Argentina hace frente a la crisis con un discutido megaplan

"Es la economía, estúpido". Néstor Kirchner conoce al dedillo la conocida máxima. El ex presidente sabe que todas las tormentas políticas en Argentina han sobrevenido después de grandes crisis económicas. Por eso, desde 2003, su principal desvelo ha sido el bolsillo. Los nubarrones de la crisis mundial en el marco de la caída de la actividad económica y de la recaudación han llevado al Gobierno de su esposa, más tarde que temprano, a poner las manos en el asunto.

En concreto, la presidenta Cristina Fernández anunció recientemente la creación de un Ministerio de la Producción, un plan para repatriar capitales en el exterior, exenciones fiscales para que los empresarios blanqueen a los trabajadores en negro, y un megaplan por un importe equivalente a 16.864 millones de euros destinado a la obra pública, que dará trabajo a unas 400.000 personas.

El oficialismo busca cambiar las expectativas económicas, tan alentadoras durante cinco años en los que el país creció al 8,5% de promedio anual y que caerá al 4% en 2009. Asimismo, en el Gobierno ya anunciaron que el superávit comercial se reducirá un 40% y la diferencia entre la recaudación y los gastos se ajustará.

El resultado es que, sin decirlo, el Gobierno ha lanzado por primera vez desde 2003 una batería de medidas económicas. El objetivo es mantener el nivel de empleo y paliar la desaceleración para amortiguar las consecuencias políticas de cara a las elecciones legislativas de 2009. La caída en la recaudación también ha llevado a cerrar el grifo de los subsidios de varias tarifas de servicios públicos.

Otra de las novedades es el proyecto de blanqueo de capitales, que no obliga a declarar cómo lo consiguieron ni contempla "la figura de evasión tributaria". Lo mismo sucede con el blanqueo de trabajadores. La amnistía a los explotadores suena a un castigo para los que cumplen con las leyes.

En el caso de la nacionalización de los fondos de pensiones, la medida llega pocos meses después de que el propio Gobierno abriera la opción de cambiarse al sistema público. Sólo un 20% lo hizo. Algunos legisladores kirch-neristas, que flamearon la bandera privatizadora la década pasada, rebatieron sus propios argumentos.

En este marco, la batería de medidas, bienvenida y discutida a partes iguales, corre el riesgo de caer en saco roto por la desconfianzagenerada.