El aumento de asesinatos por extorsión asola Perú
Desde septiembre, una treintena de conductores de autobús y mototaxis han sido asesinados y casi 500 escuelas extorsionadas han cerrado, mientras el régimen que aprobó normas pro crimen organizado se limita a sacar a soldados a las plazas.
Lima-
En Lima, los extorsionadores suelen grabar el momento en que disparan a sus víctimas: conductores de autobús, colectivos y mototaxis; o dueños de micronegocios de comida, todos de condición pobre o modesta. Desde septiembre, unos 30 transportistas han sido asesinados, cuatro en la última semana. El crimen organizado arrasa desde el año pasado, cuando el Ministerio de Interior y la Policía, en vez de confrontarlo, destinaron el aparato estatal a proteger a la mandataria Dina Boluarte y al hermano de ésta, ambos investigados por corrupción. Además, en 2024, el Congreso -que gobierna de facto- aprobó normas para debilitar la persecución de las mafias, sean de cuello y corbata o callejeras.
La ola de crimen organizado está en casi toda la capital, excepto en los distritos acomodados. “Uno sale con mucho miedo todos los días: quisiera que todos paremos”, comentaba una mujer este jueves en una avenida sin autobuses debido al nuevo parón de transportistas. Con la medida de fuerza y una marcha al Congreso, la ciudadanía exige al régimen acciones contra los asesinatos y la extorsión.
Los transportistas realizaron desde septiembre varios paros demandando al Congreso la derogatoria de la ley de crimen organizado, que favorece a los delincuentes, pero poco consiguieron.
El martes, un sicario mató al conductor Luis Chinchay en el Callao cuando trasladaba pasajeros e hirió gravemente a otro. De inmediato, decenas de transportistas y ciudadanos bloquearon la avenida para pedir respeto a sus vidas. La Policía los reprimió. “¡Somos transportistas, no somos delincuentes!”, coreaban para que cesara la agresión.
En el plantón, mostrando su pantalón y zapatos viejos, un conductor comentó a Radio Exitosa: “Soy un chófer, llevo 25 años trabajando y mire cómo ando porque tengo que sudar para el sostén de mi familia. Solo Dios me puede quitar la vida”.
Según una encuesta presentada la semana pasada, uno de cada cinco peruanos ha sufrido económicamente en los tres últimos meses debido a cobros del crimen organizado. En Lima, el 27% ha recibido amenazas de extorsionadores o conoce a alguien que las recibió, indica el Segundo Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia, creado por el banco de uno de los principales grupos económicos.
Quienes no son testigos de los ataques o no han sido amenazados, ven los vídeos de los asesinatos y de los mensajes extorsivos que circulan en los medios sociales. El miedo está en la entrada de los colegios privados y en sus plataformas de enseñanza en internet, donde han migrado al suspender las clases presenciales. También en las paradas del transporte, y mercados de distritos de clase media y baja.
Quienes no son testigos de los ataques o no han sido amenazados, ven los vídeos de los asesinatos y de los mensajes extorsivos que circulan en los medios sociales
La educación y la música
Las manifestaciones de esta semana tienen las mismas razones que las convocadas el mes pasado por orquestas de cumbia víctimas de la extorsión desde 2024. El 21 de marzo, en el primer paro bajo el lema "No queremos morir", un grupo de profesoras y madres de familia caminaba en el centro de Lima con una pancarta que las identificaba como víctimas de extorsión en colegios.
Relacionado con este tema
Según las asociaciones de padres de familia y de colegios, cerca de 500 escuelas privadas, en distritos de clase media-baja, han cerrado entre 2024 y marzo de este año. Save the Children Perú solicitó este jueves al Estado garantizar entornos escolares seguros. “Ningún niño debe elegir entre estudiar o sentirse seguro: el miedo afecta el aprendizaje. La inseguridad ciudadana está afectando el derecho a la educación”, advierte la ONG.
Relacionado con este tema
Paul Flores, famoso cantante de la orquesta de cumbia Armonía 10, fue víctima de un ataque a tiros al autobús de la orquesta el 16 de marzo en Lima, y la tragedia desencadenó una nueva ola de indignación contra el régimen que como única respuesta saca a militares a las calles. Hasta los dueños de funerarias extorsionadas anunciaron que se plegarían a un paro nacional.
En los paros de transportistas de octubre y noviembre, participaron en solidaridad algunos universitarios como Walter Alejos, dirigente estudiantil de la Universidad Nacional Agraria La Molina, una de las más importantes del país. La inacción del Gobierno frente a la ola de inseguridad llegó también a esa universidad, en la que sufren robos constantes en el campus y alrededores: los universitarios pierden sus ordenadores, móviles y otros instrumentos conseguidos con esfuerzo, teniendo en cuenta que es una universidad pública. Los laboratorios sin equipos se volvieron inservibles, y así la universidad dejó de ser un lugar donde estudiar.
Relacionado con este tema
El 2 de abril los estudiantes de la Universidad Agraria tomaron el campus, con una serie de reclamos que incluía la inseguridad como uno de los primeros puntos. Después de una negociación difícil, los universitarios esperan que las autoridades acepten que especialistas elaboren un plan de seguridad, e incrementen el personal de vigilancia mientras el nuevo plan es implementado, entre otras medidas.
