En 2016, los acuerdos de paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano parecían inaugurar una nueva era en el país. La base del pacto -sometido a referéndum y posteriormente renegociado- constaba de seis puntos. El primero era el compromiso de implementar una Reforma Rural Integral que transformara la brecha campo-ciudad que permitiera una redistribución de las tierras entre los campesinos. El segundo, la participación política de las milicias; el tercero, el fin del conflicto armado; el cuarto, la búsqueda de soluciones para el problema de las drogas ilícitas. El quinto proponía un plan de apoyo y memoria para las víctimas del conflicto, mientras que el sexto se dedicó a pensar la implementación, verificación y refrendación del acuerdo.

Una década después de la firma de los acuerdos, en conversaciones con Público, el abogado colombiano Leonardo Jaimes señala que el proceso ha perdido fuelle debido al abandono del gobierno conservador de Iván Duque, la tibieza del progresista Gustavo Petro -actualmente en el poder- y la falta de compromiso de los poderes económicos con el proceso de paz. Así las cosas, "las causas que dieron origen al conflicto siguen vigentes", advierte.

Jaimes lleva años acompañando a campesinos en procesos de reparación por la violencia sufrida durante un largo conflicto interno -que algunos consideran una guerra civil de pleno- que da visos de reactivarse. La posibilidad de que la extrema derecha -representada en la figura de Abelardo de la Espriella- gane las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo mes de marzo solo ensombrece esta perspectiva.

A las puertas de las elecciones y diez años después de la firma del acuerdo de paz, ¿en qué punto diría que se encuentra este proceso?

Tal y como lo vemos nosotros -como organización de derechos humanos que estamos en el territorio y que acompañamos procesos campesinos-, ha sido un fracaso. Voy a desarrollar muy brevemente esta afirmación. Realmente, el acuerdo entre las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos no fue realmente entre las partes. Quisiera recordar que hubo un plebiscito.
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​Curiosamente, la campaña de la derecha hegemónica en Colombia logró que predominara el "no". Eso hizo que los acuerdos que habían realizado la FARC-EP y el gobierno fueran modificados.
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​Mira que yo no te hablo de los Acuerdos de La Habana [como se conoce a los pactos antes de someterlos al plebiscito], sino de los acuerdos del Teatro Colón [acuerdos firmados después del plebiscito], que son los que se firmaron en noviembre del año 2016. Después, la Corte Constitucional, máximo órgano de control de la Constitución de Colombia, modificó los acuerdos. Además, los sectores de presión, sobre todo los latifundistas, empresarios de la industria agrícola, lograron modificar esos acuerdos.
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​La segunda razón por la que es un fracaso es que, lamentablemente, la situación de conflicto y de violación de derechos humanos continúa en Colombia. Tercero: hubo incumplimiento por parte del Estado colombiano. Con esto no hablo solamente del Gobierno, sino del Estado en su conjunto, que no ha cumplido con los cinco puntos del acuerdo de La Habana.

El primer punto era el relacionado con la reforma agraria. ¿En qué punto se encuentra esto?

Lo que tiene que ver con la titulación -la democratización de cerca 10 millones de hectáreas para campesinos que habían sido víctimas de despojo- hoy camina muy lentamente. Pero además, al no haberse resuelto los problemas de fondo, los ciclos de violencia continúan. Y esos grupos, esa FARC-EP que entregó las armas, hoy en día, en territorios pequeños actúan como grupos paramilitares bajo la marca de "disidencias".

Entonces doy por hecho que la creación del Fondo de Tierras que se incluía dentro de la Reforma Rural Agraria también está paralizado, ¿no?

