La Justicia argentina procesa por corrupción al expresidente Alberto Fernández
El juez lo acusa de beneficiar al marido de su secretaria mediante la contratación de seguros del Estado y le embarga bienes y cuentas por valor de diez millones de euros.

Buenos Aires--Actualizado a
La Justicia argentina ha procesado al expresidente Alberto Fernández (2019-2023) por presuntos actos de corrupción durante su gestión de Gobierno, relativos a la contratación de seguros desde el Estado que habrían beneficiado al marido de su secretaria privada.
El juez Sebastián Casanello enjuició el pasado jueves a Fernández bajo el cargo de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública", que el Código Penal de Argentina castiga con prisión desde uno a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además de al exmandatario, el juez ha procesado a otras 33 personas.
En concreto, el magistrado precisó en su fallo que Héctor Martínez Sosa, broker de seguros y esposo de María Cantero, asistente privada del expresidente, fue beneficiado por un decreto publicado en 2021 con la firma de Fernández para que las entidades públicas contrataran los servicios de la empresa Nación Seguros.
Además, el juez Casanello embargó a Fernández dinero y bienes por valor de 14.634 millones de pesos –alrededor de diez millones de euros–, ha imputado a Cantero por negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionaria, a Martínez Sosa como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles, y al exjefe de Nación Seguros Alberto Pagliano por administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles.
Denuncia en 2024
El fiscal federal, Ramiro González, ya había imputado a Fernández en febrero de 2024 a raíz de una denuncia penal de la abogada Silvina Martínez, que lo acusó de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
La denuncia pidió que se investigaran las presuntas irregularidades en torno al decreto 831, firmado por Fernández en diciembre de 2021, por el que ordenó que todos los organismos públicos debían contratar los seguros en Nación Seguros, del estatal Banco Nación, en los que se habrían beneficiado amigos del exmandatario como intermediarios cobrando millonarias comisiones.
El año pasado, Alberto Fernández también fue procesado por una denuncia de violencia machista de su exmujer, Fabiola Yáñez.
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