Un alto oficial brasileño ordenó matar a la jueza

Era vox pópuli que fue la Policía Militar, y la Justicia va acumulando cada vez más pruebas. El teniente coronel Cláudio Luiz de Oliveira ha sido encarcelado por el asesinato de la jueza Patricia Acioli, que murió acribillada a balazos el pasado agosto en la puerta de su casa de Niterói (Río de Janeiro). Un cabo, detenido hace unas semanas, confesó haber participado en el crimen y señaló a De Oliveira como autor intelectual. Otros cinco hombres bajo el mando del teniente coronel fueron también arrestados.

La Justicia cree que los agentes pretendían evitar ir a prisión por el asesinato de un joven de 18 años que la jueza estaba investigando, pero ignoraban que Acioli ya había firmado la orden de prisión. El caso, que le valió a la funcionaria varias amenazas de muerte, había sido considerado por la Policía como un "auto de resistencia", término bajo el que se clasifica la muerte de personas que se resisten al arresto y que, a menudo, encubre ejecuciones sumarias. Cada año, sólo en el estado de Río, entre autos de resistencia y balas perdidas, mueren un millar de personas a manos de la Policía. La de Río es, como recuerda el diputado Marcelo Freixo, "la que más mata y muere en el mundo".

Agentes corruptos robaban drogas y armas aprehendidas a los narcos de Río

A sus 47 años, Acioli contaba ya con una larga carrera de lucha contra el crimen organizado y la corrupción policial, dos caras de la misma moneda. Entre los condenados por la magistrada figuran 91 agentes acusados de asesinato y varios miembros de las milicias, los grupos paramilitares que están monopolizando el tráfico de drogas y otros negocios ilícitos en favelas y barrios pobres, donde extorsionan a los vecinos otrora aterrorizados por las facciones criminales. Pero, mientras en la zona sur, que albergará las infraestructuras de los Juegos Olímpicos, las favelas están siendo ocupadas por las Unidades de Policía Pacificadora, en la zona oeste las milicias siguen expandiéndose.

De Oliveira, que negó su implicación en el asesinato, formaba parte de ese esquema de corrupción generalizada. Según la investigación, sus hombres recibían dinero por hacer la vista gorda y se quedaban con las drogas y armas aprehendidas a los narcos. Y no dudaban en ejecutar a quienes suponían una traba para llevar a cabo sus negocios.

Milicias y grupos de exterminio, violencia policial, connivencia con el crimen: es la realidad de todo Brasil. Expertos en seguridad afirman que la corrupción está enquistada en la Policía Militar y la Policía Civil. La solución pasa, entonces, por la refundación de esas instituciones, como pide desde hace años el exsecretario de Seguridad Pública Luiz Eduardo Soares.

Los policías militares mataron a la jueza por investigar uno de sus asesinatos

La facilidad con la que se arma el crimen organizado es buena prueba de ello. Se estima que en Brasil circulan unos 17 millones de armas el 51%, ilegales y que cuatro millones están en manos del hampa. Los criminales se las roban a la Policía o el Ejército con sospechosa simplicidad y las meten sin problemas en las cárceles. Ello requiere un amplio esquema de corrupción, desde policías hasta funcionarios de prisiones. Las autoridades lo saben, pero prima la connivencia. Y la impunidad.