MÉXICO DF.- Hace hoy justo un año que los 43 'normalistas' (estudiantes de magisterio) de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron en una sucesión de hechos que aún sigue siendo confusa y que ha hecho obscenamente patente la connivencia del poder político y el crimen organizado en México.

26 de septiembre de 2014: Un centenar de alumnos de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos parte del municipio de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, hacia la vecina Iguala para recaudar dinero y poder asistir en la capital mexicana al aniversario de la matanza estudiantil ocurrida el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Los cinco autobuses en los que viajan --tres de los cuales han tomado "prestados"-- son interceptados a las afueras de Iguala por la Policía municipal, dando lugar a un duro enfrentamiento que, en el balance oficial, deja seis muertos y 25 heridos.

27 de septiembre: Las familias denuncian la desaparición de los otros 44 'normalistas' que iban en los autobuses. El procurador de Guerrero abre una investigación en la que dan con el paradero de uno de ellos: Julio César Mondragón, tiene la cara desollada y los ojos arrancados. La cifra de desaparecidos se reduce a 43.

28 de septiembre: las autoridades mexicanas dan la primera versión de los hechos. Establecen que los 'normalistas' fueron confundidos con el grupo de sicarios Los Rojos y el grupo rival Guerreros Unidos los ajustició.

1 de octubre: comienza a vislumbrarse la responsabilidad de las autoridades mexicanas. Detienen a decenas de policías municipales y el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, se da a la fuga.

5 de octubre: el caso adquiere dimensión nacional y el procurador general de México, Jesús Murillo Karam, ordena abrir una investigación paralela a la llevada a cabo por las autoridades de Guerrero.

6 de octubre: el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, habla por primera vez de los 43 'normalistas'. "La sociedad mexicana demanda con toda razón el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia", dice en un discurso televisado.

8 de octubre: miles de personas se concentran en el Zócalo de Ciudad de México para exigir verdad, en la primera de las muchas manifestaciones a las que daría lugar este caso.

10 de octubre: Murillo Karam informa del hallazgo de cuatro fosas comunes cerca de Iguala. Las familias de los 43 'normalistas' reclaman la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

14 de octubre: la Procuraduría General de la República determina que los 28 cuerpos sin vida hallados en estas tumbas anónimas no pertenecen a los jóvenes desaparecidos. Continúa el descubrimiento de fosas comunes.

17 de octubre: el supuesto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, es detenido por la desaparición de los 43 'normalistas'. Ya hay decenas de arrestados entre sicarios y policías municipales de Iguala y de la cercana Cocula.

22 de octubre: La Procuraduría General anuncia que el alcalde de Iguala y su mujer, María Ángeles Pineda, ordenaron atacar a los estudiantes de magisterio. Comienzan a revelarse los entresijos del caso.

23 de octubre: el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, dimite ante la enorme presión social y los rumores que apuntan a que, igual que el matrimonio Abarca-Pineda, podría estar implicado.

29 de octubre: las familias de los 43 'normalistas' acuden a Los Pinos para reunirse por primera vez con Peña Nieto. Salen decepcionados de la reunión por la falta de respuestas.

4 de noviembre: el alcalde de Iguala y su mujer son detenidos en una chabola de un barrio pobre de México DF. Son imputados y trasladados a distintas prisiones federales. Su responsabilidad en la desaparición de los jóvenes ya es evidente.

7 de noviembre: el caso da un vuelco. Murillo Karam convoca a la prensa en la sede de la Procuraduría General para dar la primera versión oficial de los hechos. Los 43 'normalistas' habrían sido interceptados por la Policía de Iguala por órdenes de Abarca y Pineda, entregados a la Policía de Cocula para que ésta a su vez se los diera a Guerreros Unidos, que les habrían fusilado y quemado en el basurero de Cocula para después esparcir las cenizas por el río San Juan. Murillo Karam también anuncia que enviarán las cenizas al laboratorio forense de la Universidad de Innsbruck, en Austria, especializado en analizar restos humanos con "un alto nivel de degradación".

8 de noviembre: Las familias de los estudiantes de magisterio rechazan el relato de Murillo Karam. Sostienen que sus hijos están vivos y exigen la verdad.

11 de noviembre: los forenses argentinos dan a conocer las primeras conclusiones, según las cuales, ninguno de los cadáveres hallados en fosas comunes entre Iguala y Cocula pertenece a los jóvenes desaparecidos.

12 de noviembre: las familias de los 43 'normalistas' y el Gobierno llegan a un acuerdo para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) participe en las pesquisas con un grupo de expertos independientes.

27 de noviembre: Peña Nieto anuncia un decálogo de medidas para reformar la Policía y el Poder Judicial con el fin de evitar la infiltración del crimen organizado.

6 de diciembre: los forenses argentinos anuncian que uno de los restos mortales hallados en fosas comunes pertenece a uno de los 43 'normalistas', Alexander Mora Venancio, de 19 años. Además, niegan públicamente la versión de la Procuraduría General porque no hay pruebas suficientes de que las cenizas encontradas en el río San Juan fueran incineradas en el basurero de Cocula.

14 de enero de 2015: la Procuraduría General anuncia que todas las líneas de investigación del caso Iguala se han agotado. Para las autoridades mexicanas el crimen está resuelto.

27 de enero: ante el clamor popular por las prisas para cerrar el caso, Murillo Karam vuelve a comparecer en rueda de prensa para presentar supuestas "pruebas" -- testimonios de detenidos-- que respaldan la teoría del basurero de Cocula.

1 de febrero: policías y miembros de Guerreros Unidos denuncian que fueron torturados para que confesaran su presunta responsabilidad en la desaparición de los jóvenes.

7 de febrero: los forenses argentinos vuelven a desmontar la versión oficial. Los restos hallados en el río San Juan no pertenecen a ninguno de los estudiantes de magisterio.

27 de febrero: Murillo Karam es destituido y Arely Gómez, senadora del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), toma el relevo al frente de la Procuraduría General y de la investigación del caso Iguala.

15 de abril: los expertos de la CIDH revelan la existencia de un quinto autobús que hasta ahora no había aparecido en las pesquisas del Gobierno mexicano.

29 de julio: comienza el análisis de la ropa encontrada en el lugar de los hechos, ante la insistencia de los expertos independientes de la CIDH.

6 de septiembre: la CIDH desbarata la hipótesis de las autoridades mexicanas. Establece que los 43 'normalistas' no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula en las condiciones existentes el día de los hechos y denuncia graves irregularidades en la investigación oficial.

16 de septiembre: las autoridades mexicanas filtran a la prensa la posible identificación de otro de los estudiantes de magisterio, Jhosivani Guerrero de la Cruz.

17 de septiembre: los forenses argentinos determinan que la coincidencia genética no es lo suficientemente alta para hablar de identificación positiva de Guerrero de la Cruz.

25 de septiembre: Peña Nieto vuelve a recibir en Los Pinos a las familias de los jóvenes y anuncia la creación de una Fiscalía especial para resolver casos de personas desaparecidas.

26 de septiembre: los 43 'normalistas' siguen desaparecidos, México aún espera la verdad.