Daniel Ortega ahonda en el autoritarismo en Nicaragua con una profunda reforma constitucional
La reforma de la constitución nicaragüense consolida al clan Ortega-Murillo en el poder, refuerza al ejército y legaliza la pérdida de ciudadanía para los “traidores a la patria”. Nicaragua profundiza en el autoritarismo.
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Sin discusión y por unanimidad, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el pasado 30 de enero una reforma constitucional que modifica 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y deroga otros 37. Una profunda reforma que blinda en el poder al presidente, Daniel Ortega, y a su esposa, Rosario Murillo, elevada al cargo de “copresidenta”.
La reforma amplía el mandato presidencial de cinco a seis años y crea la figura de la “copresidencia”, situando al Ejecutivo como “coordinador” del resto de “órganos”, que dejan de llamarse poderes del Estado. “La Presidencia de la República dirige al Gobierno y coordina a los órganos Legislativo, Judicial, Electoral” reza el artículo 15 de la nueva Constitución.
Además, la reforma oficializa la apatridia y amplía el rol del Ejército en la economía y la política. Según el oficialismo, esta reforma “garantiza una Nicaragua libre de injerencias”, mientras que la oposición la califica como una “consolidación del autoritarismo”.
El clan Ortega-Murillo
La nueva bicefalia presidencial es un fiel reflejo de la creciente influencia de Rosario Murillo en los círculos de poder; la aparición de la figura “copresidencial” solo viene a oficializar lo que ya era un hecho. Conocida popularmente como “La Chayo”, Murillo ha sido vicepresidenta desde 2017 y ejerció como portavoz del gobierno desde el regreso de Ortega al poder en 2006.
Con este movimiento, la familia Ortega-Murillo adapta ad hoc el andamiaje institucional nicaragüense. El suntuoso complejo residencial de El Carmen, al oeste de Managua, es a la vez residencia de la familia y sede del gobierno. Allí viven el matrimonio y la mayoría de sus nueve hijos, ocho de los cuales ocupan cargos como asesores presidenciales y dirigen varios canales de televisión y las principales empresas petroleras del país, según informó la plataforma periodística Connectas.
Los hermanos Maurice y Luciana Ortega Murillo dirigen Canal 13, un medio que goza de gran financiación estatal. Juan Carlos, el mediano de los hijos, hace lo propio con Telenica Canal 8. Por su parte, la esposa de Carlos Enrique Ortega Murillo, Katherine Argeñal, es gerente general de DNP-Petronic, la empresa estatal encargada de la distribución de petróleo en el país centroamericano. Algo similar ocurre con Karen Santamaría, mujer de Laureano Ortega Murillo, quien dirige la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL).
La única hija alejada del círculo de poder es Zoilamérica Ortega Murillo, quien en 1998 denunció a su padrastro, Daniel Ortega, por abuso sexual. Una acusación rechazada por su madre, Rosario Murillo, y que no prosperó en los tribunales debido a la inmunidad parlamentaria de la que gozaba Ortega, entonces diputado opositor. Zoilamérica reside desde 2013 en Costa Rica en lo que ella misma califica como un “exilio forzado”.
No obstante, el más influyente de los hermanos es Laureano Ortega Murillo, considerado por muchos analistas como el principal candidato en la sucesión presidencial. Desde que fue designado por su padre “asesor presidencial para la promoción de inversiones, comercio y cooperación internacional”, ha sido el hombre encargado de suscribir los principales acuerdos económicos y políticos con los aliados internacionales del sandinismo. En 2021, cuando Managua rompió relaciones con Taiwán, Laureano viajó a Pekín para firmar el restablecimiento de relaciones con el gigante asiático.
El pasado jueves 21 de febrero, Laureano fue ratificado por la Asamblea Nacional Nicaragüense como “Representante Especial de los Copresidentes de Nicaragua para los Asuntos con Rusia, China, Irán y Bielorrusia”; los principales valedores de Managua en la esfera internacional. En 2023 fue nombrado “Representante Especial del secretario general” del desdibujado Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN); un cargo que solo había ocupado con anterioridad su padre y que le otorga un peso significativo dentro de la estructura interna del partido.
El camino de la autocratización
Este cambio constitucional es el último capítulo del proceso de transformación iniciado tras las protestas de 2018. En abril de ese año, un intento de reforma de la seguridad social –que aumentaba las contribuciones que trabajadores y pensionistas debían realizar– desencadenó una ola de movilizaciones duramente reprimida por el Gobierno. En total, 355 personas fueron asesinadas y cerca de un millar fueron detenidas según la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH). Naciones Unidas condenó lo ocurrido y aseguró que el actuar del ejército supuso “graves violaciones de los derechos humanos”.
La presión social puso por primera vez contra las cuerdas al gobierno de Ortega, obligándole a retirar su reforma de la seguridad social. Pero el matrimonio gobernante tomó nota y profundizó drásticamente en su proceso de autocratización. Varias leyes fueron aprobadas limitando la actuación de movimientos sociales y candidatos que pudiesen actuar “al servicio de agentes extranjeros”. Las elecciones generales de 2021 reeligieron a Ortega y Murillo y otorgaron una supermayoría al FSLN, en un proceso electoral marcado por acusaciones de fraude y detenciones de varios líderes opositores.
Desde entonces, con el mandato renovado y el control total del poder legislativo, el Gobierno reforzó su dominio sobre todas las instituciones. Medios nacionales e internacionales han sido clausurados –entre ellos EFE–, el número de migrantes ha aumentado drásticamente, y varias ONGs han sido expulsadas del país.
En enero de 2025, el Gobierno dio un mes a Save The Children y a otras catorce organizaciones para “abandonar Nicaragua”. Más recientemente, el 3 de febrero de este año, Ortega decretó el “cierre inmediato” de la FAO, la agencia de Naciones Unidas para la Alimentación, tras la publicación de un informe que aseguraba que el porcentaje de “subalimentados” en Nicaragua había escalado hasta el 19,6%. “Rechazamos [el informe] por carecer de objetividad, rigor metodológico, por contener información falsa, con tendencia injerencista, agresiva y que ha sido difundida de manera malintencionada con fines políticos” justificó el Canciller nicaragüense.
El ejército gana poder y se legaliza la “apatridia”
La reforma constitucional también refuerza el papel de un ejército “bajo el mando de la presidencia de la República”. Los copresidentres podrán “ordenar la intervención de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera”. Además, el artículo 92 crea el cuerpo de la “Policía Voluntaria”, institucionalizando los grupos de choque de militantes sandinistas, claves en la represión de las protestas del 2018.
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El artículo 24 de la nueva Constitución establece que "los traidores a la patria pierden la nacionalidad nicaragüense". Una práctica que el Gobierno ya aplicó en noviembre de 2024 con 135 presos políticos que fueron desterrados a Guatemala y desposeídos de su nacionalidad.
Entre los apátridas liberados se encontraba Julio García Guevara, miembro del Partido Comunista de Nicaragua. Él, como otros cientos de militantes de izquierda nicaragüense, reniegan de Ortega y Murillo, a los que acusan de “haber secuestrado la revolución”. La Comandante Dos de la revolución sandinista, Dora Téllez, fue encarcelada en 2021 bajo la acusación de “terrorismo”; antes había asegurado que “el FSLN prácticamente ha desaparecido. Sólo queda este proyecto de dictadura dinástica de los Ortega Murillo”. En términos similares se expresó el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal, exguerrillero y exministro de cultura con Ortega, “los que ahora gobiernan llamándose sandinistas no lo son”.
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