Creo que la categoría reforma agraria es inadecuada. Y voy a plantear por qué realmente no es una reforma agraria que responda a las necesidades de la tenencia y de la propiedad de la tierra en Colombia, que continúa en manos de los grandes latifundistas tanto colombianos como extranjeros.
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​Lo que sucede es que, además, ni siquiera había expropiación de los grandes latifundios, sino una compra. Una compra de predios que no estaban siendo trabajados. Eso requería una gran inversión por parte del Estado colombiano, una gran destinación de recursos.
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​Después de Juan Manuel Santos gobernó en Colombia la ultraderecha de Iván Duque. Durante sus cuatro años de mandato se congeló todo. Absolutamente todo: la compra de tierras para campesinos, la Comisión de la Verdad…
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​Cuando llega el Gobierno progresista de Gustavo Petro se intenta retomar esta dinámica pero con una particularidad. Lo que hace el Gobierno es sentarse con los ganaderos y algunos propietarios de esas tierras y les dice: "Mira, lleguemos a un acuerdo. Yo compro y ustedes ponen el precio". Eso es lo que está pasando en Colombia.

Y esto acarrea otros problemas al Estado, claro.

Para la compra de predios se necesita destinar recursos. Y, en este caso, el Gobierno de Petro tiene un problema de financiación porque han sido bloqueadas todas las propuestas de captación de dinero o de recursos para destinos sociales. Pero, por otro lado, porque en el Presupuesto General de la Nación de Colombia se destina un gran aporte para el Servicio de la Deuda Externa y, por otra parte, para el componente de seguridad. 
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​Colombia destina el 4,1% del PIB para la guerra. Y eso no ha cambiado en este Gobierno progresista, por lo que ese objetivo de comprar tierras va a un ritmo sumamente lento. Dudo que en los pocos meses que le quedan a este Gobierno este proceso se vaya a acelerar.

¿Qué otras cosas se ha dejado en el tintero Petro?

Es indiscutible que hubo un cambio sustancial con Petro, porque Colombia venía siendo gobernada históricamente por la derecha. Pero el poder lo mantienen la derecha y la extrema derecha. Cuando un gobierno progresista llega por primera vez, hay cambios. Pero también una serie de complejidades y de problemas estructurales que este gobierno ni en cuatro años, ni en ocho va a poder modificar, a no ser que exista voluntad política de quien detenta el poder en Colombia, que son los grupos empresariales.

Otro problema sustancial no resuelto por el Gobierno de Petro es la existencia de grupos paramilitares, que son quienes, en última instancia, despojan a los campesinos y hacen el trabajo sucio de las empresas y latifundistas. Derivado de lo que he llamado el fallido proceso del año 2016, algunos militantes de las FARC-EP derivaron en grupos militares o de mercenarios. 

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Nosotros hablamos del modelo sirio por la complejidad del panorama. Los paramilitares están metiendo a estos grupos al estilo de Siria. Aparentemente, son grupos rebeldes que luchan por el pueblo, pero que de últimas obedece a intereses, por ejemplo, de la explotación o la siembra de palma aceitera.
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​Otro problema que Petro no ha podido cambiar ha sido la doctrina militar del ejército colombiano, que depende directamente de la de EEUU y se basa en la existencia del enemigo interno. Dentro de esa doctrina está concebido armar grupos con una perspectiva contrainsurgente.
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​La Dirección Nacional de Inteligencia del Gobierno de Gustavo Petro tiene gran responsabilidad en la promoción de estos grupos. Existe evidencia probatoria. Por ejemplo, a un jefe de unas disidencias, alias Calarcá, le encontraron computadores, celulares, memorias USB, etcétera. 
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​La Fiscalía General de la Nación empieza a hacerles un estudio científico forense y descubre comunicaciones de este grupo disidente con un sector de las fuerzas militares de Colombia y con un sector de la inteligencia.

En este esquema de militarización y de enemigo interno que describe, ¿cómo impacta el renovado intervencionismo de EEUU en el Caribe?

Continúa la militarización de los territorios, los acuerdos de cooperación con los EEUU. A pesar de que [los colombianos] se niegan a permitir las bases militares de EEUU, hay presencia de asesores. La prueba está en que en la reunión del 3 de febrero entre Gustavo Petro y Donald Trump acordaron coordinar e intercambiar inteligencia, tecnología y llevar a cabo operativos conjuntos con un nuevo enemigo que se llama narcoterrorismo.

