Los Mossos d'Esquadra han activado el primer protocolo donde se establecen las pautas de actuación policial ante desahucios por mandato judicial y en ocupaciones. El objetivo es establecer un único modelo de trabajo homogéneo para todo el territorio catalán, dado que hasta ahora las actuaciones policiales se diseñaban en función de la información recopilada y de los recursos que tenía la comisaría que debía actuar en cada caso.

El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, afirma que "los nuevos protocolos no son una simple mejora", dado que no existían. Explica que dotan de mayor seguridad jurídica a todas las partes, "desde esta mirada social de la policía incorporando medidas de protección a las personas vulnerables para situarlas en el centro de su actividad". También incorporan mejoras en los atestados con una mejor coordinación entre todos los actores implicados en cuando a las pautas a seguir por parte de los agentes. "Por lo tanto, normativizamos y estandarizamos lo que podía generar heterogeneidad en la operativa policial", remarca.

Ver vídeo

Entre 2016 y 2022 se han producido 73.700 desahucios en Catalunya. De ellos, los Mossos han actuado en 15.300 (en un 21%) y solo se han producido 601 incidentes, lo que supone un 0,8% del total. Durante el 2021, la policía catalana recibió un total de 3.203 requerimientos judiciales para intervenir en auxilio de la autoridad judicial para ejecutar desahucios y en los dos primeros trimestres de 2022 se ha requerido su presencia en 1.827 desahucios.

Elena precisa que "el cuerpo de Mossos d'Esquadra no desahucia, quien desahucia a una persona vulnerable es una sociedad injusta", la cual el conseller subraya que "no es capaz de garantizar el derecho a la vivienda". Recuerda que "el Parlament ha intentado aprobar leyes de la vivienda que el Gobierno del Estado ha impugnado". Explica que trataban de garantizar precios máximos del alquiler, evitar desahuciar a nadie sin alternativa habitacional o que eran leyes que los lobbies de los grandes tenedores fueron capaces de echar atrás.

Foco en las personas vulnerables

Ante todo ello, el conseller reivindica que desde Interior tienen "la obligación de definir como debe ser la presencia policial, especialmente cuando se producen casos con personas vulnerables". En las actuaciones policiales en desalojos por mandato judicial, se prevén garantizar las actuaciones previas que favorezcan una resolución positiva del desalojo, ya que se establecen interlocuciones y/o se solicitan informes de servicios sociales y otros actores que tengan responsabilidades en los diferentes ámbitos de actuación.

En cuanto al fenómeno de las ocupaciones, en 2021 se interpusieron 9.398 denuncias por ocupación de inmuebles y en los dos primeres trimestres de 2022 se han tramitado 4.824. Las ocupaciones se producen por diversos supuestos y pueden estar vinculadas con el consumo y tráfico de drogas, el aprovechamiento lucrativo de las viviendas o con situaciones de necesidad o vulnerabilidad. Se ha diseñado un tratamiento particular para los casos vulnerables y el protocolo prevé la activación de la mediación con el fin de establecer un diálogo para la resolución pacífica de la actuación policial.

Se contempla la necesidad de detectar situaciones de especial vulnerabilidad en las personas que ocupan el inmueble, como cuando entre ellas hay personas en situación de precariedad económica, exclusión residencial, desamparo, menores o personas dependientes. Entonces se requiere la intervención de los servicios sociales de referencia en el territorio de manera inmediata y con carácter previo a la adopción de cualquier medida.

Con el nuevo modelo de trabajo también se excluye la presencia de dispositivos de orden público (Brigada Mòbil) en los desahucios, excepto en decisiones judiciales o en situaciones de riesgo. Además, se incrementa la seguridad jurídica para todas las partes, tanto para la ciudadanía afectada como para los agentes de los Mossos d'Esquadra, y se mejoran cualitativamente los atestados policiales.

Un mayor conocimiento del fenómeno

Para comprender mejor el fenómeno y disponer de la máxima información, en 2021 los Mossos crearon la Unitat Central d'Intervenció en Conflictes d'Habitatge (UCICH), una unidad especializada en la homogeneización, propuesta y seguimiento de los procedimientos de trabajo en el ámbito de los desahucios y ocupaciones. Esta unidad se encarga de la interlocución y coordinación con todos los actores implicados en estos ámbitos. La UCICH también trabaja en crear un registro global para lograr tener una mayor inteligencia policial sobre el fenómeno, con una visión por territorios y global de Catalunya.