Violencia, opresión y ausencia de derechos

El 1 de abril de 1939, concluida una cruenta Guerra Civil que dejó cerca de un millón de muertos, se inició un régimen dictatorial que desde sus inicios ahondó en hacer mayor la asimetría que suponía un país con una cruel división entre vencedores y vencidos. El autodenominado “Nuevo Estado” supuso en el plano social y en el de los derechos humanos una vuelta al pasado.

La dictadura franquista ejerció de un modo estructural la violencia y la represión dotándose para desarrollarla de un cuerpo jurídico y administrativo que extendió una política de terror, dolor y contramemoria. La represión –como señalan Rodríguez Barreira y otros– se fundamentó en la tergiversación histórica que convertía en culpables de la guerra a aquellos que defendieron el orden legal. Su objetivo no era otro que la humillación, el castigo y si era preciso la eliminación (unas 50.000 personas en la posguerra).

El 9 de febrero de 1939 se promulgó la ley de Responsabilidades Políticas, el 10 de ese mismo mes la ley de Depuración de Funcionarios, el día 15 los franquistas dictaminaron la ilegalidad del Gobierno de la República, el 8 de noviembre la ley de creación de Colonias Penitenciarias; ya en 1940, en marzo, la ley de represión contra la Masonería y el Comunismo, y en abril se instauró la Causa General. Esto suponía el marco para entender toda oposición al nuevo régimen como un delito de rebelión militar que debía ser juzgado; así el Estado de Guerra se mantuvo vigente hasta el 7 de abril de 1948. A partir de los años cincuenta (Pactos de Madrid, con los EE.UU. y entrada de España en la ONU) harán que la violencia se maquille.

La violencia, persecución y castigo se ejercieron de modo arbitrario y con un claro componente de clase. De acuerdo con la ley de Responsabilidades Políticas, el juez instructor debía pedir informes sobre el presunto responsable “al Alcalde, Jefe Local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Cura Párroco y Comandante del Puesto de la Guardia Civil del pueblo en que aquel tenga su vecindad o su último domicilio”. La triada política, militar y religiosa se cebó con miles de exrepublicanos, demonizados como “antiEspaña” y por ello fueron fusilados sumariamente o enviados a prisión, mientras que muchos otros sufrieron diversas formas de castigos políticos y económicos.

Además, se suprimieron totalmente los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, como la libertad de expresión o de asociación, se proscribieron los partidos políticos, se eliminó el sufragio universal y toda crítica era considerada un delito. Muchos de los detenidos políticos en la década de 1940 nunca fueron llevados ante un tribunal de ningún tipo, permanecieron retenidos durante años en detención administrativa sin ninguna intervención judicial.

Las cifras oficiales franquistas, que sin duda están subestimadas, reconocían 62.000 personas en detención administrativa solo en 1940-41. La población carcelaria en la España anterior a la Guerra Civil (enero de 1936) ascendía a las 34.526 personas; durante la década de los cuarenta la población presa llegó a 300.000 en una población de 25,9 millones de habitantes (unos datos equiparables a los de la Alemania nazi). Las condiciones en las cárceles fueron de hacinamiento, tortura, hambre y enfermedades. En 1944, un portavoz del ministerio de Justicia de Franco admitió que más de 190.000 prisioneros habían sido ejecutados o habían muerto en prisión.

Otro ‘legado’ de la represión franquista fueron los campos de concentración y los batallones de trabajos forzados, donde miles de personas, entre ellas mujeres y niños, fueron ‘reeducados’. Los prisioneros republicanos se convirtieron en trabajadores esclavos. Veinte mil personas trabajaron para excavar en la roca la basílica conocida como el Valle de los Caídos, el monumento de Franco a su victoria en la Guerra Civil. Los batallones de trabajo de los republicanos hacían trabajos forzados en las minas, en la construcción de ferrocarriles y en la reconstrucción de las llamadas regiones devastadas. También fueron utilizados por el Ejército y contratados por empresas privadas.

Se practicó una crueldad especial contra las mujeres en nombre del concepto franquista de redención con violaciones, confiscación de bienes y ejecución por el comportamiento de un hijo o marido, incluyendo además el robo de niños. El Patronato de Protección a la Mujer y la Obra de Redención de Mujeres Caídas se ocuparon de diseminar una determinada moral que definía el papel de las mujeres (ninguno) dentro del proyecto franquista.

El franquismo se esforzó en humillar y demonizar a todos los afines a la legalidad democrática de la II República, o a sus funcionarios, en palabras de Julián Casanova: “Se trataba de convertir a todos los que habían defendido la democracia, el progreso y la libertad en culpables. Y tenían que ‘pagar las culpas’. No se les fusiló en los paredones, pero fueron víctimas de una atroz ‘muerte civil’”.