La expresión lawfare es un neologismo reciente que ha triunfado en la opinión pública. Producto de la contracción en inglés de las palabras guerra y derecho, podría traducirse como ‘guerra judicial’, pero su éxito radica, precisamente, en que no necesita traducción. La expresión surgió para referirse a las demandas de organismos de derechos humanos que lograron frenar bombardeos norteamericanos en Irak y Kosovo. Pronto fue ese mismo ejército el que empezó a usarla aplicada a la estrategia de provocar cambios de gobierno en terceros países mediante operaciones judiciales, sin los costes de las acciones armadas.

Así, basta con controlar a los jueces de un país democrático para dar auténticos golpes de Estado silenciosos que no alteran las formas democráticas, aunque dinamitan su contenido. De hecho, más de un presidente progresista ha sufrido condenas judiciales sin base alguna más allá de la intención de excluirlo del poder. La idea se ha extendido y ya no hace falta una intervención externa; a menudo son los jueces motu propio quienes usan su poder para imponer determinados programas políticos. El Poder Judicial ha resultado ser el eslabón débil de la democracia: un cuerpo profesional, sin controles externos y en el que se acumula el poder último de decisión. Para la teoría política actual hay lawfare cuando los jueces utilizan su poder para alterar los resultados electorales.

La judicialización de la política

Para que el lawfare funcione son necesarios jueces dispuestos a ir más allá de su papel de “la boca que pronuncia la ley”. Una vía que, paradójicamente, abrieron los jueces progresistas que ya en los años 20 usaron sus facultades para extender la agenda política social. En nuestro país se ha extendido gracias a un fenómeno global: la judicialización de la política.

En vez de exponerse a la discusión y la lucha de ideas, se intenta que el Poder Judicial impida las opciones contrarias

En una sociedad polarizada, crece el convencimiento de que lo que uno considera políticamente erróneo es inaceptable de modo general y tiene que estar prohibido. En vez de exponerse a la discusión y la lucha de ideas, se intenta que el Poder Judicial impida las opciones contrarias. El resultado es triple: se vacían de contenido instituciones como el Parlamento o la Administración, se politiza a los jueces llamados a funcionar como actores políticos y se convierte el sistema en una auténtica juristocracia en el que el control ideológico lo ejercen unos funcionarios seleccionados por sus habilidades profesionales.

El mejor ejemplo de este proceder en nuestra tierra se dio durante el procés. El gobierno de Mariano Rajoy decidió combatir la organización de una consulta popular simbólica haciendo que el Tribunal Constitucional la prohibiera y el Supremo castigara a los desobedientes. No era en absoluto evidente que ese intento de referéndum fuera ilegal, pero el Gobierno evitó afrontar sus consecuencias escondiéndose tras jueces y magistrados. La judicatura asumió eufórica el papel de justicieros encargados de salvar la unidad de España, inventó prohibiciones y creó nuevos delitos que no estaban en la Constitución ni en las leyes. De esas lluvias, el lodazal actual.

Un terreno abonado

España resulta especialmente vulnerable a estos excesos judiciales porque tenemos un Poder Judicial en el que, literalmente, no se ha llevado a cabo, aún, la Transición. Ni el sistema de acceso, ni el funcionamiento sociológico de nuestra judicatura como casta han cambiado desde el franquismo. Tenemos unos jueces arrogantes que acceden al puesto demostrando sólo tener buena memoria. Están convencidos de que el día que aprueban la oposición, el Espíritu Santo los unge con el don de la imparcialidad, sin necesidad de esforzarse. No se privan de expresar en público sus ideas políticas, religiosas o morales, y son incapaces de despojarse de ellas cuando entran a la sala de vistas o redactan sus resoluciones.

Con estos mimbres resulta lógico que el lawfare haya encontrado terreno abonado en nuestro país. La tipología de casos es variada. En los más leves, los jueces son sólo una herramienta de grupos poderosos para hundir a políticos incómodos. Es lo que sufrió Ada Colau durante su mandato como alcaldesa de Barcelona. Se iniciaron hasta quince acciones penales en su contra; cinco seguían abiertas al final de su mandato. Contra los alcaldes anteriores no se había interpuesto ninguna querella. Ella resultó absuelta en todas. En la mayoría de los casos, los promotores fueron empresas perjudicadas por sus políticas de municipalización del agua o limitación de alquileres abusivos. Consiguieron dañar su imagen haciéndola comparecer constantemente ante los tribunales y es difícil valorar cuánto influyó eso en su derrota electoral. Sin embargo, en este acoso, la magistratura fue más un instrumento que un actor.

