'La respuesta brutal y de mano dura ante las protestas de los últimos días llevan toda la marca de la era [de Hosni] Mubarak'. Así de claro es el veredicto de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en Egipto tras el derrocamiento de Mubarak en febrero y el inicio de la Junta Militar.

El director en funciones de Amnistía para Oriente Próximo y Norte de África, Philip Luther, denuncia que los militares han continuado la 'tradición represiva' contra la que lucharon los manifestantes a principios de año. 'Los que han desafiado o criticado al Consejo Militar, como manifestantes, periodistas, blogueros o trabajadores en huelga han sido reprimidos de manera despiadada con el intento de silenciar sus opiniones'.

La organización humanitaria denuncia en un informe que, casi un año después de la caída de Mubarak, los opositores 'siguen esperando justicia y compensación'.

Amnistía asegura que la tortura y los 'juicios injustos' siguen siendo 'prácticas rutinarias'. Cerca de 12.000 civiles han sido juzgados por tribunales militares y al menos 13 de ellos han sido condenados a muerte. Las imputaciones son, por ejemplo, 'vulnerar el toque de queda', 'romper propiedades' o 'insultar al Ejército'. Resulta llamativo el caso del bloguero Maikel Nabil Sanad, condenado en abril a tres años de cárcel por cuestionar el servicio militar. Tras iniciar una huelga de hambre en agosto, las autoridades penitenciarias le negaron el acceso a unos fármacos que necesitaba para tratar una afección cardíaca.

El documento revela también casos de torturas en centros de detención y la escasa voluntad de la Junta en investigar los hechos. Los militares se comprometieron en febrero a 'proteger a los manifestantes sin tener en cuenta su ideología' y a respetar el derecho de expresión y asociación. Sin embargo, han reprimido las protestas, causando varios muertos, y no han derogado el estado de excepción.

El informe lamenta, además, que se mantenga la discriminación contra las mujeres y las minorías religiosas, así como el desalojo forzoso de barrios de chabolas y los ataques contra refugiados en la frontera con Israel.