La reforma laboral de Milei avanza al Senado pese a la huelga general que paraliza Argentina
Los diputados debatieron durante toda la jornada en medio de unas protestas que se tornaron violentas en la Plaza del Congreso de Buenos Aires, con al menos ocho detenidos y varios heridos.
Buenos Aires--Actualizado a
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este viernes el proyecto de reforma laboral propuesto por el Gobierno del presidente Javier Milei, que volverá al Senado para su aprobación final tras la eliminación de un polémico artículo sobre bajas por enfermedad. La Ley de Modernización Laboral fue aprobada en la Cámara Baja por 135 votos a favor, 115 votos en contra y ninguna abstención.
El proyecto obtuvo la luz verde del Senado el 11 de febrero, a donde regresará para su aprobación definitiva después de que el Gobierno aceptara eliminar el ya famoso artículo 44 que modificaba las bajas por enfermedad, al reducir los salarios del trabajador enfermo del 100% al 75% o 50%, según los casos.
Ese artículo, ya eliminado por la presión de los propios aliados de La Libertad Avanza (LLA), contemplaba esa rebaja de cobertura social a aquellos trabajadores que sufrieran un problema de salud por causas ajenas al trabajo, por ejemplo, por realizar deporte en su tiempo libre.
Al inicio de la sesión, el diputado Ricardo Almirón, de LLA, argumentó que la reforma busca "fomentar la creación de empleo, actualizar la legislación de los tiempos que corren y garantizar el máximo grado de protección y libertad de todos los argentinos y trabajadores".
Entre los que votaron en contra de la iniciativa, Sergio Palazzo, del bloque peronista Unión por la Patria (UxP), consideró: "Han contrabandeado detrás de las palabras modernización laboral la regresión más brutal que reconozca el pueblo argentino de los derechos de los trabajadores".
En ese sentido, Esteban Paulón, del bloque creado en 2025 como alternativa al partido de Milei, Provincias Unidas, se preguntó "¿dónde está la modernización?" de una reforma que no menciona la inteligencia artificial y que ha eliminado la ley de teletrabajo, sancionada tras la pandemia.
La ley modifica sustancialmente las condiciones laborales en un país con una fuerte tradición de lucha obrera. Entre los puntos centrales del proyecto se incluye una nueva base de cálculo de las indemnizaciones por despido, lo que en la práctica significará una reducción de las mismas, y se propone crear un banco de horas extras, que se otorgarían como tiempo libre pero no se cobrarían.
Martín Lousteau, de Provincias Unidas, destacó que el proyecto desincentiva a iniciar reclamos judiciales por despidos y que los trabajadores de plataformas digitales de servicios recibirán la mitad de la jubilación mínima, que se ubica en los 359.219,42 pesos (unos 220 euros).
La norma también limita el derecho a la huelga, al aumentar la cantidad de actividades consideradas esenciales, obligadas a operar con al menos el 50% o 75 % de servicios mínimos, según los casos, y tipifica como infracciones "muy graves" los bloqueos o tomas de establecimientos y las acciones que afecten la libertad de trabajo de quienes no se adhieran a una medida de fuerza (piquetes).
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Desde el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, Néstor Pitrola, tildó la ley de "esclavista".
La normativa laboral vigente en Argentina tiene su origen en 1974 y cada intento de reforma ha encontrado durante las últimas décadas una fuerte resistencia social.
Este jueves, la Cámara de Diputados debatió durante toda la jornada en medio de una huelga general y protestas que se tornaron violentas en la Plaza del Congreso de Buenos Aires, cuando un grupo de manifestantes intentaron derribar una valla alrededor del legislativo y las fuerzas de seguridad cargaron contra todos los que se encontraban en la plaza, incluidos periodistas.
Los efectivos de las fuerzas de seguridad se enfrentaron a los manifestantes que protestaban en los alrededores del Congreso. Los incidentes se desencadenaron cuando un grupo de manifestantes intentó tumbar una de las vallas colocadas alrededor del lugar donde se debatía la reforma laboral.
Las fuerzas de seguridad respondieron arrojando chorros de agua, gas pimienta y gas lacrimógeno.
Tras ese primer incidente, otros efectivos se enfrentaron al resto de los manifestantes que estaban en la plaza frente al Congreso para dispersar por completo la protesta. En la zona hubo detenciones y varias personas resultaron heridas.
Solo la Policía de la ciudad de Buenos Aires, que estuvo presente en el área con 800 efectivos, detuvo a ocho personas, dos de ellas menores de edad, según informaron fuentes oficiales.
La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país y de raigambre peronista, aseguró que la medida de fuerza de 24 horas -la cuarta desde que Milei llegó a la Presidencia a finales de 2023- tuvo un seguimiento del 90%.
"Esta huelga ha sido de un enorme acatamiento, de más del 90% de la actividad detenida", afirmó en una rueda de prensa Jorge Sola, uno de los tres secretarios generales de la CGT.
El dirigente sindical recordó que, desde que Milei está al frente del Ejecutivo, se pierden 400 puestos de trabajo formales al día, con un "rompimiento del tejido social y productivo", y afirmó que el proyecto de reforma no tiene nada de "modernización laboral", como asegura el Gobierno, sino que implica "un retroceso de 100 años" en materia de derechos laborales.
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La huelga ha afectado a todo tipo de actividades, desde la Administración pública, la industria y el comercio exterior hasta el transporte de pasajeros.
Las aerolíneas cancelaron unos 400 vuelos, lo que afectó a cerca de 64.000 pasajeros, de acuerdo a datos de la Cámara de Líneas Aéreas de Argentina.
Las seis principales entidades empresariales del país, que apoyan la reforma laboral, sostuvieron en un comunicado conjunto que respetan el derecho constitucional de la protesta pero que "Argentina necesita consensos y no medidas que profundicen la incertidumbre".
De acuerdo a cálculos de la Universidad Argentina de la Empresa, esta huelga nacional conlleva pérdidas por 489 millones de dólares, equivalente a un 20% de la producción del país en el día.
"Creemos que si luchamos, podemos ganar. Logramos que la CGT convoque al paro y ahora queremos que sigan con un plan de lucha, de 36 horas, para ganar", dijo a EFE Mónica Schlotthauer, dirigente del sindicato de los trabajadores ferroviarios.
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