En otras ocasiones, la implicación judicial es mayor. Cuando una jueza investigaba al alcalde socialista de Sevilla y su número dos comunista, casualmente, hacía coincidir actos procesales con la campaña electoral en la que competía contra ellos su mejor amigo, otro juez convertido en candidato a la alcaldía por el Partido Popular. Las acusaciones de corrupción tardaron dos décadas en ser desechadas, y, entre tanto, los investigados perdieron sucesivas elecciones en favor del amigo de la jueza que, como mínimo, actuó imprudentemente, poco preocupada por su apariencia de imparcialidad. 

Algo parecido sucede con la investigación contra Mónica Oltra, acusada por la ultraderecha de colaborar en un caso de abusos y que se encontró con que cada vez que el juez de instrucción intentaba archivar el asunto por falta de pruebas, la Audiencia de València le ordenaba reabrirla. Hasta que sacaron a la líder de izquierdas de la vida política, antes de resultar absuelta.

Ejemplos como estos, en los que acciones judiciales logran alterar decisivamente los resultados electorales, abundan especialmente en el Tribunal Supremo. Fue muy evidente en la condena del diputado de Podemos Alberto Rodríguez por, supuestamente, dar una patada a un policía siete años antes. Saltándose su propia doctrina respecto a las pruebas necesarias, fue castigado con 45 días de inhabilitación y, despreciando la separación de poderes, el tribunal obligó bajo coacción a la presidenta de las Cortes a quitarle definitivamente la condición de diputado. 

La rebeldía del Supremo español a someterse al imperio de la ley democrática quedó especialmente de manifiesto cuando, mediante tergiversaciones arbitrarias, se negó a aplicar primero la reforma del Código Penal que cambiaba el delito de malversación, y luego la propia ley de amnistía. No le importó colocarse por encima del Parlamento y, desde entonces, es un tribunal que no le hace ascos a las decisiones políticas.

La condena al fiscal general del Estado por, supuestamente, revelar documentos es un escalón más en esta deriva. Sin pruebas concluyentes, violentando el derecho a la presunción de inocencia y hasta las exigencias europeas de imparcialidad, el Tribunal Supremo no ha dudado en dictar contra él una condena carente de fundamento y destinada exclusivamente a quitarlo de su cargo. Se trata de una decisión jurídicamente burda, que no ha sido resultado de un razonamiento jurídico y que persigue evidentes objetivos políticos. El desprecio a las formas manifestado en su publicación prematura y en la connivencia pública entre los jueces y una de las acusaciones durante la deliberación demuestra que el tribunal tiene poca preocupación por mantener ninguna apariencia de imparcialidad. Para gran parte de la sociedad ha sido el momento en que nuestros más altos jueces se han quitado la máscara de la imparcialidad y se han mostrado como los auténticos actores políticos en que se han convertido. 

Socavar la confianza pública en la Justicia

En la mayoría de los ejemplos de lawfare no puede hablarse jurídicamente de prevaricación; es imposible demostrar que los jueces manipularon la ley a sabiendas por intereses políticos. El único en que se pudo probar fue en las investigaciones del juez Alba contra la diputada Victoria Rosell. Sólo gracias a que un empresario lo grabó exponiendo el plan urdido para hundirle la carrera política mediante una demanda falsa. Normalmente estas cosas no se graban, pero sería inocente pensar que no suceden. En algunos casos hay deliberada intención de abusar de la posición como juez; en otros, tanta soberbia que ni ellos mismos son conscientes de que en democracia su papel es el de someterse a las decisiones de la mayoría parlamentaria y no pueden imponer a la fuerza su propia ideología. Al hacerlo, cada vez con mayor descaro, nuestros jueces y juezas están socavando terriblemente la confianza pública en la Justicia.

El lawfare es una mancha de aceite que hace dudar del sistema mismo. El axioma teórico de que los jueces son neutrales ya no significa, en este momento histórico y en nuestro país, que los tribunales actúen en la práctica con imparcialidad. ◼