¿Narcos por aranceles?: Sheinbaum marca su sello en la lucha contra el crimen organizado en México

Cuando Rafael Caro Quintero entró en la sala de audiencias de un juzgado de Nueva York el pasado 28 de febrero le esperaba una desagradable sorpresa. Dos veteranos agentes de la DEA se le acercaron y le pusieron las esposas que habían pertenecido a Enrique Kiki Camarena, el oficial de la agencia antidroga estadounidense asesinado en la ciudad de Guadalajara en 1985 por orden del cártel fundado por el narcotraficante. Llevaban 40 años detrás de él. La entrega a Estados Unidos de Caro Quintero, de 72 años, por parte del Gobierno de Claudia Sheinbaum, junto a otros 28 capos, supone un paso sin precedentes en la lucha contra el crimen organizado y se enmarca dentro de las negociaciones sobre la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas anunciada por Donald Trump.

En la nómina de los criminales expulsados a Estados Unidos el 27 de febrero figuran algunos de los líderes de los cárteles de la droga más poderosos, entre ellos los jefes de los Zetas, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales (conocidos como Z40 y Z42); el líder del cártel de Juárez, Vicente Carrillo Fuentes (alias El Viceroy), hermano de Amado Carrillo Fuentes (el mítico Señor de los Cielos); José Rodolfo Villarreal Hernández (El Gato), uno de los jefes del cártel de los Beltrán Leyva; José Jesús Méndez Vargas (Chango), fundador de la Familia Michoacana; José Alberto García Vilano, (La Kena), líder de los Ciclones, grupo escindido del cártel del Golfo, y Antonio Oseguera Cervantes, (Tony Montana), operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y hermano de Nemesio Oseguera (El Mencho), líder de la banda y, a día de hoy, el narcotraficante más buscado del país.

Washington llevaba tiempo reclamando las extradiciones de esos y otros jefes del narcotráfico, pero los recursos interpuestos por los abogados de los capos frenaban una y otra vez los trámites ante unas autoridades y unos jueces que, en ocasiones, se han mostrado poco predispuestos a la colaboración. “La corrupción del poder judicial en nuestro país es aberrante y ofensiva”, se lamentó Sheinbaum en una de sus recientes comparecencias matinales ante la prensa en el Palacio Nacional.

Entrega, no extradición

Para sortear esos obstáculos, el Gobierno progresista de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) decidió entregar a los 29 narcotraficantes (presos en cárceles federales mexicanas) al amparo de la Ley de Seguridad Nacional, lo que permitió su rápido traslado a territorio estadounidense. Ese “envío”, como lo definió el fiscal general de México, Alejandro Gertz, soslaya el Tratado de Extradición vigente entre ambos países desde 1974 y abre la vía para que la Justicia estadounidense pueda condenar a algunos de los detenidos a la pena de muerte. Es el caso de Caro Quintero, a quien la DEA ha mantenido durante cuatro décadas en su lista de los fugitivos más buscados.

Según Gertz, la entrega se produjo después de que Washington presentara una solicitud formal tras una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en la que se calificaba de organizaciones terroristas a cinco cárteles mexicanos. En un comunicado, la Casa Blanca había advertido previamente de que los narcos “mantienen una alianza intolerable con el Gobierno de México” que pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos.

Los vínculos entre el poder político y los jefes del narcotráfico existen desde la irrupción del cártel de Guadalajara a finales de la década de 1970. Y han continuado hasta nuestros días. Genaro García Luna, máximo responsable de Seguridad Pública del gobierno del derechista Felipe Calderón (2006-2012), fue condenado el año pasado en Estados Unidos a 38 años de cárcel por sus relaciones con la delincuencia organizada. Más opacas, y menos investigadas, han sido las conexiones de los cárteles de la droga con abogados y hombres de negocios al norte del río Bravo. Pese a las expulsiones directas, el fiscal general de México está convencido de que ninguno de los criminales entregados será ejecutado en suelo estadounidense: “Nosotros tenemos un acuerdo muy claro en el sentido de que una legislación como la mexicana, que no tiene esa sanción, debe ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio”, señaló Gertz en rueda de prensa tras la expulsión de los narcotraficantes. México abolió la pena de muerte en 2005.

El inédito traslado masivo de capos a Estados Unidos se produce en plena negociación entre Estados Unidos y México tras el anuncio de Trump de imponer aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas. Para contentar a Washington, Sheinbaum ha desplegado unos 10.000 soldados en su frontera norte para frenar la migración irregular y controlar el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, el opiáceo sintético responsable de miles de muertes en Estados Unidos. De momento, la presidenta mexicana, que el domingo pasado reunió a 350.000 personas en el Zócalo de Ciudad de México y goza de una popularidad del 85%, ha salido reforzada políticamente al lograr pausar la voracidad imperial de su vecino del norte, con quien mantiene un intercambio comercial de unos 800.000 millones de dólares anuales.

