supremo… Los medios de comunicación decidieron ponerse de acuerdo para personarse y poder así obtener información, que fueron sacando en fascículos. Ya podemos empezar a hablar de ese interés público y la función de los medios y de la Justicia...  Ahora lo aderezamos con temas políticos y estamos viendo espacios que no contribuyen a la justicia. Lo digo como funcionaria pública. El ruido no contribuye a la justicia porque nos hace perder la percepción de la realidad. Los secretos sumariales no se respetan, las pautas judiciales tampoco, las investigaciones tampoco… Deberíamos ser mucho más rigurosos con ese secreto sumarial y las consecuencias y los daños que hacen esas publicaciones antes de tiempo, antes de la apertura de un juicio oral. Es verdad que hay que ejercitar la transparencia necesaria para la ciudadanía, pero a su debido tiempo, porque el daño en la vida política es irreversible. La credibilidad en la justicia es irreversible. La credibilidad en los medios de comunicación, también.

En democracia, los poderes actúan como contrapesos. El Judicial actúa como vigilante del Ejecutivo y del Legislativo, pero es más difícil que estos últimos vigilen al Judicial. ¿Qué mecanismos se deben mejorar para velar por la buena praxis de jueces y juezas?

La teoría de la división de poderes es necesaria si cada poder tiene su espacio de actuación y su responsabilidad, lo cual no quiere decir que no existan vasos comunicantes. Tienen que existir, porque todos los poderes emanan del pueblo, de la soberanía popular. A los jueces y a los fiscales, en la parte que nos toca, no nos pertenece la justicia, somos administradores de esa justicia. Por lo tanto, ya tenemos el primer límite: actuar por el bien común, la justicia popular y la soberanía popular. Yo soy una firme defensora del jurado. Creo que hay materias que tendrían que ser de exclusiva competencia del jurado. La prevaricación debería ser enjuiciada no por los pares, sino por el pueblo a través de un jurado. Y el pueblo no es tonto. El pueblo entiende perfectamente los hechos y los puede traducir perfectamente en una responsabilidad o no penal. Los tres poderes se deben a la soberanía popular, son servicio público. Hay vasos comunicantes y, además, tienen que existir contrapesos; no hay poderes absolutos. Cada uno tiene su responsabilidad y, dentro de esta, las acciones o actuaciones pueden ser peligrosas si no tenemos unas normas que establezcan esos contrapesos a los poderes absolutos. Por ejemplo, se critica al o la fiscal general porque es nombrado por el Ejecutivo, pero luego existe un Estatuto Orgánico con una serie de normas que van incluso más allá de los contrapesos. La Fiscalía General es un cargo de designación política para desarrollar una política criminal, que es la que decide la ciudadanía. Si la ciudadanía puede elegir la política educativa, sanitaria, en materia de migración o de violencia de género, también tiene que poder elegir la política criminal de su país. Por eso el fiscal general es nombrado por el Gobierno, emana del pueblo. Un fiscal general del Estado no puede hacer lo que quiera, tiene detrás normas que cumplir. Hay juntas de fiscales de sala en las que se dicen las cosas. Hay contrapesos que evitan tentaciones. En cuanto al Consejo General del Poder Judicial, tiene unas competencias amplísimas, hasta de política criminal, que no tienen otros consejos en otras partes del mundo. Pero hay un componente de soberanía popular, que es donde entra nuestro Poder Legislativo, en el Consejo General del Poder Judicial. Y luego tenemos algo que en otros países no existe, que son las asociaciones de jueces y juezas, de fiscales…. Están muy bien cuando responden a la defensa de intereses asociativos, administrativos e incluso a la defensa de sus asociados, que es correcto; pero no cuando se traspasan determinadas líneas que fuera de España no se entienden. Como cuando hay un enfrentamiento directo por parte de asociaciones o corporaciones con el Poder Legislativo o con el propio Ejecutivo. Tampoco puede ser que la transparencia en algunas corporaciones, en algunas asociaciones sea cero. ¿Cómo se financian? ¿Por qué se presentan como acusaciones populares en causas en las que tienen concernidos a sus propios funcionarios?

¿Se puede hablar en España de “derecha judicial”?