Ante la ola de asesinatos y criminalidad de esta semana, el Centro de Estudiantes de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos también pidió a las autoridades de su institución que se involucren en el problema.
“El asesinato brutal de tres trabajadores del sector del transporte urbano nos demuestra que las acciones tomadas por el Gobierno de turno han sido insuficientes y equivocadas. El espacio universitario no está aislado ni es inmune a la violencia. Los estados de emergencia y el viejo discurso de la mano dura solo generan mayores gastos del erario público, mientras que la corrupción del organismo policial, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Interior y los congresistas desde hace años relacionados con bandas y organizaciones criminales, continúan impunes”, señala su pronunciamiento.
Relacionado con este tema
El asesinato brutal de tres trabajadores del sector del transporte urbano nos demuestra que las acciones tomadas por el Gobierno de turno han sido insuficientes y equivocadas
El tiempo perdido
En mayo de 2024, Boluarte nombró como ministro de Interior a Juan José Santiváñez, un abogado defensor de policías acusados y sentenciados por delitos. El funcionario, según investigaciones fiscales, cometió abuso de autoridad tras hacer desaparecer una unidad de la Policía que investigaba al hermano de Boluarte y a otros políticos. Además, envió al retiro a Harvey Colchado, el jefe de la división de inteligencia policial que desde 2018 ha coordinado diligencias en las investigaciones a expresidentes y a Keiko Fujimori, excandidata presidencial enjuiciada por organización criminal y lavado de activos.
En el expediente fiscal por abuso de autoridad está la grabación de una conversación del entonces ministro Santivañez con un amigo policía, a quien le confió que, para llegar al cargo, prometió a Boluarte retirar a Colchado, cosa que hizo pocos meses después. Fue un acto de represalia, pues el oficial había dirigido en marzo de 2024 el allanamiento de la casa de la presidenta cuando la fiscalía la investigaba por unos relojes Rolex que no había declarado. El Ministerio de Interior se convirtió así en una especie de aparato de protección personal de la presidenta y su entorno.
Consultado por Público, el profesor universitario e investigador Noam López sostiene que la gestión de Santiváñez dio prioridad a la defensa “de temas políticos” y “dejó en segundo plano” la respuesta a la “violencia criminal”.
Relacionado con este tema
Para el especialista, el enfoque de quien fue ministro de Interior hasta marzo fue el de un abogado litigante que pensó que debía "abordar un problema público de manera atomizada, caso por caso”. Según López, “Santivañez conocía las denuncias de extorsión bien sonadas o las que terminaron de manera fatal, pero eso le correspondía a los policías, jueces y fiscales de crimen organizado. A él le correspondía la gestión de las compras, la materia administrativa y articular esfuerzos, como, por ejemplo, atraer a las operadoras de telefonía y las entidades financieras, que no han tenido mucha importancia".
El sicariato y la extorsión también han avanzado debido a que policías se han vuelto parte de las organizaciones criminales, o les suministran o venden armas. Decenas están bajo investigación fiscal por esos cargos.
Las leyes pro-crimen organizado
Perú está gobernado por un régimen autoritario desde diciembre de 2022, tras el autogolpe de Pedro Castillo. Una especie de dictadura parlamentaria que ha aprobado decenas de leyes inconstitucionales y Boluarte, investigada por el homicidio de 50 personas y por corrupción, se somete al Congreso.
El fujimorismo y los partidos políticos de extrema derecha que perdieron las elecciones de 2021 mandan en el Congreso. El Ministerio Público, además, investiga por corrupción a casi la mitad de los parlamentarios, incluidos miembros de la bancada de Perú Libre, grupo político del populista Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia. Por esto, el Congreso ha emitido leyes que blindan a los políticos y a las fuerzas del orden que afrontan cargos por corrupción, blanqueo de capitales y violaciones de derechos humanos.
Según Noam López, aunque hay otras, la nueva ley de crimen organizado es la que más ha afectado la persecución del delito, porque "pide que en los allanamientos estén los presuntos delincuentes y sus abogados defensores; sube la valla de los delitos que pueden perseguirse como crimen organizado a los que tienen pena de prisión mayor de seis años, y excluye la extorsión. Asimismo, con esta nueva norma, la Policía y el fiscal tienen que demostrar que los acusados por crimen organizado controlan de principio a fin una economía ilegal, y eso muchas veces es difícil de probar”, explica.
Este jueves, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, pidió nuevamente al Congreso revisar las leyes que desde el año pasado traban a los jueces y fiscales en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Son normas que recortan los plazos de prescripción, reducen los plazos en los procesos de colaboración eficaz, excluyen a los partidos políticos de responsabilidad penal, y obstaculizan la extinción de dominio (cuando el Estado se hace de los bienes conseguidos ilícitamente). “Existen normas aprobadas en los últimos meses que merecen una urgente revisión”, reclamó Tello al Congreso.
Sobre la firma
Comentarios de nuestros socias/os
Para ver los comentarios de nuestros socias y socios, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.