Con mucha templanza y la “cabeza fría”, como le gusta decir, Sheinbaum ha sabido vadear hasta ahora las amenazas de Trump con una mezcla de diplomacia y determinación. Curtida en política como jefa de Gobierno de Ciudad de México, llegó a la presidencia de la República hace cinco meses y medio y desde el primer día ha marcado un estilo propio de gestión sin renunciar al legado de su predecesor, el carismático Andrés Manuel López Obrador. La mandataria se ha comprometido a profundizar las medidas económicas y sociales desarrolladas por su mentor (la denominada Cuarta Transformación). Su abordaje respecto a los asuntos de seguridad nacional, sin embargo, es diferente. Si López Obrador puso de moda aquel eslogan de “abrazos, no balazos” para sintetizar su estrategia contra la violencia organizada (la inclusión social y la educación como pilares fundamentales para evitar la caída de muchos jóvenes en la delincuencia), Sheinbaum no ha dado tregua a los facinerosos con un enfoque de mano dura. En menos de seis meses han sido detenidas más de 13.000 personas relacionadas con el hampa. Por más que obedezca al deseo de la Casa Blanca, la expulsión de los 29 capos supone un giro histórico en el combate al narcotráfico en México.

Décadas de violencia

El 8 de febrero de 1985 Enrique Kiki Camarena fue secuestrado cuando salía del consulado de Estados Unidos en Guadalajara. Fue salvajemente torturado durante 36 horas antes de ser asesinado. Para la Justicia, su muerte fue una venganza del cártel de Guadalajara por las investigaciones del agente, infiltrado en la organización. Camarena fue el artífice de la destrucción de un gigantesco campo de marihuana conocido como el Rancho Búfalo, en el estado de Chihuahua. Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Caro Quintero estaban al frente del grupo criminal. Años más tarde, varios sicarios y expolicías que participaron en el secuestro de Camarena implicaron también a funcionarios mexicanos y estadounidenses en la muerte del agente, quien habría descubierto supuestas complicidades de la CIA con los narcos mexicanos en el marco de la guerra sucia en Centroamérica. Del riñón del cártel de Guadalajara, fundado a finales de los años 70, surgieron otros grupos que poco a poco se harían con las principales plazas del país: Sinaloa, Tijuana, Juárez… Miles de muertes jalonan su sanguinaria trayectoria desde entonces.

Relacionado con este tema

Una protesta de jubilados por los recortes de Milei desata la mayor represión del Gobierno argentino

Laura Guarinoni (EFE)

Con el paso del tiempo, los cárteles fueron actuando cada día con más crueldad. Los Zetas, dirigidos hasta hace unos días por el Z-40 y el Z-42 desde la cárcel, fueron uno de los grupos más violentos del país. En sus filas había exmilitares de élite que prestaban protección a los jefes del cártel del Golfo hasta que se independizaron. A ellos se les atribuyen algunas de las mayores matanzas, como la perpetrada en el municipio de Allende (Coahuila) en 2011. En la actualidad, se han reinventado bajo el nombre de Cártel del Noreste (CDN). La Familia Michoacana compitió con ellos en la ferocidad empleada para dominar sus territorios (decapitaciones, ahorcamientos en la vía pública, cadáveres enterrados en cal viva...). La caída de algunos capos de leyenda, como el Señor de los Cielos (Juárez), los Arellano Félix (Tijuana) o Joaquín El Chapo Guzmán (Sinaloa), trajo consigo una reestructuración y atomización de las bandas. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una de las expresiones más significativas de ese nuevo rostro del narco. Hace unos días se descubrieron varios crematorios con restos humanos en una finca del estado de Jalisco utilizada por la organización que dirige El Mencho.

La ofensiva de Sheinbaum en materia de seguridad dibuja un escenario de incertidumbre en México. Pese a la caída de sus jefes, los cárteles han demostrado tener una capacidad camaleónica para rehacerse, unida a una gran fortaleza económica y unos nexos muy aceitados con el poder político, judicial y policial. Queda por ver si la finezza de la presidenta mexicana a la hora de lidiar con Trump podrá, por un lado, amortiguar el alcance de las medidas proteccionistas del magnate estadounidense y, al mismo tiempo, atajar el inmenso poder del crimen organizado.