La Justicia en España no es conservadora. Somos, y me incluyo, una Justicia que intenta avanzar y evolucionar conforme a los procedimientos y las leyes. Quizás diría que, en ocasiones, las circunstancias o los hechos van por delante de la Justicia, y entonces nos tenemos que adaptar. Tenemos que ir adaptándonos a lo que nos exige la sociedad, y quizás los procedimientos no son lo suficientemente flexibles. Tenemos una ley de 1882, la de Enjuiciamiento Criminal, que se ha ido adecuando, pero no lo suficientemente deprisa. No quiero decir que la Justicia sea conservadora, sino que va dando pasos. Los pasos que nos permiten las estructuras legales, con dificultades. 

Tenemos una justicia mejorable, pero estructuralmente aceptable

La Comisión Europea, la Comisión de Venecia y hasta el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) se han pronunciado en repetidas ocasiones en materia de la necesidad de reforzar la independencia judicial en España. ¿Cómo se le puede meter mano a esto?

De todos los países hay cuestionamientos. Y luego, cuando bajamos a lo que dice GRECO o la Comisión de Venecia, no es ni blanco ni negro, hay cosas a mejorar, hay cosas que nos valoran. No tenemos un mal sistema de justicia, ni muchísimo menos. Tenemos cosas que mejorar, por supuesto que sí. La institución del jurado, la mediación, la justicia reparadora o la formación en derechos humanos son cuestiones que deberíamos potenciar más. No tenemos una justicia carente de una base sólida, no sería justo que lo dijera. Tenemos una justicia mejorable, pero estructuralmente aceptable.

Hay propuestas dirigidas a que la ciudadanía participe directamente en la elección del órgano de gobierno de jueces y fiscales.

Quizás sea un camino que no está explorado y que podría funcionar, aunque yo soy más partidaria de ayudar a los procesos de preparación con las becas para promover el acceso a la carrera judicial y fiscal, gracias a las cuales podamos igualar oportunidades; a través de bolsas de preparadores más plurales y más institucionales. Y luego, en las oposiciones mismas, que la gente pueda tener acceso a ellas independientemente de su capacidad económica. Yo tuve que trabajar para poder preparar mis oposiciones; hay gente que dedica todas sus horas a estudiar. Así que tenemos que igualar las oportunidades para acceder a la judicatura o a la Fiscalía. Por último, la formación es muy importante; no solamente una formación inicial, sino continuada, permanente. Esto es algo que a mí me parece fundamental; y que se ve en otros países. Nosotros somos muy estancos; es decir, un juez, un fiscal, una vez aprobada una oposición, parece que se instala en una burbuja. En Francia, hacen rotaciones por las distintas administraciones, por los ministerios, por los distintos poderes, porque toda la Administración forma parte de lo mismo, el espacio institucional de un país. Todos estamos al servicio de la ciudadanía. A mí me ha ayudado muchísimo pasar por distintos espacios en la Administración.

¿Deben los y las fiscales ser quienes lleven a cabo la instrucción, como propone la reforma del Gobierno? ¿Queda garantizada la independencia de los procesos con este cambio?

Es una reforma absolutamente necesaria. Somos una excepción en el mundo. Lo que no es normal es que existan unos jueces de instrucción que en el fondo son fiscales. Hablando de la independencia, lo que debemos cuidar es que haya un régimen de recursos adecuado, que exista un sistema de control en determinadas materias que afectan a derechos fundamentales. ¿Tener suspicacias respecto a los fiscales? También podríamos tenerlas de los jueces. Yo confío en la Justicia y creo que debemos normalizar una investigación llevada a cabo por la policía y dirigida por alguien, en este caso los fiscales. Los jueces lo que tienen que hacer es lo que dice el artículo 117 de la Constitución: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

La Justicia, consciente o inconscientemente, se ha convertido en un elemento clave de la política

Para terminar, ¿existe hoy en día lawfare en España?

El término lawfare ha entrado en el debate social. Discutimos sobre la politización de la Justicia. Sobre los vasos comunicantes entre la Justicia y la política. Podemos estar o no de acuerdo en las consecuencias de ese análisis, pero seguro que aceptamos que la Justicia, consciente o inconscientemente, se ha convertido en un elemento clave de la política. Es utilizada como fuente de “munición” frente al adversario político. Esto es frecuente en muchos otros países. El problema aparece cuando ciertos actores irrumpen en la escena pública; y me refiero a algunas asociaciones profesionales conservadoras, que utilizan sus privilegiadas posiciones y bajo el manto de las togas entran en la acción política, arrogándose la titularidad de una justicia profesional e independiente, frente a quienes pensamos que la justicia no nos pertenece, que somos sus meros administradores. Esta solo pertenece a la soberanía popular; y nosotros únicamente somos servidores públicos. ◼