Perú elige como nuevo presidente a un congresista que afronta ocho investigaciones por corrupción
José María Balcazar es firme defensor del matrimonio infantil, y ha llegado a asegurar que "las relaciones sexuales tempranas ayudan en el desarrollo psicológico de las mujeres".
Con ocho mandatarios desde 2016, el fujimorismo y sus aliados políticos en el Congreso han vaciado de poder la presidencia.
Lima--Actualizado a
El nuevo encargado de la presidencia en Perú, el congresista José María Balcázar, afronta ocho investigaciones fiscales por corrupción y fue elegido la noche del miércoles para reemplazar a José Jerí, a quien el Parlamento censuró el martes. El nuevo mandatario es el cuarto en menos de un quinquenio y el Colegio de Abogados de Lambayeque, la región donde ejerció varias décadas como juez, alertó del riesgo de que llegara al cargo. En 2022, la institución colegiada lo inhabilitó definitivamente como abogado por apropiarse de los fondos de la institución y defraudación de persona jurídica, entre otras causas. "No cumple con el estándar ético y moral, y de integridad exigible para asumir la presidencia", advirtió. Forma parte de la bancada de Perú Libre, que desde diciembre de 2022 se alió con el fujimorismo y otros partidos de derecha y extrema derecha para capturar el Ejecutivo y el sistema de justicia formando una coalición autoritaria mediante un "pacto corrupto".
Con Balcázar, se mantiene el régimen instalado por Dina Boluarte, que reemplazó al profesor rural Pedro Castillo tras un frustrado autogolpe de Estado con el que buscaba evitar que el Congreso lo cesara de su cargo mediante el mecanismo de "vacancia por incapacidad moral".
Perú Libre fue creado por Vladimir Cerrón, un político leninista y ex gobernador regional que estuvo un par de años prófugo de la justicia, sentenciado por corrupción y que actualmente sigue en paradero desconocido pese a que ya no pesa sobre él ninguna orden de arresto.
Cerrón, la candidata presidencial Keiko Fujimori, y los caudillos de los partidos que dominan el Parlamento y están en campaña electoral, afrontan investigaciones por lavado de dinero y corrupción, y han usado el Legislativo para modificar leyes a su favor o para beneficiar a sus financistas de campaña de años anteriores, sean empresarios formales o criminales dedicados a la minería ilegal.
Balcázar y la bancada -a la que llegó como invitado y no como militante- no han ejercido una representación parlamentaria de izquierda, sino con pragmatismo en busca de impunidad y clientelismo, de la misma forma que el fujimorista Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y otros grupos políticos más pequeños que conforman el régimen, y que son rechazados por el 80% del electorado, según una encuesta de febrero de Datum. "No tengo partido político", dijo este jueves en su primera entrevista como presidente en la emisora Radioprogramas.
En su período como congresista, Balcázar solo ha sido visible por estar a favor del matrimonio infantil, en contra de la supervisión de la calidad de las universidades, y por cometer tráfico de influencias con quien era la fiscal general hace un par de años, Patricia Benavides, también investigada por corrupción.
El nuevo mandatario peruano también defendió en el pasado que "las relaciones sexuales tempranas ayudan en el desarrollo psicológico de las mujeres", una postura que causó gran indignación en el país y por las que se ha reafirmado en su primer día de mandato.
"Yo no cambio nunca de opinión, soy un hombre permanentemente firme en mis convicciones y lo que hablo, lo hablo con propiedad y me considero un hombre que, en este específico caso que usted me dice, siempre he pensado bien, lo he ejercido como juez y sé y tengo cultura para hablar sobre eso", dijo Balcázar, preguntado por esta cuestión durante su entrevista radiofónica.
La caída de Jerí
El congresista Jerí asumió como encargado de la presidencia de Perú en octubre, luego de que Boluarte, con un 95% de desaprobación ciudadana y una docena de investigaciones fiscales, se convirtió en una carga muy pesada para los políticos que están en campaña para las elecciones generales del 12 de abril, y que la colocaron como presidenta de fachada en diciembre de 2022.
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Jerí también está investigado por corrupción -por hechos cometidos siendo presidente interino y antes como congresista- y para los políticos del régimen se convirtió en un lastre mantenerlo como presidente-fachada durante la campaña electoral. Al igual que ocurrió con Boluarte.
La fiscalía investiga a Jerí desde hace semanas por tráfico de influencias debido a que, siendo presidente, se reunió clandestinamente con empresarios chinos: uno en conflicto con el Estado como contratista de obras públicas, y otro investigado por minería ilegal. Por ello, varias bancadas presentaron hace un par de semanas siete mociones de censura de la mesa directiva del Parlamento, para que dejase la presidencia encargada de la República.
Al haber perdido Jerí la investidura presidencial, el fiscal general interino, Tomás Gálvez, otro miembro del régimen, encargó diligencias el miércoles en oficinas de la Presidencia, debido a más de una docena de contrataciones de mujeres jóvenes para cargos públicos tras haberse reunido en varias ocasiones con Jerí hasta la madrugada en el Palacio de Gobierno.
