La jueza argentina María Servini, que instruye en ese país una querella sobre crímenes en el franquismo, toma declaración en Madrid, junto al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, a dos víctimas de la dictadura española.

Según ha informado la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, las declaraciones se enmarcan en el procedimiento que sigue la juez en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires y dentro del recorrido que está haciendo por diferentes lugares de España para interrogar a algunas víctimas y querellantes que por su edad o condiciones no pueden viajar a ese país.

El juez Andreu, indica la organización, ha acordado que ambos tomen declaración a dos víctimas del franquismo: Teresa Álvarez Alonso, de 93 años y cuyo padre, abuelo y dos hermanos fueron represaliados, y Faustina Romeral Cervantes, de 90 años y que fue detenida cuando tenía 15 años, junto con sus padres -mataron a su padre y su madre permaneció en prisión-.

A la comparecencia también acudirá el fiscal Ramiro González, que se ha incorporado hace menos de un mes al caso, según detalla la coordinadora en una nota.

La jueza Servini se encuentra en España desde el 18 de mayo, cuando comenzó una visita que le ha llevado a tomar declaración a víctimas en el País Vasco y Andalucía.

La magistrada investiga desde hace cuatro años, a raíz de una querella presentada en su país, crímenes cometidos durante la dictadura franquista.

En el marco de la instrucción pidió a las autoridades españolas la extradición a Argentina por torturas del exinspector de Policía Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y del ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, capitán Muñecas, pero la Audiencia Nacional rechazó su entrega al considerar que los delitos están prescritos.

La querella en Argentina se presentó en 2010 por "delitos de genocidio y/o lesa humanidad" cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista y abarcan el periodo comprendido entre julio de 1936, cuando se produjo el levantamiento militar, y el 15 de junio de 1977, casi dos años después de la muerte de Francisco Franco, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas.

La causa fue abierta bajo el principio de justicia universal y reúne numerosas denuncias presentadas tanto en Argentina como en distintos consulados del país suramericano en España.