Amnistía critica la impunidad de los torturadores en el Sáhara

Derechos pisoteados en medio de protestas, violencia y represión. El título del informe que Amnistía Internacional (AI) ha divulgado sobre el desalojo del Campamento de Gdem Izik, en El Aaiún, es elocuente y describe una espiral de violencia y de violación de derechos iniciada por la brutal intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes el 8 de noviembre. Una situación que terminó con los trece muertos que confirma la organización (11 marroquíes y 2 saharauis), más de 200 detenidos, asaltos a edificios públicos, negocios y casas, y numerosos casos de saharauis torturados en total impunidad.

El documento, elaborado sobre el terreno entre el 22 de noviembre y el 4 de diciembre por una misión de Amnistía, censura la violencia ejercida por ambos bandos, marroquíes y saharauis. Sin embargo, traza una línea divisoria entre las consecuencias que afrontan unos y otros: mientras que 130 saharauis han sido procesados, ningún agente marroquí, ni tampoco los civiles que participaron en asaltos y saqueos de casas, deberá responder por sus actos, al menos según los datos en poder de Amnistía Internacional.

Ningún marroquí está procesado; los saharauis son ya más de 130

"Todos los saharauis entrevistados por Amnistía Internacional explicaron cómo habían sido golpeados, torturados o sometidos a otros malos tratos, y la mayoría presentaba cicatrices y heridas visibles, que coincidían con sus testimonios. A pesar de ello, las autoridades marroquíes no han tomado ninguna medida para investigar las denuncias de tortura y otros malos tratos", denuncia la organización internacional.

Nadie ha sido investigado por la muerte en circunstancias no aclaradas de dos saharauis (uno, Babi Gargar Hamadi, era también español). Rabat asegura que Hamadi murió atropellado y el otro, Brahim Daoudi, por "un ataque de asma", pero las familias aún no tienen los resultados de las autopsias, lamenta AI. Sin embargo, varios saharauis han sido acusados por homicidios de marroquíes. Víctimas como los jóvenes agentes Yassine Bougataya, de 24 años, y Anas Belhouari, de sólo 23.

La organización insta a Marruecos a investigar «todos los abusos»

Tampoco se ha abierto una investigación por abusos como los sufridos por una mujer de 60 años, cuyo testimonio recoge el informe: "Cuando estaba saliendo de la tienda [de campaña], tres antidisturbios me golpearon con sus porras, levanté mi brazo izquierdo para protegerme y recibí golpes muy fuertes hasta que un gendarme amable me salvó".

"Al día siguiente fui al hospital. En la puerta, mi hija dijo que tenía diarrea porque teníamos miedo de decir que me habían pegado. Una vez dentro, conté que me había caído: tenía tres fracturas en el brazo y moratones enormes en piernas y espalda".

Personas inofensivas como esta saharaui, o un joven discapacitado de 22 años, al que los gendarmes golpearon salvajemente para que luego el juez lo liberara sin cargos, llevan a AI a recordar a Marruecos: "Las agresiones a personas bajo custodia y que no supongan ninguna amenaza son siempre ilegítimas y no deben tolerarse".

La ONU debería vigilar los derechos humanos en el Sáhara, afirma AI

Aunque la organización no logró el permiso para acceder a los saharauis presos, sí habló con sus abogados, que explicaron que la mayoría ha denunciado torturas, "incluido uno que denunció haber sido violado con una botella". De los "más de 130 saharauis procesados", al menos 19 han sido remitidos al tribunal militar "pese a ser civiles", deplora la organización, que recalca que algunos son "conocidos activistas saharauis que propugnan la autodeterminación del Sáhara occidental. Su detención ha hecho aumentar el temor de que las autoridades pretendan implicar a opositores y críticos pacíficos debido a sus opiniones políticas".

Para acabar con la impunidad, Amnistía insta a Rabat a "garantizar que se realizan con prontitud investigaciones judiciales sobre todos los abusos contra los derechos humanos" o bien a establecer una comisión "independiente" de investigación. En su informe, la organización incluye una recomendación para el Consejo de Seguridad de la ONU: que amplíe el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara occidental (MINURSO), para que supervise el respeto a los derechos humanos en la ex colonia española y en los campamentos de refugiados de Tinduf.