La jueza que instruye la causa sobre los crímenes franquistas, María Servini de Cubría, entrevistará a partir del 25 de abril a doce víctimas de la dictadura española. La magistrada ha aceptado la solicitud de la querella y durante cuatro días recogerá sus testimonios por medio de videoconferencias.La causa ha dado un giro a partir de la aquiescencia de la jueza de realizar las videoconferencias, que pasan a ser la primera medida probatoria de este proceso. Según explicó el abogado argentino Máximo Castex en una conferencia de prensa celebrada en Buenos Aires, se espera que la magistrada hable con tres testigos cada día, así que este proceso culminará, como tarde, los primeros días de mayo.Una vez haya conversado con los doce denunciantes, la jueza se pronunciará sobre otro pedido de la querella, que exige la imputación y la orden de detención internacional de nueve españoles (cuatro ex magistrados, dos ex jueces, y cuatro ex funcionarios de seguridad) para que sean extraditados a Argentina y declaren ante la jueza, que luego decidirá su situación procesal."Las videoconferencias servirán para evaluar el pedido de imputaciones que tenemos", celebró Castex, "porque sumarán elementos de cargo para resolver la situación planteada en torno a los acusados".Más de 100 personas, según otra abogada de la querella, la argentina Ana Messuti, se presentaron en su día para ofrecer su testimonio a través de las videoconferencias. "Tuvimos que elegir entre ellas con el fin de reflejar los grupos de víctimas, lo cual fue muy difícil porque no se puede medir el dolor ni ponderar uno más que otro", relató Messuti. "Se seleccionaron 20 personas, siendo todas víctimas directas de la dictadura franquista, y Servini de Cubría escuchará ahora testimonios directos de gente viva que sufrió la represión", añadió.La causa ha destapado la relación entre Franco y Hitler La letrada comunicó que gracias a los tres años que está por cumplir esta causa, han salido a la luz muchos aspectos de la dictadura que no surgieron con el juez Baltasar Garzón. "Por ejemplo, la conexión de la dictadura franquista con el nazismo", especificó Messuti. "Tenemos querellantes cuyos familiares fueron masacrados en Mauthausen (Austria). Cuando Hitler le preguntó a Franco qué debía hacer con los refugiados españoles que había en la Francia ocupada, Franco contestó: "no son españoles, son rojos". Y los exiliados fueron enviados a este campo de concentración, donde murieron 5.000". Messuti trabaja en la causa, desde Madrid, junto con el abogado argentino Carlos Slepoy, una de las voces que con más claridad habla del proceso. Los dos viajaron a Argentina para reunirse en dos ocasiones con Servini de Cubría y ahora regresarán a España para seguir adelante con este caso que investiga los delitos de lesa humanidad perpetrados en este país entre 1936 y 1977.Slepoy: "Argentina tiene jurisdicción para perseguir los crímenes franquistas" "Hay que explicar el porqué de esta causa", afirmó Slepoy. "Y ese porqué está en la Constitución argentina, donde desde 1853 queda reconocida la justicia universal. En virtud de este principio, Argentina tiene jurisdicción para perseguir los crímenes franquistas".En la conferencia, escuchaban en silencio estas palabras dos de los primeros querellantes de la causa que estaban presentes: Darío Rivas (93 años), que hace sólo unos años pudo exhumar los restos de su padre Severino, fusilado en Castro del Rei (Lugo), y Adriana Fernández, nieta de Antonio Fernández González, asesinado en León.Slepoy hizo una paralelismo entre España y Argentina. El abogado recordó cómo el Tribunal Supremo español decidió en febrero de 2012 que los delitos franquistas no podían ser juzgados en ese país "por vigencia de la Ley de Amnistía, por prescripción, por suposición de que tanto víctimas como victimarios están muertos, y por el principio de retroactividad de la ley penal, cuestiones que nosotros los argentinos conocemos mucho porque acá se decía lo mismo para impedir los juicios de los genocidas argentinos". "La querella no existiría si no fuera por el vasto movimiento social que hay en España" La única causa judicial que hay abierta en el mundo en relación a los crímenes del franquismo es la que se impulsa desde Argentina. "Y esta querella no existiría si no fuera por un vasto movimiento social que hay en España en apoyo a esta causa", indicó Slepoy. El abogado comentó que se está elaborando una proposición no de ley en el Parlamento español de respaldo al proceso, pero cuentan con que fracasará su aprobación dada la composición de las Cámaras. Por eso el letrado subraya la importancia del apoyo ciudadano. "Se espera además que el movimiento social que existe en España sea acompañado por la sociedad argentina a través de grupos de apoyo y organismos de derechos humanos".En eso está inspirado el principio de justicia universal, que en palabras de Slepoy, es "una expresión en lo jurídico de la solidaridad de los pueblos, una solidaridad que es muy necesaria".