Estos hechos causaron que la aprobación del entonces presidente encargado cayese 20 puntos, según los sondeos, pero también el hecho de que su Gobierno no revirtió la ola de asesinatos de conductores de transporte público, víctimas de la extorsión. En ningún período presidencial hubo tantos homicidios diarios (seis) en Perú como en los cinco meses de Jerí.
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El rechazo hacia el interino se expresó el fin de semana pasado en el carnaval en un par de regiones andinas: las comparsas se burlaban de Jerí, los empresarios chinos, las jóvenes contratadas irregularmente, y abucheaban a personajes disfrazados como los candidatos presidenciales cuyos partidos colocaron a Jerí en el Palacio de Gobierno.
Jerí estaba siendo investigado por una violación cometida el 1 de enero de 2025 pero, poco antes de ser elegido presidente del Congreso para reemplazar a Boluarte, fue absuelto por Tomás Gálvez, quien era entonces fiscal supremo de familia. Archivó la pesquisa, mientras que otra jueza le ordenó terapia psicológica por patología sexual, pero Jerí no la acató.
Un documento difundido el lunes por el periodista César Hildebrandt indica que Gálvez no realizó diligencias suficientes para verificar la participación de Jerí en el delito. Consultada por Público, la ex fiscal general ilegalmente destituida, Delia Espinoza, indicó que el fiscal general debería reabrir la investigación por violación contra el expresidente porque si la defensa de otro investigado -amigo de Jerí- pidió pericias para esclarecer la responsabilidad en una violación grupal y no fueron realizadas, esto constituye una infracción al debido proceso.
"Si no se recabó lo que se pidió a la autoridad fiscal y hay diligencias pendientes, existe una irregularidad en el procedimiento. El fiscal tiene que declarar nulo el archivo de la investigación", explicó.
Durante 2025, Espinoza abrió investigaciones por corrupción a casi la mitad de los congresistas, y sufrió persecución política del Parlamento y sanciones infundadas del consejo de la judicatura, denominado Junta Nacional de Justicia. Cuando Tomás Gálvez asumió como fiscal general interino ofreció un trato amable a los congresistas, por ello la exmagistrada duda de que Gálvez avance en las investigaciones.
"Las investigaciones (a Jerí) por desbalance patrimonial y enriquecimiento ilícito como congresista no están avanzando nada, ahora (que ya no es presidente) el fiscal de la nación tiene toda la atribución para terminar y llegar a la acusación constitucional, sin embargo, en el Ministerio Público varios están interesados en el bolsillo y no en la función fiscal de perseguir el delito", denunció Espinoza.
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El jurista y ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado también destaca que el Ministerio Público está dominado por el régimen. "Gálvez ha abdicado de una de sus principales funciones: el ejercicio de la acción penal pública en casos de corrupción empresarial y política -en los casos Lava Jato- a favor de la impunidad de la delincuencia de poder que ha capturado el Congreso", apunta.
"Lo mismo hizo en casos de graves violaciones de derechos humanos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad -al desactivar equipos especiales de fiscales- e igual en el caso más grave de corrupción en el sistema de justicia penal, 'los Cuellos Blancos del Puerto'", agrega Maldonado.
Según el experto, el blindaje que realiza el fiscal general interino a "los delincuentes del poder en el Congreso es parte de su trayectoria ya demostrada a favor de la impunidad". Para Maldonado, el fiscal general interino investiga a Jerí por delitos que no responden a la gravedad de los hechos, en particular, su asociación criminal con empresarios chinos. "Debería investigarlo por cohecho pasivo propio, en concurso con el delito de organización criminal", sostiene.
El mismo régimen
La sucesión de presidencias frágiles y maniatadas comenzó en 2016, después de que Keiko Fujimori y sus aliados perdieran las elecciones ante Pedro Pablo Kuczynski, pero consiguieran la mayoría en el Parlamento. Desde entonces ese ciclo se repite y Perú ha tenido ocho mandatarios en menos de diez años: dos electos y los otros por sucesión constitucional. Desde 2022, además, el Legislativo modificó la Constitución para anular el contrapeso del Ejecutivo.
El politólogo y analista Paulo Vilca dijo a Público que no tras la caída de Jerí "no hay cambio sustancial". "El poder sigue estando en el pacto que controla el Congreso y de ellos depende directamente el inquilino precario de Palacio de Gobierno", asegura.
Según Vilca, el objetivo de los caudillos del régimen es mantener el statu quo. "La salida de Jerí tiene un componente de competencia electoral en la derecha: es la segunda ocasión que Renovación Popular 'arrincona' al fujimorismo y lo presenta como el principal responsable de sostener a gobernantes cuestionados. Pero se trata de una competencia temporal que no pasará de la casi segura segunda vuelta donde seguramente endosarán su voto hacia la misma opción (de derecha)", señala el analista.
La directora de Human Rights Watch para las Américas, Juanita Goebertus, ha constatado la grave y continua crisis política en el país andino. "La democracia peruana se está derrumbando. Los constantes cambios de presidentes son sólo la punta del iceberg en un país donde el Congreso legisla constantemente a favor del crimen organizado, los jueces y fiscales temen represalias por su trabajo y los grupos criminales se expanden", manifestó en un comunicado.
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