Este sábado se cumple un año desde que comenzó la huida de miles de personas de etnia rohingya como consecuencia de la persecución iniciada por las fuerzas de seguridad de Myanmar que cometieron terribles violaciones de derechos humanos. Desde Amnistía Internacional denuncian que "la inacción de los líderes y lideresas del mundo está permitiendo que los autores de crímenes de lesa humanidad de las fuerzas de seguridad de Myanmar sigan en libertad".

Más de 700.000 personas tuvieron que huir del norte del estado de Rajine a Bangladesh después de que las fuerzas de seguridad lanzaran un asalto contra 

contra la población rohingya tras un ataque de un grupo armado rohingya a los puestos de fuerzas de seguridad. 

El organismo internacional tacha de "limpieza étnica" a esta ofensiva militar que incluyó incendios en poblado, así como asesinatos, violaciones, torturas, inanición forzada y expulsiones que vulneran los derechos humanos. "No debemos permitir que esto ocurra", declaró Tirana Hassan, directora de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.

El papel de la ONU

La ONU y el gobierno de Mayanmar firmaron un pacto para la repatriación de personas refugiadas ronhingyas desde Bangladesh, aunque nunca el acuerdo nunca se hizo público. Amnistía considera que para que las repatriaciones sean viables "hacen falta reformas serias en el norte del estado de Rajine".

"Los Estados del mundo deben presionar para que Myanmar desmantele su sistema de apartheid y permita que la población rohingya y todas las demás minorías étnicas disfruten de sus derechos a la nacionalidad y a la libertad de circulación", insiste Hassan.

La ONU publicará en breves un informe de investigación sobre Myanmar, que, según el movimiento global defensor de los derechos humanos, será una de las pruebas relevantes que "se sumará a la montaña ya existente" de documentos que acreditan que se cometieron graves crímenes contra la población. 

Además, Amnistía en su informe 'Lo destruiremos todo' de 2018, mencionaba los nombres de 13 personas —entre las que figura el comandante en jefe del Ejército de Myanmar, general jefe Min Aung Hlaing— que fueron los presuntos responsables de las atrocidades contra la población rohingya. Para Amnistía, a pesar de que en los últimos meses la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos han anunciado sanciones contra los autores "hacen falta muchas más medidas urgentes de la ONU para garantizar la rendición de cuentas". 

"El Consejo de Seguridad de la ONU debe remitir con carácter urgente la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional; la amenaza del veto no es excusa para la inacción. No se puede perder esta oportunidad crítica”, concluyó Tirana Hassan.