Argentina está pendiente de dos pruebas de ADN

Marcela y Felipe Herrera de Noble, hijos adoptivos de la propietaria del diario argentino Clarín, han decidido renunciar a la batalla judicial que se abrió hace más de una década para comprobar si eran hijos de desaparecidos de la dictadura militar (1976-1983). En un comunicado dirigido a la Justicia, los dos hermanos han anunciado que se someterán a una extracción de sangre con la "mayor premura posible". Lo que ha causado también sorpresa es que han pedido que sus muestras biológicas sean cotejadas con todos los patrones que alberga el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), una institución que contiene todo el material genético de familiares que buscan a niños apropiados ilegalmente durante el régimen militar.

Marcela y Felipe acceden a extraerse sangre "para poner fin al acoso político"

Con la intención de "poner fin al acoso y persecución política y mediática de que son objeto", según comentó Héctor Silva, uno de los abogados defensores de la familia, los dos hermanos han tomado esa decisión para "terminar con esta causa que les ha generado enormes padecimientos tanto a ellos como a su madre [Ernestina Herrera de Noble, dueña del mayor grupo mediático de Argentina]".

Con el escrito presentado a la jueza Sandra Arroyo Salgado, responsable del caso, Marcela y Felipe han rechazado la posibilidad de recurrir la última resolución de la Cámara de Casación Penal, que el pasado 2 de junio disponía que a los dos hermanos les fuera realizada "la extracción directa, con o sin consentimiento" de muestras biológicas que contuvieran ADN.

Precisamente ayer expiraba el plazo para que los hermanos Herrera de Noble presentaran su apelación ante la Corte Suprema. "Decidimos renunciar a nuestros derechos constitucionales y no buscaremos que la Corte revise la decisión de las instancias judiciales previas que ordenaron medidas compulsivas de extracción de sangre y saliva", indicaron en el texto que firmaron ellos y sus seis abogados.

Su ADN se cotejará con el de familiares de desaparecidos en la dictadura

La magistrada Arroyo Salgado fue quien ordenó en diciembre de 2010 la extracción obligatoria de muestras biológicas de los dos hermanos. La Cámara de Casación reafirmó después esta medida, pero estableció un límite: sólo podían compararse los datos genéticos de Marcela y Felipe con el ADN de personas que hubieran desaparecido hasta mediados de 1976.

Ésta fue una de las causas por las que el proceso judicial se dilató tanto tiempo: los dos hermanos sólo llegaron a contemplar el cotejo de datos genéticos con las dos familias querellantes que impulsaron la causa, mientras que Abuelas de Plaza de Mayo, parte también del proceso judicial, quería que la comparación del perfil biológico de Marcela y Felipe no se limitara a un número determinado de casos, sino que se extendiera a todo el BNDG.

"Es una buena decisión. La verdad es que la vida de ellos [Marcela y Felipe] era un infierno", destacaba ayer la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que fue quien en 2001 denunció a Ernestina por apropiación ilegítima y falsificación de documentos públicos. Su organización ha conseguido, mediante las pruebas de ADN, recuperar hasta ahora la identidad de 103 nietos apropiados por la dictadura, pero se calcula que existen otros 400 en paradero desconocido.

Éste es un cambio inesperado en una causa judicial con la que el Gobierno de los Kirchner ha intentado hundir a Clarín, que mantiene una línea opositora. En las próximas horas se prevé que la jueza Arroyo Salgado fije la fecha para la extracción de ADN.