¿Cómo afecta a la población rural la reorganización de los recursos económicos hacia los dispositivos de seguridad e inteligencia, supuestamente dirigidos a combatir al narcoterrorismo?

Mi análisis no es teórico, no es abstracto. Es un conocimiento directo con las comunidades. Hace unas semanas hicimos un encuentro binacional en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, donde conocemos y acompañamos a las comunidades. En esta y otras zonas de Colombia están viviendo una situación muy delicada en materia de derechos humanos.
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​Un día después de que el 3 de enero cayeran las bombas sobre Caracas, esa misma tecnología de los EEUU cae en la frontera colombiana, en el territorio colombiano, más concretamente en el Catatumbo, que es donde ahorita está la mayor tensión posible.

Lamentablemente, lo que está ocurriendo en Colombia, en todo el Caribe y toda Latinoamérica entra dentro de la lógica de Trump. Es algo que aparece claramente en su documento de Seguridad Nacional de EEUU de noviembre, en el que considera a América Latina como un lugar que le pertenece para explotar sus recursos.
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​La presencia de la flota sur en el Caribe y de los asesores estadounidenses en Colombia se mantiene y lo que sucede en los territorios es consecuencia directa de esta política. Lamentablemente, Colombia y el ejército colombiano son muy buenos alumnos de los EEUU. El Gobierno progresista de Petro inició con una voluntad de buscar la solución pacífica, pero está terminando con declaraciones de guerra que lastimosamente acuden al discurso de la narrativa de la lucha contra el narcotráfico. 

En este sentido, ¿cuál sería el impacto de operaciones contra el narcotráfico como la que tuvo lugar a mediados de febrero en México contra el Cártel de Jalisco Nueva Generación?

Hay que entender la complejidad de Colombia; es diferente a lo que ocurre en México. Por ejemplo, Colombia no es un país consumidor de cocaína. La cocaína está aquí, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos. Lo que sí hay aquí es una política de atacar al campesino cultivador, y esa política ha sido alimentada durante los últimos años con EL Plan Colombia 1, EL Plan Colombia 2, etc. Pero que en el fondo tiene una perspectiva abiertamente contra el sistema. Es una política en contra de las comunidades que no encajan dentro del modelo de acumulación que predomina.

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La situación en los territorios es de preocupación permanente. Hay comunidades enteras que son víctimas de las estructuras paramilitares y de la estrategia paramilitar en todas sus formas. De las disidencias, del Clan del Golfo que, como usted dijo, tiene conexiones directas con estos carteles de México, y de otras formas de paramilitarismo, como los frentes de seguridad ciudadana que operan en las ciudades promovidos por políticos de derecha.

¿Podría explicarnos qué uso se está haciendo de esta deriva securitaria en la campaña electoral?

Es muy preocupante, porque todos los candidatos, salvo uno o dos, proponen más seguridad. La propuesta ahorita es romper cualquier proceso de paz y regresar a la guerra total, a bombardear zonas campesinas y a quienes acompañamos a las comunidades campesinas. Tenemos denuncias con fotos de drones que destruyen viviendas en coordinación entre el ejército nacional y sectores que se hacen llamar disidencias. Todo esto ocurre en la frontera entre Venezuela y Colombia. Está muy claro que a EEUU y a un sector de la derecha colombiana les interesa pacificar al país por vías violentas.

Lo que me queda después de escucharle es que, salga quien salga electo en las presidenciales, el proceso de paz tal y como se pensó hace 10 años se ha roto definitivamente, ¿no?

En noviembre [cuando se cumple una década] ya estará gobernando el nuevo presidente. La derecha se está organizando fuertemente en los territorios. La extrema derecha violenta va a presionar de todas las formas para volver al poder, o al menos a la presidencia. Lo que quiero plantear es que el proceso de paz ya no es un tema central, sustancial. Ya a nadie le importa este proceso.

