Cristina Fernández y otros exfuncionarios argentinos, exonerados judicialmente por la compra de gas natural licuado

Cinco a cero. Este miércoles naufragó en Argentina la causa por los supuestos sobreprecios en las compras de Gas Natural Licuado (GNL), la quinta causa que se cae contra Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios de su Gobierno: ocurrió con el expediente conocido como dólar-futuro; la causa Qunitas, la del Memorándum de Entendimiento con Irán, la de Hotesur-Los Sauces y, ahora, la del GNL.

Varios hechos hacen este naufragio todavía más estruendoso. En primer lugar, que el sobreseimiento de los imputados lo tuvo que dictar el juez Julián Ercolini, uno de los que más protagonizó la cruzada de persecución contra los opositores. Los dirigentes del partido político PRO hicieron la denuncia y en la instrucción se mencionó una cifra de dinero defraudado que constituía un récord mundial: 7.000 millones de dólares. Hasta en el macrismo se decía que era un delirio. En segundo lugar, porque en este expediente se produjeron gravísimas maniobras, como una pericia fraudulenta firmada por el perito David Cohen y porque en esta causa declaró falsamente el no menos falso abogado Marcelo D'Alessio, y lo hizo en secreto y a escondidas, ante el fiscal Carlos Stornelli. En tercer lugar, porque usaron el caso del GNL para encarcelar a Julio De Vido y Roberto Baratta, los que ahora resultaron sobreseídos. Y, finalmente, en cuarto lugar, porque el expediente GNL fue el que les sirvió para poner en marcha la causa de las fotocopias de los cuadernos.

Stornelli y el juez Claudio Bonadío pactaron reservadamente con el periodista del diario La Nación quedarse con esa investigación con el argumento de que eran causas conexas. Eso derivó en decenas y decenas de encarcelados, en lugar de hacer una investigación como correspondía.

Todo olió mal desde el principio. La denuncia original la presentaron Patricia Bullrich, Laura Alonso y Federcio Pinedo, además del peronista unipersonal, Juan Mussa.

Se armó una causa sospechando que había sobreprecios, irregularidades y sobornos. Sin embargo, el dúo Stornelli-Bonadío acusó a Cristina Fernández de  Kirchner y a sus funcionarios, pero nunca a los empresarios, que en verdad eran los titulares de las mayores petroleras del mundo.

Si hubo supuestamente sobornos, el delito lo cometieron los que cobraron y los que pagaron. Pero el objetivo era la persecución de opositores, de ninguna manera de los empresarios. Sucede que en los concursos de precios sólo participaron los gigantes: British Petroleum, Shell, Standard&Poors, Gas Natural Fenosa, Repsol y otras. Y los precios eran -y aún son- internacionales, de un mercado muy visible. Sin embargo, en este caso se habló de una cifra monumental de desfalco: 7.000 millones de dólares. Y todo fue acompañado por portadas y portadas de diarios.

Aunque Ercolini, en forma muy lateral, consigna que hay una parte de GNL en la instancia de juicio oral, su fallo termina con el caso. Es que el magistrado consigna que las pericias que se hicieron, dos encabezadas por ingenieros de la Facultad de Ingeniería y una por expertos de la Prefectura Nacional, concluyeron que no hubo irregularidades ni sobreprecios en las compras de gas que llegaron en barcos a Escobar y Bahía Blanca. Esas pericias abarcan todo el período investigado, de 2008 hasta 2015.

Bonadío -fallecido en febrero de 2020- veía que el expediente naufragaba y desesperadamente mandó a juicio sólo las operaciones correspondientes al 2008. Lo hizo pese a que la cámara le ordenó hacer antes una pericial. Ese estudio finalmente se concretó en 2021 y concluyó en que no existieron sobreprecios. De hecho, entonces, queda vacía la elevación a juicio -de poca envergadura- que sólo se hizo respecto del año 2008.

Con Bonadío aún con vida, se presentaron cuatro periciales. Tres consignaron que no existieron sobreprecios y la que realizó David Cohen, en base a datos de un organismo que no existía y a una monografía de estudiantes chilenos que se podía encontrar en El Rincón del Vago, concluyó con las cifras descomunales de sobreprecios. Bonadío desechó las otras pericias y usó la de Cohen para perseguir a los funcionarios de Cristina Fernández de Kirchner.

Cuando se descubrió la manipulación de Cohen -hoy llevado a juicio por falso testimonio agravado-, todo el caso quedó al borde de la hecatombe. En ese momento fue que Stornelli trajo a D'Alessio a declarar con algunas de las maniobras clásicas: el falso abogado arrancó diciendo que le habían llegado, de forma anónima, unas carpetas de Enarsa sobre la compra de GNL. Y agregó que escuchó que Cristina llamó personalmente para indicar que los seguros de los barcos debían contratarse con Nación Seguros, instalando la sospecha de un negociado. O sea, claramente a medida, le llenaba los huecos al juez y al fiscal: hubo corrupción y además participó Cristina. D'Alessio declaró a escondidas en noviembre de 2018, pero el dúo Stornelli-Bonadío incorporó la declaración en febrero de 2019.

La secuencia fue la típica. Denuncia de dirigentes del PRO, respaldo mediático, pericias truchas o directamente inexistentes, declaraciones de testigos amañados como D'Alessio, luego procesamientos y, en este caso, hasta el dictado de las prisiones preventivas de De Vido y Baratta. La detención de Baratta, cuatro días antes de las elecciones de 2017, y luego la de De Vido, autorizada por la Cámara de Diputados, se centraron en este expediente y fueron uno de los ejes de las campañas de Cambiemos.

Como ocurrió con otras causas armadas en Comodoro Py, cuando se hicieron las pericias, la acusación se derrumbó: se demostró el fraude de Cohen y peritos independientes pusieron por escrito y firmaron -como lo habían hecho otros profesionales en vida de Bonadío- que no se podían alterar precios en ese mercado de grandes jugadores. Hubo una pericia adicional sobre los gastos en el puerto y también se concluyó lo mismo: "Lo pagado respondía a los valores de mercado".

Ercolini -un juez claramente alineado con el macrismo- no tuvo más remedio que firmar el sobreseimiento por inexistencia de delito, tal como ocurrió en otras causas made in Comodoro Py: dólar-futuro, Qunitas, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces.

Una de las secuelas más siniestras del expediente GNL es que lo usaron para manipular la causa de las fotocopias de los Cuadernos. El dúo Stornelli-Bonadío pactó con un periodista de La Nación que les entregara aquellas fotocopias y en lugar de sortear qué juez debía intervenir en la instrucción, se la quedaron con el argumento de que Cuadernos y GNL eran conexos porque los investigados eran los mismos. A la luz de lo que este martes resolvió Ercolini, Stornelli-Bonadío se apropiaron de Cuadernos en base a una causa inexistente, o mejor dicho, en la que sólo existió el delito que ellos armaron falsamente.

Ya al comando de las fotocopias, mandaron a la cárcel a decenas y decenas de personas, algunas de las cuales contaron después que les exigían declarar contra Cristina Fernández de Kirchner para recuperar la libertad. Frustraron así una verdadera investigación, con instrumentos legales, sobre la llamada patria contratista o irregularidades que podían o no existir y que había que probar como corresponde en algunas concesiones del estado o en los aportes a las campañas electorales. Tal vez no querían avanzar, por ejemplo, sobre el caso de los peajes de autopistas, en las que se benefició el propio Mauricio Macri. O en otros negocios turbios en los que aparecieron sociedades armadas en Panamá y otros paraísos fiscales.