Apto para trabajar, apto para sufrir: "Está todo pensado para que fracases y te quedes sin la ayuda"

Clifford Poole ha trabajado toda su vida en los astilleros de Liverpool. Ahora con 58 años, se ve postrado en su cama, atiborrado de calmantes para poder aguantar el dolor de sus manos y brazos, que ni siquiera le permiten levantar una tetera. El estado en que quedaron sus extremidades tras sufrir de manera continuada las vibraciones de la maquinaria con la que trabajaba en los astilleros le ha dejado un dolor que la cirugía no ha sido capaz de eliminar.

En febrero de 2010 no lo pudo soportar más y tuvo que solicitar el subsidio por enfermedad, lo que propició que su sueldo pasase de unas 480 libras semanales (567 euros) a 67 (80 euros). Así, el grueso de los ingresos del hogar descansaba sobre los hombros de Beccy, su mujer, que trabaja en una casa de apuestas. "La situación empeoró", explica Poole, "porque en septiembre de ese año se agotó esa ayuda y cuando me dirigí a mi oficina local a solicitar el subsidio de desempleo, el tipo de la ventanilla me dijo que hasta enero de 2011 no podía porque no había cotizado lo suficiente en los últimos meses".

A pesar de haber estado empleado toda su vida, Poole cuenta que en 2008 fue despedido y aunque volvió al tajo sus estadísticas de la Seguridad Social empeoraron. "Al preguntarle al funcionario qué haría esos cinco meses sin cobrar nada lo único que me dijo es que solicitara un préstamo", relata el ex empleado de los astilleros. En enero de 2011, Poole acudió a una de las evaluaciones de la empresa adjudicataria, cuyo dictamen fue positivo, permitiéndole cobrar la ayuda del Estado. Sin embargo, "a finales de ese mismo año me citaron para otra evaluación y tras realizarla, me fueron retirados los subsidios declarándome apto para el trabajo". El empleado relata cómo "me trataron como a una mierda porque saben que tienen el respaldo del Gobierno, ignorando todos los informes médicos que aporté, en los que los especialistas aseguraban que no soy apto".

Poole habla de trato vejatorio y poco profesional, dado que "quien me atendió era un médico de cabecera jubilado, que ni siquiera echó una ojeada a los informes de mi especialista".  "En realidad -continúa- todo está pensado para que fracases, para que te quedes sin la ayuda, trampa tras trampa, como el hecho de que mientras los informes que nosotros presentamos no pueden tener una antigüedad superior a seis meses, los suyos no tienen fecha de caducidad".

A pesar de todo, Poole apeló y unos meses después consiguió el restablecimiento de su subsidio que, sin embargo, tan sólo duraría un poco más porque en virtud de "una ley aprobada en abril del 2012, sólo se podía extender durante un año". Así pues, Poole ha permanecido durante meses sin poder ingresar una sola libra, hasta que le ha sido diagnosticada una lesión degenerativa de la columna vertebral que le incapacitado por completo para el trabajo. "Desde diciembre del año pasado cobro de nuevo el subsidio, pero la lucha se ha trasladado ahora a conseguir que me operen", explica. "Aunque tengo los informes de tres especialistas diferentes recomendando la operación, no consigo que me la aprueben", añade.

Acabar con los "vividores"

Desde la llegada de David Cameron al 10 de Downing Street, el Gobierno británico se ha marcado el objetivo de cercar a quienes estén recibiendo ayudas del Estado sin ser realmente merecedoras de ellas. La crisis ha intensificado esta estrategia que afecta de pleno al colectivo de personas con discapacidad. El secretario de Estado para el Bienestar y las Pensiones, Iain Duncan Smith, que ya sembró la polémica en el pasado por acusar de "vividores" a quienes reciben estos subsidios, publicaba hace unas semanas un informe asegurando que cerca de un millón de personas eran aptas para el trabajo y, sin embargo, han estado recibiendo ayudas del Estado durante los tres últimos años.

