Este artículo se publicó hace 11 años.
El Gobierno tailandés abre la puerta al diálogo el cuarto día de protestas
Entre cien mil y un millón de ciudadanos vuelven a tomar las calles Bangkok para pedir la dimisión de la primera ministra. La acusan de corrupción, de ser la marioneta del derrocado exprimer ministro y de cercenar derechos y libert
La primera ministra de Tailandia, Yingluck Shinawatra, se ha mostrado dispuesta a dialogar con las decenas de miles de personas que se manifiestan en Bangkok contra su Gobierno y que ocupan el Ministerio de Finanzas desde el lunes. "Tenemos que sentarnos y hablar. Las demandas de los manifestantes deben atenderse mediante el diálogo. Estamos dispuestos a cooperar en cualquier cosa que sea buena para la mayoría", declaró Yingluck a los periodistas este miércoles, antes de entrar en el Parlamento para la segunda jornada en la que se debate una moción de censura contra ella, según la televisión estatal MCOT.
Mientras tanto, los manifestantes siguen tomando las calles en Bangkok en el cuarto día de protestas, en el que intentan bloquear hasta 14 ministerios, y por lo que han emprendido una marcha hacia el complejo gubernamental, situado a las afueras de la capital. El Departamento de Investigaciones Especiales es uno de los edificios afectados por estas protestas, ha sido rodeado por al menos un millar de manifestantes para después ser evacuado.
Los organizadores de la movilización siguen pidiendo la dimisión de la primera ministra, a la que acusan de corrupción y ser un peón de su hermano Thaksin Shinawatra , quien fue depuesto como primer ministro en el golpe militar incruento de 2006. Mantienen que les secundan casi un millón de personas, aunque las fuerzas del orden reducen la cifra a alrededor de 100.000.
Este miércoles, los manifestante se han dividido en tres grupos: uno va a los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social; otro a los de Industria e Información y Comunicación Tecnológica; y el tercero a Sanidad y Comercio.
La primera ministra quiere aplicar una ley que limite derechos y libertades civiles, y los manifestantes exigen su dimisión
La pirmera ministra quiere aplicar una ley que permite recortar derechos y libertades civiles como el de las asambleas públicas, para proteger los ministerios y otras propiedades estatales, pero asegura que no para atacar a los manifestantes.
Las últimas órdenes son quedarse en el exterior, salvo que sean invitados a pasar, agasajar a los funcionarios con flores y pitidos, y regresar al campamento base, que se encuentra instalado en el Monumento a la Democracia, según el diario local Bangkok Post.
El líder de las protestas es el ex viceprimer ministro Suthep Thaugsuban, quien renunció recientemente como diputado del opositor Partido Demócrata, sobre el que pesa una orden de detención por daños a la propiedad pública.
La primera ministra ha confirmado que aplicará la Ley de Seguridad Interna, que permite recortar derechos y libertades civiles como el de las asambleas públicas, para proteger los ministerios y otras propiedades estatales, pero asegura que no para atacar a los manifestantes.
Las manifestaciones, que comenzaron a finales de octubre y cobraron intensidad esta semana, han transcurrido hasta el momento sin violencia destacable, aunque un desconocido lanzó anoche un explosivo artesanal contra los agentes de un cordón policial en un puente cercano a la sede del Gobierno.
Estas son las mayores protestas callejeras desde las protagonizadas en 2010, cuando gobernaba el Partido Demócrata, por los camisas rojas, seguidores de Thaksin.
En aquella ocasión, Suthep era viceprimer ministro y apeló a los manifestantes a respetar la propiedad privada, las instituciones públicas y no paralizar las actividades económicas y políticas en el país.
Los camisas rojas ocuparon el centro comercial de Bangkok durante más de dos meses, hasta que fueron desalojados a la fuerza, lo que causó 92 muertos, 1.800 heridos y pérdidas millonarias a los comercios de la zona.
Tailandia arrastra una grave crisis política desde el derrocamiento de Thaksin, quien vive en el exilio para eludir la condena de dos años de cárcel por corrupción que pesa sobre él desde 2008.
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