El sandinismo mantiene un perfil bajo en Nicaragua confiado en no ser captado por el radar de Trump

La alianza entre Cuba, Nicaragua y Venezuela atraviesa horas críticas tras el ataque estadounidense sobre Caracas. El exitoso secuestro de Nicolás Maduro ha puesto “en alerta” a los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, que se mueven con cautela y discreción después de que varios halcones republicanos, envalentonados tras el exitoso ataque a Venezuela, pusieran al país centroamericano en el punto de mira. 

Managua tardó más de 14 horas en emitir un primer comunicado condenando el ataque estadounidense contra su aliado, y el matrimonio presidencial ha tardado casi dos semanas en pronunciase públicamente sobre lo ocurrido en Venezuela: “Nos sumamos al clamor: que regresen al presidente Maduro a su pueblo, se lo llevaron a una acción desproporcionada, sin ninguna orden de captura”, dijo Ortega en un discurso televisado. “Esperamos que no sigan amenazando al pueblo de Cuba. Para Raúl Castro, nuestro abrazo fraterno”, añadió el mandatario en referencia a las amenazas vertidas por Trump sobre la isla. 

El sandinismo mantiene un perfil bajo confiando en no ser captado por el radar político trumpista. En un acto de distención, Ortega liberó a 30 presos políticos el pasado 10 de enero. Una decisión que el sandinismo tildó que “unilateral” en el marco de las celebraciones por el decimonoveno aniversario del regreso de Ortega al poder, pero que parece directamente relacionado con el despliegue militar estadounidense en la región. Horas antes de oficializarse la liberación, la embajada de EEUU en Nicaragua celebraba públicamente la liberación de presos ordenada por Delcy Rodríguez en Caracas: "Venezuela dio un paso importante hacia la paz al liberar a un gran número de presos políticos. En Nicaragua, más de 60 personas siguen injustamente detenidas o desaparecidas, entre ellas pastores, trabajadores religiosos, enfermos y ancianos. ¡La paz solo es posible con libertad!". 

Según varios medios, el mismo 3 de enero de 2026, horas después del ataque contra Venezuela, la copresidenta Rosario Murillo convocó una reunión de urgencia en El Carmen —residencia y centro de mando político sandinista— a la que no asistió Daniel Ortega, de 80 años y con visibilidad pública reducida en los últimos meses, presidiendo ella misma el encuentro con altos cuadros del FSLN, el jefe de la Policía y otros funcionarios de primer nivel, donde se ordenó un “estado de alerta” y el refuerzo de la vigilancia en barrios y redes sociales. 

Ese estado de “alerta” fue verbalizado por Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y uno de los principales operadores políticos del matrimonio: “La paz se garantiza estando a alerta, ya nos dimos cuenta de que si no estábamos ojo al Cristo, si no estábamos pensando defender lo que hemos conquistado, nos lo van a querer desbaratar de un solo plumazo”, dijo. “Así que no es por gusto que nosotros tendemos que andar siempre vigilantes para preservar la paz, no queremos dañar ni molestar a nadie. Lo que queremos es preservar la paz de nuestros hijos y nietos”, sentenció. 

Nicaragua, objetivo no prioritario para Trump 

El eje Managua-Caracas-La Habana fue señalado por la administración Trump desde su regreso al poder. En febrero de 2025, unas semanas después de la juramentación del magnate para un segundo mandato, el secretario de Estado Marco Rubio aseguraba que “Nicaragua, Venezuela y Cuba, son enemigos de la humanidad”. Apenas un año después y tras el éxito de la operación estadounidense en Venezuela, varios legisladores del ala dura del Partido Republicano han pedido explícitamente intervenir en ambos países después del éxito de la operación contra Maduro. 

“Este es el comienzo de cambiar Venezuela, luego arreglaremos Cuba, arreglaremos Nicaragua, el año que viene tendremos un nuevo presidente en Colombia. La democracia está regresando a este hemisferio”, afirmó en redes sociales el senador republicano por Florida Rick Scott. En la misma línea, los representantes republicanos ante el Congreso, Chris Smith, por el estado Nueva Jersey, y María Elvira Salazar, por Florida, presentaron una propuesta de ley para ampliar las sanciones contra Nicaragua. 

No obstante, a pesar de la retórica beligerante que han mostrado algunos legisladores republicanos vinculados al lobby anti-chavista —además de la declarada animadversión de Marco Rubio—, la posibilidad de que Estados Unidos decida una intervención militar directa en Nicaragua similar a la llevada a cabo en Venezuela es poco probable, al menos en el corto plazo; ya que una operación de este tipo enfrenta barreras geopolíticas, estratégicas y económicas significativas. 

En términos estratégicos, Nicaragua no presenta recursos naturales clave que atraigan el interés geopolítico de Washington de la misma manera que el petróleo venezolano. Derrocar a Ortega y Murillo se entendería solo bajo coordenadas ideológicas, ya que el beneficio económico y geográfico es marginal en comparación a Venezuela. 

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EFE

El país centroamericano mantiene tasas estables de crecimiento económico y niveles de criminalidad relativamente bajos en comparación con países vecinos, un cuadro que ha contribuido a una sensación interna de mayor estabilidad desde el estallido social de 2018. Un escenario que contrasta con las acusaciones recurrentes que enfrentaba Nicolás Maduro de fraude y represión. Aunque ese sosiego se apoya en un férreo control político y policial del espacio público, la ausencia de una crisis económica aguda o de un colapso del orden interno reduce los incentivos estadounidenses para intervenir de lleno en el país. 

De igual manera, desde un punto de vista migratorio y demográfico, Nicaragua tampoco configura un factor de presión interna comparable a Cuba o Venezuela. La migración nicaragüense hacia Estados Unidos es significativa pero no ha generado una diáspora políticamente articulada dentro de la sociedad estadounidense; y gran parte de los flujos migratorios nicaragüenses se canalizan a través de Costa Rica o México antes de intentar llegar al norte, reduciendo así el incentivo doméstico para que Washington instrumentalice ese factor. 

Además, la presencia de un aparato de seguridad leal a Ortega —incluido un ejército cohesionado con el Gobierno y grupos militantes armados— añade otra capa de complejidad para cualquier operación militar directa, pues implicaría escenarios de confrontación no convencionales que dificultarían una eventual transición. Todo ello sin olvidar que la oposición nicaragüense se encuentra profundamente desarticulada y mayoritariamente en el exilio.  

En cualquier caso, la imprevisibilidad de Donald Trump, la probada capacidad de influencia de Marco Rubio —abiertamente hostil al sandinismo—, y la edad avanzada de Daniel Ortega, junto a las dudas crecientes sobre su estado de salud, introducen un grado de incertidumbre que impide descartar por completo cualquier escenario, incluso aquellos que hoy parecen poco probables.