Si por algo es famosa la legislación alemana es por su rigidez; entre sus puntos más estrictos figura la ley relativa a la protección de datos. Sin embargo, nunca Alemania se había ensañado de forma tan directa con una compañía como está ocurriendo en los últimos días con Google. Todo comenzó hace apenas una semana, cuando la empresa anunció su intención de poner en marcha su programa Street View. Como ya hiciera antes en otros 23 países, Google quiere fotografiar las 20 principales ciudades germanas, entre ellas Munich, Berlín o Hamburgo, para finales de año. No obstante, lo que fuera una simple declaración de intenciones ha abierto una guerra que no parece tener tregua.

La idea de que Google publique fotografías de calles y edificios en la Red ha desatado una avalancha de críticas. Tal fue el escepticismo de la medida que se decidió abrir un plazo para que los ciudadanos puedan oponerse, ya sea por correo o vía digital, contra la difusión de imágenes de sus viviendas. Por el momento, ya ascienden a 50.000, y en la lista aparecen muchos políticos, como el propio ministro de Interior, Thomas de Maizière. Desde el ministerio del Interior se estima, además, que en las próximas semanas podrían llegarle a la empresa hasta 150.000 peticiones.

La fecha límite para hacer uso de este recurso es, en principio, el 15 de septiembre, aunque la ministra alemana de Consumo, Ilse Aigner insiste en que se trata de un plazo insuficiente, y ha exigido a Google que lo aumente a seis semanas. En la misma línea se ha expresado el titular de Interior del SPD, Sebastian Edathy, quien incluso amenaza con endurecer la ley si la empresa no recapacita y aplaza la fecha límite. Según las encuestas, la opinión pública alemana está muy dividida: el 52% no desea que Street View publique fotos con su casa, mientras que el 48% restante no opone resistencia.

El Gobierno alemán fue el responsable de destapar el caso Street View, al denunciar que los sistemas que empleaban los vehículos para recolectar imágenes podían grabar datos de las redes WiFi particulares. La firma terminó por reconocer que sus coches habían almacenado, por error, datos de navegación, pero aseguró que los borrará. La idea no convenció al Ejecutivo de Merkel, quien consiguió, gracias al apoyo judicial, tener acceso directo a las informaciones que había tenido archivadas la empresa.