La empresa que determina quién es apto y quién no fue patrocinadora de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012

El Gobierno determina quién es apto y quién no a través de una empresa privada, Atos Healthcare, que en virtud de dos contrato públicos -uno de 110 millones de libras al año (unos 130 millones de euros) y otro de 400 millones (unos 473 millones de euros)- dedica alrededor de 1.400 médicos, enfermeras y fisioterapeutas a la realización de estas evaluaciones de aptitud. El objetivo del Gobierno de Cameron es reducir la factura de las ayudas en al menos un 20%.

Se da la circunstancia de que Atos Healthcare, que según la plataforma de Personas con Discapacidad contra los Recortes (Disabled People Against Cuts, DPAC), habría estado realizando hasta 11.000 evaluaciones semanales, fue el patrocinador de los Juegos Paralímpicos en Londres 2012.

Tres intentos de suicido

El caso de Philip Bayes resulta aún más dramático que el de Poole. Este joven de 37 años, trabajó cinco como barrendero municipal en Londres. Sin embargo, una lesión en su pie le obligó a pasar por el quirófano con resultados desastrosos, hasta el punto de que en la actualidad ha perdido toda movilidad del tobillo, cuya articulación ha quedado soldada al pie y apenas puede tenerse en pie o caminar 100 metros sin sufrir grandes dolores.

La cifra de suicidios o muertes prematuras de personas con discapacidad obligadas a reincorporarse al mundo laboral se cuenta por decenas

"Cuando sufrí la lesión solicité a mi empleador que me llevara a oficinas, porque yo no quería dejar de trabajar -explica Bayes- pero me dijeron que no era posible, y tuve que dejarlo". Tras un mes solicitando el subsidio de desempleo, por fin le citaron para una de las evaluaciones de Atos en marzo de 2011. El joven recuerda que "ni siquiera eran médicos quienes me auscultaron, sino enfermeras, que ignoraron por completo los informes médicos que aporté en los que el especialista describía con detalles mi lesión".

Al día siguiente, le fueron denegadas todas las ayudas del Estado, si bien es cierto que Bayes consiguió apelar y en agosto de ese mismo año obtuvo una victoria parcial, pues con los 21 puntos que le concedieron logró que se reconociera parte de su discapacidad. Sin embargo, al poco tiempo llegó una nueva carta de Atos Healthcare a su domicilio, reclamando la asistencia del joven para una nueva evaluación. "No me lo explico, porque todos los informes médicos de especialistas, los mismos que las enfermeras ignoraron, dejan claro que el estado de mi pie no puede presentar ninguna mejoría", explica el ya ex barrendero.

El proceso de sucesivas evaluaciones negativas, el trato recibido en las mismas, la indiferencia de políticos y de la propia Atos a las cartas del joven y la imposición a trabajar sin ser médicamente apto para ello terminaron por derrumbar a Bayes, que cayó en una profunda depresión. Tanto es así que el joven ya cuenta a sus espaldas con tres intentos de suicidio bajo los efectos del cóctel de píldoras y alcohol. No es un caso aislado: la cifra de suicidios o muertes prematuras de personas con discapacidad obligadas a reincorporarse al mundo laboral se cuenta por decenas, según la DPAC.

"Me han diagnosticado depresión crónica y acudo todas las semanas a un grupo de apoyo, que me está ayudando mucho", admite Bayes, cuya autoestima aún se percibe por los suelos. Como sucediera en el caso de Poole con su degeneración de columna, ha sido una nueva desgracia, "en absoluto deseada", la que le ha traído unos ingresos mínimos a Bayes para vivir en forma de subsidio, "aunque me temo que es cuestión de tiempo que me la vuelvan a arrebatar", indica. Mientras, el joven treintañero sueña con poder volver algún día a trabajar, "aunque en mi estado actual lo veo muy lejano". Bayes acusa al "Gobierno de estar atacando a los más indefensos"  y asegura que "estoy deseando volver al trabajo, pero cuando yo me sienta preparado, no cuando el Gobierno me obligue".