Tiene un valor simbólico porque quedó la Comisión de la Verdad y otras instituciones, porque existe la comisión de búsqueda de personas dadas por desaparecidas… pero ese temor de la extrema derecha que decía que las FARC se iban a tomar el país, no pasó. Y ya esto no es una prioridad. Persisten las causas que originan el conflicto social y armado en Colombia: la desigualdad, la pobreza, la exclusión, la acumulación de tierras… y los candidatos acuden a discursos de seguridad.

Entonces, ¿existe alguna lectura en positivo de estos últimos cuatro años?

Ha habido elementos interesantes, no todo ha sido malo. Este gobierno le ha dado voz a sectores marginados, excluidos, como a comunidades negras e indígenas. Hasta hace poco era inconcebible que un indígena dirigiera el Ministerio de Igualdad. Eso tiene repercusiones. ¿Qué quiere decir? Que si la extrema derecha vuelve va a encontrar resistencias, va a encontrar unos territorios con mayor capacidad de análisis y de reacción y de movilización.

El problema es que ahora las previsiones son de privatizaciones que contribuyen a la explotación y a la exclusión. Todos estos candidatos prometen al estilo de Javier Milei reducir el tamaño del Estado, una mayor inversión extranjera, restablecer relaciones con Israel y con EEUU. Aunque, bueno, Petro tampoco logró insubordinarse a los mandatos de EEUU.

Ya… El típico equilibrio de 'ahora que estoy en el poder me tengo que sostener entre los poderes económicos'. ¿No?

Sí, sí. O sea, el escenario es bastante fuerte, porque lo que proponen es el fortalecimiento de las fuerzas militares, perseguir y restringir derechos, incluidos los de las mujeres y de los grupos que han venido presionando para que se le reconozca su identidad como pueblo. Es un aumento del autoritarismo.

Así es como parece que funciona la ola reaccionaria: achicar el Estado en términos de asistencia, pero fortalecer su brazo más represivo, ¿no?

Sí. Y hay un elemento preocupante, y es que puede pasar como en Honduras y que se dé una intervención directa del Gobierno de los EEUU en las elecciones. Hay presión, va a haber presión.

Además, hay candidatos que prometen aplicar en Colombia el modelo Bukele. ¿Cómo se consigue eso? Con seguridad, mano firme y cárceles como ahora se proponen construir en Ecuador. Un candidato al Congreso se presenta como "el Bukele de Colombia". Es decir, no hay vergüenza, ¿no? Por lo menos tengan algo de dignidad, porque todo el mundo sabe que ese modelo viola los derechos humanos y que es insostenible.

Y sin embargo se sigue insistiendo en él. ¿Por qué? Porque en Colombia se siguen criminalizando las posturas críticas y nos preocupa que, nuevamente, un gobierno de derecha incremente el número de capturas. Yo soy abogado, defiendo a jóvenes del estallido social del año 2021 y de sectores que salieron a protestar ante un gobierno abiertamente privatizador en favor de los grupos empresariales y los sectores de poder político. Aquello se puede volver a repetir.

Me hubiese encantado hacer una pregunta final que termine esta entrevista de manera algo más positiva, pero no la tengo…

Pero yo sí tengo la respuesta positiva.

Por favor, démela entonces

En los conversatorios en los que he participado aquí me han preguntado qué piensa la gente del Catatumbo. Las comunidades del Catatumbo se plantean defender el territorio con una propuesta de planes de vida que rescaten las relaciones comunitarias, que pretenden buscar una sociedad justa. Eso significa resistir dentro del territorio. Y en muchos sectores de Colombia las comunidades campesinas están preparándose para escenarios muy fuertes, pero mantienen sus relaciones de una vida digna, ¿no? Una vida distinta donde las relaciones comunitarias y sociales sean distintas al individualismo.
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​Yo creo que no todo es derrota, ¿no? La respuesta está en la lucha y en la resistencia de los pueblos, más allá de los Estados.